Al dirigir un mensaje durante la apertura del año judicial del Tribunal del 'Estado más pequeño del mundo', el funcionario -cuyo puesto es homólogo al de Procurador General-, invitó a las autoridades vaticanas a emanar una ley especial en la materia.

'El Estado de la Ciudad del Vaticano está empeñado a perseguir penalmente el tráfico de sustancias estupefacientes, pero hasta ahora tiene una grave laguna penal en su ordenamiento legislativo, debido a la falta de un artículo de ley que condene tal delito', dijo.

Picardi citó como ejemplo una detención por tráfico de estupefacientes verificada en El Vaticano por la cual, como el código penal Zanardelli hasta ahora en vigor 'no contempla hechos de esa naturaleza', se debió enviar a juicio al detenido.

Se trató de un empleado del Gobernatorato, la máxima autoridad civil que rige las 40 hectáreas del espacio físico donde se ubica el Palacio Apostólico, quien fue encontrado en posesión de 87 gramos de cocaína.

La persona tuvo una condena a cuatro meses de prisión la cual se le aplicó por el artículo 23 de la ley sobre las fuentes del derecho del 7 de junio de 1929, que considera para el culpable una pena económica de hasta nueve mil liras y el arresto de hasta seis meses.

Según el promotor de Justicia, la sentencia del tribunal del 5 de mayo y del 6 de octubre de 2007 ha sostenido aplicable el artículo en cuanto 'no es discrecional ni arbitrario', sino 'legado a parámetros objetivos'.

Estos criterios son 'los principios de la religión, los principios de la moral, del orden público, la seguridad de las personas y de las cosas'.