Este país ha pasado de ser el granero del mundo a ser un caso perdido. Si quiere una versión larga de cómo esto sucedió y por qué los estadounidenses no deberían intentar estas recetas, tome el próximo vuelo a Buenos Aires. Aquí ofrezco una versión abreviada.

Aunque el descenso de Argentina al estatus de país que nunca paga sus deudas empezó hace un siglo, el último capítulo es ilustrativo. En marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó el alza de los precios para imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias de las exportaciones de soya. Los agricultores se negaron a pagar, la presidenta no cedió y se produjo un impasse.

Muchos argentinos simpatizaron con los agricultores. Pero el levantamiento ya no es una revuelta contra los impuestos. Se ha convertido en una rebelión contra el ilimitado poder del Ejecutivo o, a ojos de la oposición, contra el autoritarismo de la señora Kirchner. Hace una semana, miles de argentinos se lanzaron a las calles en las ciudades de todo el país golpeando cacerolas para expresar su descontento con las medidas opresivas de su presidenta. Ha sido la mayor protesta desde 2001.

La señora Kirchner, cuya aprobación ha descendido a un 20%, respondió a las manifestaciones con un duro discurso el martes. Advirtió que el país no puede ser gobernado "con cacerola, corte de ruta y bocina". Esto es fácil de decir ahora, pero fueron las cacerolas en las calles las que llevaron al colapso del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. A la señora Kirchner no parece importarle este derrocamiento de la democracia, tal vez porque su esposo, Néstor Kirchner, fue electo posteriormente.

Tampoco la señora Kirchner levantó la voz cuando su esposo usó los "poderes de emergencia" que le delegó el Congreso de mayoría peronista para gobernar por decreto durante cinco años. No hubo ninguna intervención que la señora Kirchner considerara desproporcionada. Era, después de todo, una "crisis". Néstor Kirchner impuso controles de precios, subió los impuestos a las exportaciones, aumentó los subsidios populistas, anuló contratos, no le pagó a los acreedores, acabó con la independencia del banco central e incluso manipuló las estadísticas de inflación. El sector privado y las ganancias fueron demonizadas y la prensa acosada.

La represión funcionó lo suficientemente bien como para que su esposa fuera elegida presidenta en octubre, pero ahora el tren se vuelve a descarrilar. Es difícil de cuadrar la defensa reciente hecha por la señora Kirchner de su amada "democracia" con el hecho de que está siguiendo las huellas de su marido, quien no mostró ningún respeto por los pesos y contrapesos institucionales.

Esto nos lleva a la raíz del problema, que se desarrolló mucho antes de los abusos de los Kirchner contra el mercado y los principios legales. La Constitución alguna vez sostuvo que un rol limitado del gobierno y la propiedad privada estaban entre los más altos ideales del país. En los años 20 estas protecciones, que convirtieron al país en un imán para inmigrantes y en la séptima mayor economía del mundo, comenzaron a corroerse.

Un ejemplo precoz de este atentado a la libertad fue cuando el Congreso impuso un congelamiento sobre las rentas ante la escasez de viviendas después de la Primera Guerra Mundial. Esto sólo exacerbó el problema y en 1922 una politizada Corte suprema amplió las facultades del Estado para permitir la regulación de las rentas. Esta decisión dejó en mal pie a los derechos de propiedad. Una década más tarde, la Corte le dio poder al Congreso para regular las tasas de interés.

Las intervenciones no terminaron ahí y a medida que el control de la economía se expandió y la nación se empobreció, el país no pudo recuperar su equilibrio. El populismo económico y la militancia sindical echaron raíces; el proteccionismo floreció y Argentina se convirtió en un estado benefactor. En tanto, la economía informal creció ante el alto costo de la legalidad.

Las crisis fiscales han sido recurrentes. De acuerdo a un estudio reciente dado a conocer por investigadores de la escuela de negocios Eseade de Buenos Aires, la deuda externa como porcentaje del PIB ha llegado a un 56% comparado con 54% en 2001. Si se incluye la deuda no pagada a los tenedores de bonos, el número asciende al 67%. Algunos analistas están preocupados de que si la economía pierde vigor, el gobierno recurra a las reservas del banco central, desatando una corrida contra el peso o, por temor a ello, opte por declararse en cesación de pagos por segunda vez en una década.

¿Significará esto el fin de los beneficios sociales inflados, la guerra de clases, la hostilidad hacia los productores, el capital y la propiedad privada, el fin del proteccionismo y la planificación central subsidiada? Es poco probable.

Los estadounidenses que leen esto pueden notar que suena mucho como la mentalidad del ala izquierda que dominará la convención del partido Demócrata y que elegirá a Barack Obama como su candidato en agosto. Desde un sistema de salud nacionalizado y refinerías en manos del gobierno hasta impuestos que castiguen a los ricos, Argentina ya lo ha intentado. Hay buenas razones para preocuparse por esa semejanza.

Este artículo fue publicado originalmente en el Wall Street Journal (EE.UU.) el 23 de junio de 2008.

Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.