Antes de contarles lo que me dijo Insulza en una entrevista telefónica, señalemos que algunos miembros clave del Congreso estadounidense están exigiendo que la OEA investigue más de 37,000 archivos de computadora del jefe guerrillero de las FARC Raúl Reyes, abatido por las fuerzas colombianas en el ataque a un campamento del grupo terrorista en Ecuador el 1 de marzo. Interpol, la mayor institución policial del mundo, certificó la semana pasada que -contrariamente a lo que alegan el presidente venezolano Hugo Chávez y su colega ecuatoriano Rafael Correa- las computadoras pertenecían a Reyes, y sus contenidos no fueron alterados por Colombia.

En una carta del 13 de mayo a Insulza, el senador norteamericano Richard G. Lugar, líder de la bancada republicana en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, le pidió a Insulza que le pida a la Comisión Interamericana Contra el Terrorismo de la OEA que convoque audiencias ``que puedan conducir a la OEA a adoptar medidas apropiadas''.

Menos diplomáticamente, el congresista Connie Mack le escribió a Insulza el 14 de abril diciéndole que la OEA se ha convertido en un ``títere de las fuerzas de la tiranía''.

Los críticos de Insulza dicen que el secretario general de la OEA debería asumir un rol de liderazgo. ''Todavía no hemos encontrado un estatuto de la OEA que establezca que el Secretario General no pueda exigir a un estado miembro información relevante para la seguridad de otros países miembros de la OEA'', me dijo el miércoles un funcionario del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

Según los archivos de la computadora de Reyes, Chávez prometió darles $300 millones a las FARC, y el grupo terrorista colombiano tenía una oficina dentro del comando militar de Venezuela en Fuerte Tiuna. Los archivos también revelan que las FARC le dieron a Correa $100,000 para su campaña presidencial.

Cuando le pregunté a Insulza por qué no ha pedido una investigación de la OEA, señaló que ``para el Consejo General de la OEA no sería aceptable que yo actuara en este momento sin mediar ninguna petición de ningun país miembro''.

Agregó: ``El gobierno de Colombia, que es quien debe hacerlo, no me ha solicitado que me haga cargo de este problema, ni me ha hecho llegar los documentos para este caso. Por lo tanto, yo no voy a actuar en ninguna dirección, mientras el gobierno de Colombia no me haga llegar su punto de vista al respecto''.

Insulza rechazó tajantemente las afirmaciones de sus críticos en el sentido de que no estaría actuando porque quiere ser candidato a la presidencia de Chile y no quiere antagonizar a los simpatizantes de Chávez dentro de su coalición izquierdista.

Recordó que, como ministro de Relaciones Exteriores en 1998, se echó en contra a muchos de sus partidarios de izquierda en Chile cuando respaldo la petición del gobierno chileno de extraditar al fallecido dictador Augusto Pinochet a Chile, en vez de exponerlo a un castigo potencialmente más severo en España. ''Yo hago en política lo que creo que debo hacer'', afirmó Insulza.

Cuando le pregunté si de alguna manera estaría en deuda con Chávez por el apoyo que el presidente venezolano le prestó durante su elección a la jefatura de la OEA, Insulza dijo: ``Me eligieron 31 países, y ninguno en particular''.

Sobre la investigación de Interpol, Insulza concluyó: ``La Interpol hizo un buen trabajo. Ahora le corresponde al gobierno de Colombia, en consulta o no con otros gobiernos, decidir lo que hacer con los documentos. Si alguno de esos documentos llega a la OEA, los trataré con la seriedad que corresponde''.

Mi opinión: aquí, todo el mundo se está haciendo el distraído. Colombia no envía los documentos a la OEA porque teme que los países no apoyarán una investigación, por miedo a perder los subsidios petroleros de Venezuela. El gobierno de Bush no lo hace porque teme que lo acusen de querer derrocar el gobierno de Chávez.

Los países latinoamericanos no quieren sacrificar la ayuda económica de Chávez tomando partido en un conflicto que consideran ajeno. Insulza no quiere asumir un rol de liderazgo porque teme que lo dejen solo.

Pero el hecho es que Interpol ha certificado la autenticidad de documentos que delatan una flagrante violación de las convenciones de la OEA y las Naciones Unidas que prohíben a los países prestar ayuda a los grupos armados en el exterior. Si todo el mundo sigue haciendo la vista gorda y nadie pide siquiera una investigación, ¡bienvenidos a la ley de la selva!