El estudio concluyó que en esos tres años en esta institución no se emitió facturas por un monto de más de Bs 10 millones y que se anuló documentos fiscales por un importe de unos Bs 3 millones. Los fondos habrían sido desviados a cuentas personales, según una investigación policial.

El informe se realizó luego de que la Fiscalía recomendara a esta unidad policial la contratación de una auditoría externa para corroborar las investigaciones preliminares que se habían realizado de forma interna sobre el manejo de los ingresos del BSFP. Dichas indagaciones apuntaban a la existencia de empresas fantasmas que, si bien no figuraban oficialmente en la lista de clientes del BSFP, realizaban el pago mensual por los servicios de seguridad en sus oficinas.

´Para ello usaban a los postulantes al BSFP, que llegaban al Batallón a través de una convocatoria. Se los mandaba a empresas a que presten servicios de seguridad por tres meses, como una forma de prueba y a manera de que realicen sus prácticas. Pero al final no se les pagaba, el dinero entraba directo a los comandantes y no llegaba a las cuentas fiscales del Batallón´, explicó a La Razón uno de los policías que investigó el manejo de esta unidad policial.

El documento evacuado por Bedoya & Asociados, dirigido al entonces comandante del Batallón de Seguridad Física Privada (BSFP), coronel Jorge Espinoza Salinas, evidencia en los años 2000, 2001 y 2003 la existencia de ingresos percibidos no facturados por un monto total de Bs 10.579.727.

´El artículo 303 del Código Tributario tipifica como delito de defraudación la no emisión de notas fiscales´, señala el informe, que recomienda al comandante establecer responsabilidades.

El informe presenta anexos con los nombres de las instituciones, sus contratos y los montos que no fueron facturados. En la lista de clientes del 2000, por ejemplo, se encuentra el Ministerio de Hacienda, al cual el BSFP no facturó Bs 301.217.

Además, observa la existencia en los libros contables del Batallón de Seguridad Física Privada de 273 facturas anuladas con importes que no adjuntan el original. Las mismas ascienden a un total de Bs 3.132.212, durante los tres años examinados por el estudio.

´Entonces los cobros en su mayoría eran en efectivo. La persona del BSFP emitía la factura a la empresa —otras sólo daba recibos—, pero después anulaba la factura y hacía perder el original´, manifestó el policía, que inició las investigaciones meses antes al inicio de la auditoría desarrollada por Bedoya & Asociados.

El extenso informe, además, indica que ´de nuestra revisión de facturas se verificó la inexistencia de 34 facturas (original y copias), sobre las cuales no obtuvimos información que nos permita conocer las causas que originaron su inexistencia en los archivos de la entidad´.

El documento ´observa que la unidad de Contratos del BSFP no cuenta con una base de datos de clientes o listas de clientes que permitan conocer con oportunidad nombre, dirección, vigencia y cantidad de los mismos´. Asimismo, apunta a la falta de una escala de precios que ayuden a un mejor control administrativo.

´Otro modus operandi era que si bien habían empresas registradas en las listas del Batallón, con contratos establecidos y montos de paga, les hacían figurar como que pagaban menos de lo estipulado. Así entraban a las cuentas por cobrar, cuando en realidad sí habían pagado. Alguien las desviaba a cuentas personales´, explicó el investigador policial que prefirió, por el momento, no revelar su nombre.

13 días de huelga de hambre

Hace 13 días, ocho efectivos del Batallón de Seguridad Física Privada de La Paz (BSFP) iniciaron en la Federación de Maestros Jubilados, a una cuadra de la plaza Murillo, una huelga de hambre en demanda del incremento salarial del 50 por ciento para sus camaradas.

Una fuente del BSFP aseguró que mañana podría ser levantada esta extrema medida, una vez que se llegue a un acuerdo con la Policía sobre esta demanda salarial.

Los miembros del BSFP iniciaron sus movilizaciones en Cochabamba hace dos meses. Entonces el pedido de los efectivos de esta unidad era el de su incorporación al escalafón de la Policía. Pese a depender de esta institución, los efectivos del BSFP no gozaban de los beneficios salariales, ascensos y categoría como sus camaradas.

Luego de una huelga a nivel nacional, y de un enfrentamiento con unidades de la Policía, el Gobierno aceptó la recategorización de los miembros de este Batallón.

Los conflictos dentro de esta unidad policial sacaron a la luz varias denuncias de corrupción sobre el manejo del batallón desde los años 90.