Más allá de su aparente indeferencia, la cuestión de los ingresos fiscales le quita el sueño al gobierno. A pesar del abismal crecimiento del gasto público consolidado – que en pesos nominales del 2007 ha sido casi tres veces el del 2001- la admnistración K parece no encontrar un límite a su voracidad y requiere reinventar formas de financiar este creciente gasto.

Regalías Sojeras

Las mega retenciones no deben sorprendernos pues son altamente concordantes con las políticas aplicadas por Néstor Kirchner durante su gobernación en Santa Cruz, donde los ingresos por regalías de petróleo y gas  representaron más de la mitad de los ingresos corrientes de la provincia en el primer año post devaluación (2002)[1].

 En la concepción K, las retenciones son entendibles como “regalías sojeras”, una mordida natural sobre una “renta extraordinaria” de los recursos naturales. En agosto del 2002, en el artículo titulado “Santa Cruz podría ser Venezuela, pero Argentina no” observábamos la relevancia de las regalías del petróleo y el gas en los ingresos fiscales de la Santa Cruz K, especialmente post devaluación donde pasaron de representar el 22% (2001) al 52% (2002) de los ingresos corrientes de la provincia.

En aquel artículo señalábamos que el empleo público representaba cerca del 50% de la población económicamente activa (PEA) y los planes sociales otro 10% en dicha área. Es decir que 6 de cada 10 ciudadanos dependían del favor político.

Aquella Santa Cruz era la segunda provincia del país en términos de empleados públicos sobre la PEA con una relación del 23%, mientras el promedio nacional era del 8%.

Este definido antecedente, nos permite ver que es parte esencial de Kirchner contar con una fuente extraordinaria de financiamiento que poco tiene que ver con el vulnerable nivel de actividad local, tales como son el impuesto a la ganancias o al valor agregado, y que, además, es difícilmente evadible.  

Tal como Chávez en Venezuela, el Poder Ejecutivo Nacional busca en las retenciones un ingreso en moneda dura, fácil de cobrar, difícilmente evadible y que se adhiere al crecimiento de los precios internacionales. Asimismo, un ingreso independiente del nivel de actividad del “estan-flacionado” mercado interno. Si observamos las finanzas publicas venezolanas veremos que el petróleo representa uno de cada dos dólares de los ingresos fiscales[2].

Un petróleo que en diciembre  de 1998 se encontraba en 9 dólares por barril y en junio del 2008 roza los 140 dólares por barril. Es decir, 15 veces el precio de casi diez años atrás. De forma casi inexplicable, a pesar del super precio del petróleo, los indicadores sociales venezolanos no denotan ningún tipo de mejora.

El gobierno de argentina pretende emular esta política pero alimentándose vorazmente a partir de activos privados.

La Soja es un Yuyo

A pesar de su displicente afirmación al señalar que “la soja es un yuyo”, el gobierno parece no tener tanto desprecio a la hora de financiar su potencial déficit a partir del humilde vegetal e incrementando el impuesto a la exportación desde un 35% (chequear el dato) a un 58% variable. Para el gobierno, la soja es un “recurso natural” que genera una “renta”.

Esta concepción el gobierno trata a la actividad agropecuaria con desprecio, desconsiderando el riesgo empresario tomado por generaciones de argentinos, el valor agregado por los humanos en el proceso productivo,  así como la inversión y el trabajo.

Con este distorsivo impuesto, se comprueba que el gobierno se erige como un “socio en la buenas” pero no en las malas.

Tal como suele afirmar Armando Ribas, sería interesante hacerle recordar al gobierno que la pampa se humedeció a partir de la Constitución de 1853. Hoy podemos decir que la pampa se puede secar con instituciones que castigan su productividad. El concepto de renta trae a nuestra mente atemorizantes “flashbacks” que nos recuerdan instituciones como el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) de Perón que monopolizó el comercio exterior durante ese gobierno. En este contexto de “superprecios” de commodities, el fantasma de la nacionalización agropecuaria no es una hipótesis que se pueda descartar.

Gobierno Sojero

Buena parte de la población creyó que la cancelación de la deuda con el FMI había significado el pago total de la deuda pública argentina y en consecuencia Argentina podría declararse “país libre de deuda”. Pero el pago realizado al Fondo apenas representó un 10% del total del endeudamiento y en el 2008 (US$ 144.728,6 millones) el nivel de deuda es similar al del 2001 (U$S 144.222 millones).

En consecuencia,  el período 2008-2011 es un período en el que habrá que pagar la fiesta de los años previos y “la pelota pateada para adelante” en términos de deuda.  Los pagos a realizar en este período representan un monto cercano a los 52 mil millones de dólares (chequear número).

La pregunta es ¿de dónde saldrán estos fondos? Afortunadamente, la federalización de hidrocarburos de 1994, si bien mantuvo los recursos del subsuelo en manos del estado, desconcentró el poder financiero en los Estados Provinciales, reduciendo de este modo el poder del Ejecutivo Nacional. Imaginemos por un momento la conducta del gobierno nacional si concentrara los ingresos por regalías que actualmente manejan las provincias.

El alza del precio de los commodities en manos del sector público ha desatado el hambre de muchos gobiernos latinoamericanos por aferrarse a ese ingreso extraordinario.

De esta forma, la sociedad civil venezolana percibe la vulnerabilidad de depender de los precios internacionales de un grupo de productos y propone “sembrar petróleo”. En este contexto, ha aparecido el concepto de “petrodictaduras” para referirse a la actuación de gobiernos que -enriquecidos por el alza de los precios de los hidrocarburos- oprimen fiscalmente a la ciudadanía y coartan libertades económicas, políticas y civiles, tal como es el caso de Chávez.

La rebelión del competitivo campo, que se niega a ser ahogado por el creciente peso de un estado ineficiente, no debe verse sólo como un conflicto fiscal sino como un una revolución esencialmente institucional.