Esta situación implica la posibilidad de que mil millones de personas en el mundo, consideradas en la franja de mayor pobreza porque viven con un dólar diario en promedio, puedan padecer hambruna pues los precios de sus alimentos han aumentado 20%.

En América Latina tan sólo se calcula que este fenómeno generará 10 millones de nuevos pobres que se sumarán, de acuerdo con el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, a los 52 millones que ya pasan hambre en la región.

Por eso, más allá de lo tardío de la respuesta pues esta situación se veía venir desde hace meses, es importante que el gobierno calderonista haya dado la cara y planteado un plan de contingencia que, por la vía de los subsidios, permita paliar los efectos de esta crisis en los sectores más pobres de la población.

Estas medidas coyunturales, sin embargo, no resuelven el problema de fondo pues simplemente son aspirinas para administrar una situación que tenderá a agravarse y, en el caso de muchas de esas familias, a recrudecerse por la previsible disminución de remesas.

Político como es y a sabiendas de que 2009 es un año electoral, Calderón decidió que era necesario aumentar los recursos para el programa Oportunidades, y también los destinados a mantener estables los precios de los combustibles, pues un incremento indiscriminado de los mismos puede tener un impacto económico y político de consecuencias muy importantes. Con el programa alimentario propuesto se coloca en el eje de uno de los temas más sentidos, y acota el espacio político a la oposición.

Sin embargo, esta insuficiente respuesta no puede ocultar el hecho contundente de que México enfrenta este escenario en condiciones de mayor vulnerabilidad por la sencilla razón de que hace años, bajo la lógica neoliberal, se consideró que no era importante producir alimentos y se llevó a la quiebra del campo. Se dejó a un lado el concepto de soberanía alimentaria y se desmanteló todo el aparato estatal de apoyo al sector agropecuario, y en particular a la economía campesina que producía el maíz y el frijol para el consumo interno.

Al mismo tiempo, dejó de invertir en refinerías, limitándose a ser exportador de petróleo crudo, al grado de que hoy importa gasolinas carísimas y, vaya paradoja, alimentos a precios también excesivos.

Por eso, frente a una crisis que los pronósticos estiman de largo plazo (se habla de diez años), es imperativo voltear a ver el campo y desarrollar toda una política que fortalezca también la capacidad productiva de un sector campesino que, con recursos proporcionalmente menores a los que requiere el empresarial, puede producir los granos hoy tan preciados en el mercado internacional y nacional.

Una perspectiva productiva para el agro es, a la larga, mucho más barata, al tiempo que significaría una modificación estructural de la economía. Si los campesinos generan ingresos aquí no necesitan cruzar la frontera y sus tierras, en lugar de ser caldo de cultivo de narcos, pueden convertirse otra vez en la base para alimentar sustentablemente a este país. Paralelamente es indispensable poner en marcha una nueva política petrolera que permita contar con gasolinas más baratas. Esta crítica situación puede convertirse entonces en una gran oportunidad pues pocos países como México tienen tanta tierra, una economía campesina que a pesar de todo ha subsistido y petróleo para enfrentarla. Pero para eso se necesita una visión de Estado que trasciende en mucho la perspectiva de otorgar migajas.