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26/06/2008 | Con el voltaje bajo

América Economía Staff

En el norte de Chile el racionamiento de energía eléctrica es ya parte del día a día. En Argentina, los industriales se preparan para los rigores del invierno con una preocupación redoblada: el gobierno les pide que consuman menos gas y electricidad en las horas de consumo máximo, a medida que las temperaturas bajan.

 

En Brasil, dependiente todavía del gas boliviano, también crece el temor de que falte combustible para que el sector industrial pueda mantener el sólido ritmo de expansión actual.

La apretada relación entre la oferta y la demanda de gas y electricidad no representa sólo una amenaza para el crecimiento económico de los países del Cono Sur: se trata de una crisis que deja expuesta la inexistencia de una integración energética efectiva en América Latina. Cada país permanece de espaldas o desconfiando de los demás, trazando sus propios planes y recelando de cualquier tentativa de establecer directrices comunes para un abastecimiento regional.


En este contexto, se hacen más sombríos los indicios de que Brasil está girando desde una política prointegración energética hacia otra donde la autonomía es su meta. No era así hace apenas cuatro años, cuando un optimista Luiz Inácio Lula da Silva, en 2003, aseguraba que se tomaba seriamente la posibilidad de participar en la construcción del llamado Gasoducto del Sur, el cual llevaría gas desde Venezuela a Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.



Hoy, los estudios técnicos para la construcción de ese monstruo de la ingeniería están suspendidos y Petrobras corrió a comprar Ipiranga, bloqueando así la entrada de Pdvsa en el mercado brasileño de distribución de combustibles. Una clara señal de la rivalidad geopolítica entre los dos países, feroz después que técnicos venezolanos fueron a Bolivia a entrenar a los nuevos funcionarios de la resucitada empresa estatal de hidrocarburos YPFB, para asumir el control de las refinerías de Petrobras.

Irónicamente, el arribo de un gobierno popular, en teoría afín al de Lula, en un país rico en gas, Bolivia, ha exacerbado las rivalidades. El presidente Evo Morales estableció una política de “primero, gas para los bolivianos” y “exportación a precios internacionales”, para lo cual tuvo que incumplir varios acuerdos. Para el profesor Ronaldo Bicalho, del Grupo de Economía de Energía de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), la falta de seguridad de que los contratos no serán rotos a la primera señal de adversidad, es un elemento muy fuerte que bloquea toda integración. “La escasez de gas tensionó las relaciones entre los países de la región (entre Argentina y Chile, y Bolivia y Chile, también). Es necesario construir una institucionalidad para que la integración se produzca de forma segura, con garantías tanto para el abastecimiento de energía para las empresas como para la población”. Para él se trata de “un desafío político: demanda tiempo, no es tarea simple”.
 


Como no se avanza en ello, de pronto las plantas de regasificación de GNL emergen como hongos en Sudamérica. Brasil construye una en Rio, otra en Ceará (un contrato con British Gas) y estudia una tercera en el sur. Chile se apresta a terminar dos, Uruguay construye una y Argentina se arriesga con la tecnología de buques regasificadores.


A Argentina ya llegó el Excelsior, un buque regasificador de gas natural que permanecerá fondeado todo el invierno en el puerto de Bahía Blanca, proveyendo un promedio de 8 millones de m3 diarios al sistema de gasoductos, siendo reabastecido cuatro o cinco veces por naves “nodrizas”, como el Excelerate, que durante junio lo proveyó de fluido proveniente de Trinidad y Tobago. Se trata de una operación de la petrolera estatal Enarsa, pero operada por Repsol-YPF.



Más allá del tema del gas, el foco de la estrategia energética de Brasil ha variado de forma sutil. Ha salido de escena la ambiciosa idea de la integración sudamericana y ganó fuerza el deseo de internacionalizar de las empresas brasileñas del rubro. La línea de esa ofensiva la forman Petrobras, Eletrobras y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).


Eletrobras, responsable del 40% de la generación eléctrica de Brasil, por ejemplo, obtuvo este año la autorización legal del gobierno para invertir en proyectos en el exterior como accionista mayoritario. La empresa estatal ya está involucrada en la construcción de hidroeléctricas en Venezuela, Argentina y Brasil. Ello, sin hablar de su participación en emprendimientos locales, como las usinas de Santo Antonio y Jirau, que producirán en plena selva amazónica más de 6.000 Mw, una inversión que supera los US$ 20 mil millones.



“Eletrobras debe desempeñar un papel destacado en el continente, pero las inversiones son complicadas”, explica Vicente Koki, analista del sector eléctrico de Banif Securities. ¿Por qué? “Hay un potencial hidroeléctrico limitado en la región”, agrega, y para explotarlo “es preciso asociar a las centrales con la construcción de líneas de transmisión que cubrirán distancias considerables”, agrega. Por si ello fuera poco, hay también temas de diversidad regulatoria, junto con el aspecto vinculado a la legislación medioambiental “que hacen que un proyecto nuevo demore hasta nueve años en salir del papel”. 



Además, Eletrobras tiene un talón de Aquiles: su capacidad financiera está comprometida por la necesidad de provisionar una deuda de US$ 5.200 millones en dividendos atrasados.

Internacionalizarse en la región no es fácil. Es así como la brasileñas Cemig y Alusa tuvieron que revisar el trazado de una línea de transmisión de 190 kilómetros, que construyen entre las localidades de Charrúa y Temuco, en Chile, porque pasaba sobre 10 kilómetros de tierras indígenas. El proyecto ahora costará US$ 60 millones, US$ 8 millones más de lo previsto inicialmente, y habrá un atraso de dos meses.



Los indígenas también se pintaron de guerra, esta vez en Brasil, para oponerse a la inundación de áreas en los márgenes del río Xingú, en la Amazonia. El 20 de mayo, un grupo de caiapós agredió con cuchillazos a un ingeniero de Eletrobras, que salvó la vida, pero no el susto.


Más allá de estos problemas, las empresas brasileñas que desean ir a realizar obras en el resto de la región encuentran una limitación muy concreta. Por un lado, no siempre poseen las garantías que pide el poderoso BNDES y, aunque las tengan, el capital de esta institución también se encuentra focalizado hacia Brasil. El mismo BNDES necesita más de US$ 55.000 millones para asistir los pedidos de financiamiento previstos por el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), buque insignia del segundo mandato del presidente Lula da Silva.



Y es que en Brasil las cosas que faltan por hacer son casi demasiadas. La integración es un sueño distante, aun allí: la red eléctrica de su región norte se encuentra aislada y depende de subsidios para la quema de combustibles líquidos altamente contaminantes.



Chile también tiene su norte desértico, pero industrial-minero, aislado del resto del país y de su vecino Perú. Preocupado con la fragilidad de la situación, su ministro de Energía, Marcelo Tokman, realizó en 2007 una peregrinación entre sus colegas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, explorando posibles acuerdos de interconexión eléctrica andina.

Con el apoyo del PNUD, la idea se encuentra en la fase de estudios técnicos preliminares. Según María Isabel González, gerente general de la empresa de consultoría Energética y ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de Chile, la “interconexión es posible” y existe la voluntad política de sacarla del campo de las promesas, aunque eso llevará por lo menos una década.
 “Este proyecto –augura– permitirá diversificar la matriz energética, pues la región cuenta con muchos recursos y cada país es una potencia en uno o más de ellos, como el carbón o el gas natural. Hasta las diferencias de huso horario favorecen la integración”.



Sin embargo, los problemas al sur de Ecuador son lo suficientemente importantes para que Colombia opte por la integración con sus vecinos de América Central. En abril pasado, el ministro colombiano de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, y el secretario de Energía y del Canal de Panamá, Dany Kuzniecky, firmaron un tratado bilateral que permitirá la interconexión eléctrica de los países. El sistema integrado incluirá a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, todos signatarios de la Declaración de Cancún, en 2005, que estableció el compromiso de las naciones centroamericanas en torno a su desenvolvimiento sustentable y de la integración económica regional.

Lejano, en su torre de marfil, está México. El país se mantiene relativamente alejado de ese tipo de acuerdos con sus vecinos del sur. “En la práctica, México no tiene mucho interés en hacerlo porque está muy inmerso en sus propios problemas, con su propio nacionalismo y su reforma energética”, dice sobre el punto David Shields, especialista en energía. 



El ex mandatario mexicano Vicente Fox impulsó el proceso de interconexión eléctrica entre México y Guatemala bajo el marco del Plan Puebla Panamá; sin embargo, no fue sino hasta mayo del año pasado, en la administración del presidente Felipe Calderón, cuando finalmente ambos países materializaron la iniciativa.



Tras dos años de negociaciones, México y Guatemala firmaron un contrato de compraventa bajo el cual la paraestatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) exportará 120 megawatts (Mw) de potencia firme, con posibilidad de ampliarla hasta 200 Mw, al Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala.


Uno de los principales objetivos de esta interconexión es iniciar la integración del sistema eléctrico mexicano con el mercado eléctrico de Centroamérica a través del Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central (SIEPAC), otra iniciativa surgida del Plan Puebla Panamá, en 2001. “La interconexión con Guatemala es el elemento fundamental de la iniciativa centroamericana”, dice Shields. No hay que esperar más avances. “En cuanto a apoyo energético, no creo que a México le interese mucho América Central”, concluye el analista.



Aparte, la nación mexicana mantiene una interconexión menor de sólo 18 Mw con Belice y 13 más a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, “la mayoría de las conexiones con EE.UU. son débiles porque son asíncronas”, aclara Shields. “De un lado tienen un voltaje y de este lado tienen otro voltaje y eso dificulta el mover electricidad en cantidades apreciables”.

¿Hay que aceptar este realismo de integración mezquina? Es cierto, “tenemos dificultades regulatorias, institucionales, políticas, pero América Latina es hoy una región privilegiada en términos mundiales –responde Nelson Siffert, jefe del Departamento de Energía Eléctrica de BNDES–; en este sentido, la integración energética presenta evidentes razones de eficiencia económica”. Para él, los problemas son de corto plazo. “En pocos años Brasil será exportador de petróleo. Aparte de eso, en Sudamérica usamos un tercio de nuestra capacidad hidrológica y el 42% de nuestra matriz energética es renovable. Nosotros, los sudamericanos, tenemos un destino común y eso va a prevalecer”.



* Con Francisca Vega, en Santiago; Lucía Valdés, en Bogotá; Marisol Rueda, en Ciudad de México, y Rodrigo Lara Serrano, en Buenos Aires.

América Economía (Chile)

 


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