La línea del análisis de los diferentes actores políticos del Ejecutivo, analistas y parlamentarios de los estatutos autonómicos se basa en su procedencia "legal o ilegal" de la convocatoria para el 4 de mayo a un referéndum para validar el estatuto autonómico cruceño, que en ausencia de un Tribunal Constitucional, amerita un inmediato pronunciamiento del Parlamento Nacional.

Se perfilan conjeturas catastróficas como la división del país, enfrentamiento entre bolivianos, desobediencia civil, ausencia de autoridad hasta llegar a un colapso democrático.

"El Congreso de la República debe abrir un debate sobre este tema (…) no es posible que el Congreso permanezca al margen de semejante tarea que conlleva tanta importancia", afirmó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce.

Por orden del Consejo Departamental, el prefecto Rubén Costas convocó para el 4 de mayo a la consulta departamental, para lo cual instruyó se desembolso 10 millones de bolivianos del presupuesto interno, mientras la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz organiza la consulta.

Según el análisis del viceministro Arce, prefecto cruceño Rubén Costas y sus colegas de los otros ocho departamentos fueron seleccionados en las urnas y designados por el presidente Evo Morales, es decir no fueron electos; en tanto que los consejos departamentales fueron nominados a dedo.

En cambio la CDE cruceña justificó la administración de ese referéndum para el 4 de mayo argumentando que "se presume que es constitucional", pese a la evidente violación de la actual Constitución Política del Estado y la Ley del Referéndum.

OPOSITORES Y OFICIALISTAS
Dos senadores de la alianza política de oposición Poder Democrático Social (Podemos) coincidieron que el referéndum autonómico convocado por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, para validar su estatuto autonómico, no es legal, sino anticonstitucional.

El senador Carlos Böhrt, inclinado desde hace tiempo al gobierno, calificó la intensión del referéndum como inconstitucional mientras la Carta Magna no incorpore en la estructura del Estado boliviano el régimen autonómico.

"Ese evento plebiscitario es inconstitucional, no tiene bases en la Constitución. ¿A quién le corresponde dilucidar esto? al Tribunal Constitucional, pero ya sabemos que el Tribunal está descabezado", afirmó a tiempo de señalar que es el Congreso el que debe asumir una posición este proceso.

De su parte, el senador Luis Vásquez Villamor, también de Podemos, dijo que la CDE de Santa Cruz no puede administrar el referéndum para validar el estatuto autonómico, al margen de que haya sido redactado por un grupo de destacadas personalidades cruceñas, porque esa entidad lamentablemente no tiene ninguna competencia ni mandato popular.

Vásquez Villamor dijo que los estatutos autonómicos redactados por los consejos departamentales de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, bien podrían ser presentados o propuestos como proyectos de ley, para que sobre esa base el Congreso Nacional sancione una ley que permita realizar la consulta departamental en el marco constitucional y legal.

El jefe de bancada del MAS, César Navarro, dijo que su partido está dispuesto a debatir este tema en el Congreso para darle una salida urgente.

Además manifestó que están dispuestos a acelerar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional para que defina la legalidad de una serie de acciones que promueven los autonomistas.

CNE - TRIBUNAL
El presidente de la CNE, José Luis Exeni, reconoció que ellos no interpretan las leyes, sino que corresponde a otras instancias como el Parlamento Nacional y el Tribunal Constitucional.

Por ello dijo que para el tema de los referéndums para estatutos deben ser pronunciados por las instancias correspondientes como el Congreso nacional.

"No es parte de nuestras competencias el interpretar la ley, si hay una norma que es objeto de interpretación le corresponde al Congreso. En estos temas nuevos existen temas de debate normativo y político, y lo que vamos a pedir es claridad en la norma para tomar competencia", afirmó Exeni.

Aclaró que cumplen con la tarea técnica administrativa de verificar las firmas y luego la convocatoria a los referéndums para retomar el trabajo técnico.