Las acciones del gobierno federal mostraron sin lugar a dudas la presencia de los cárteles del narcotráfico en la capital del país, y sus resultados señalan los necesarios cambios de actitud política que deben ocurrir no sólo en la capital del país sino en la nación como un todo.

Al margen de que haya o no razones para que el gobierno del Distrito Federal, como el de otras entidades, subraye el fracaso del gobierno federal en el combate al narcotráfico y demande una mayor intervención, también es frecuente que funcionarios locales —gobernadores, alcaldes o jefes de policía— parezcan más preocupados por “nadar y salvar la ropa” al demandar la cooperación de un gobierno que al mismo tiempo muchos dicen no reconocer por razones políticas o ideológicas.

La presencia de los cárteles en todas las ramas del crimen organizado en todas las regiones del país ya no es tema a discusión. Lo que debe abordarse es qué hacer para enfrentarlos.

Ya es momento de que funcionarios de cualquier nivel de gobierno piensen más en el bienestar de la población a la que dicen representar, que en la conveniencia de las estructuras de sus partidos.

La verdad, a la ciudadanía le importa poco quién tenga la razón. Lo que desea es que las autoridades, locales o federales, asuman la responsabilidad y hagan un trabajo efectivo para enfrentar un problema cada vez mayor.

La lucha contra las drogas no reconoce adscripciones y debe ser hecha con una colaboración absoluta con las autoridades federales, que realizaron los cateos y corrieron los riesgos.

Pero al mismo tiempo no es posible dejar de recordar que si el gobierno federal hubiera sido tan eficiente como debiera ser, no se vería ahora enfrentado a un fenómeno que amenaza desestabilizar al país.

Y claramente, tampoco es posible ni deseable olvidar la parte de responsabilidad que tiene Estados Unidos.

Es el momento pues de reconocer que México y sus habitantes enfrentamos un enemigo real y peligroso y abandonar jueguitos politiqueros. El gobierno federal, el Ejército mexicano y sus recursos tienen un límite y por tanto debe confiar en las autoridades locales; pero éstas también deben aceptar sus limitaciones y colaborar de verdad con la administración federal.

En términos reales, unas y otras deben reconocer con hechos que su compromiso con la nación está por encima de ganancias políticas de momento. De lo contrario, sus esfuerzos y los sacrificios de cientos de muertos no tendrán resultado alguno.

A los mexicanos no nos importa si el policía de turno es pagado por el gobierno federal o del Distrito Federal o de Sonora o de Tamaulipas. Nos importa más bien que esté entrenado y preparado para hacer respetar las leyes y no haya sido sobornado por delincuentes.

Hay culpas suficientes para dar y prestar a todos los niveles. Pero ya no es el momento de eludir responsabilidades que en alguna medida son producto de un pasado de ineficiencias pero también, y mucho, de problemas políticos que los funcionarios deben obviar.

Es el momento de acción real en contra de un adversario que afecta por igual a los gobiernos de “izquierda” y “derecha”, a gobierno y oposición.