Cuando los indocumentados son detenidos, sus gobiernos deben comprobar su nacionalidad para que sean repatriados a su tierra. De no ser así, pueden pagar una multa que les permite abandonar el país por cualquier frontera.

La Habana sostiene que ante el corto plazo que el INM otorga al gobierno de Raúl Castro para confirmar la ciudadanía de los detenidos, muchos de los cubanos son puestos en libertad mediante el pago de la multa. Diplomáticos cubanos comentan que la liberación de sus compatriotas se ha convertido, en más de un sentido, en un gran negocio para el instituto que encabeza la panista Cecilia Romero. Nos comentan que lo recaudado de manera oficial por las multas es un ingreso considerable para el INM, además de algunas “comisiones” que cobran empleados de esa dependencia para agilizar los trámites de los detenidos.

Los días pasan y la cuenta sube. Por cada día que los diputados del FAP no han asistido a trabajar, le deben al Estado 2 mil 600 pesos pues, según el reglamento del Congreso de la Unión, la inasistencia no justificada de diputados a una sesión ordinaria se penaliza con un descuento de un día de su dieta.

Sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, aseguró que ella no pedirá descontar dietas, y afirmó que los legisladores no son empleados, sino representantes populares, por lo que los exhortó a que renuncien a su salario por propia voluntad. Ingenua doña Ruth. Ya se demostró con la microhuelga de hambre que los estómagos fapistas no saben de resistencias civiles pacíficas.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) difundieron su órgano de comunicación Verde Olivo, cuyo tema central es un reportaje dedicado ¡al barrio bravo de Tepito! Siete de sus 14 páginas son dedicadas a esta zona del Centro Histórico capitalino, de la que ensalzan el carácter trabajador de su gente “y cómo han sabido capitalizar la corrupción y la libre empresa capitalista” para ganarse la vida más allá de la delincuencia. Es curioso el tratamiento que dan a un tema así en un texto subversivo, donde también se convoca a los integrantes de esa guerrilla a su segundo congreso ordinario, a realizarse en abril “en algún lugar por definir de acuerdo a las normas de la clandestinidad”, faltaba más.

La Secretaría de Seguridad Pública federal logró apagar un fuego. La dependencia que encabeza Genaro García Luna ofreció revisar uno a uno los casos de 30 agentes de la Policía Federal a quienes se negó la plaza por reprobar los exámenes de confianza. Los agentes aplazaron su intención de movilizarse frente a la dependencia hasta haber una respuesta.