«Si os veo fuera os mato a los dos. A ti por ser un infiel y pisar suelo afgano, y a ti por trabajar para un infiel». Abdullah habla con tranquilidad desde sus casi dos metros de altura. Vestido con un «salwar kamize» negro, las palabras suenas firmes desde el interior de una poblada barba que le cuelga hasta el pecho. No le gusta la visita de un periodista extranjero y su traductor. Llama a varios compañeros que rodean a los recién llegados.
Abdullah es el líder. Fue detenido en Kandahar hace cuatro años y, como el resto de los detenidos, no sabe el tiempo que le queda de condena «porque aquí no hay justicia». Le acusaron de combatir junto a los talibanes y de formar parte de Al Qaida. Fueron los soldados de Estados Unidos los que le entregaron a las autoridades afganas que, tras un rápido juicio, le enviaron a Policharki.
Esta mole de cemento construida en mitad del desierto por técnicos indios en los setenta, a medio camino entre Kabul y Jalalabad, fue usada por los rusos como presidio y centro de tortura y hoy alberga a 3.500 reclusos repartidos en dos secciones: una afgana con 3.200 reclusos -de los que mil están catalogados por Cruz Roja como «combatientes»- y otra bautizada como «Guantánamo», donde Estados Unidos ha concentrado a trescientos presos, treinta de ellos llegados desde la base norteamericana en Cuba y el resto traídos desde su base de Bagram. Todos ellos «combatientes» para la organización internacional.
«Yo soy talibán porque creo en el Corán y moriré por liberar esta tierra de infieles. Si es necesario me pondré un cinturón de explosivos y me inmolaré, porque la muerte de infieles es también un camino a la salvación». Ahmed Shá, el que parece segundo cabecilla del grupo, fue apresado en Jalalabad cuando estaba a punto de cometer un atentado y, en cuanto salga, asegura que «volveré a intentarlo, sin ningún género de dudas».
Sólo la Cruz Roja Internacional y Unama, la misión internacional de Naciones Unidas en Afganistán, tienen acceso a la sección conocida como «Guantánamo», y que los norteamericanos han bautizado «Afghan National Detention Facility» (Centro Nacional Afgano de Detención) y en el que se han gastado 32 millones de dólares. Trescientos reclusos viven en celdas individuales de reciente construcción, visten con blancos «salwar kamize» y buzos de color naranja -como en la base caribeña- y su vigilancia corre a cargo de quinientos hombres apoyados por asesores estadounidenses. Los detenidos son transferidos por Estados Unidos al Ministerio de Defensa afgano, no al de Justicia como el resto de prisioneros del país, y son juzgados por una corte ordinaria dentro de la misma cárcel. Expertos consultados aseguran que se trata de personas que llevan una media de cuatro años cautivos y que, una vez pasan a manos del sistema de justicia afgano, el proceso legal está repleto de irregularidades.
De los trescientos presos actuales, doscientos están siendo investigados para determinar su grado de culpabilidad, pero otros cien permanecen entre rejas sin ningún tipo de investigación, «sólo por el hecho de venir de Bagram o Guantánamo se les supone culpables, pero nunca se les ha llegado a juzgar», denuncia un técnico de la misión internacional con acceso al recinto que prefiere mantener el anonimato.
Este nuevo «Guantánamo», como lo conocen los afganos, está en mejores condiciones físicas que el sector «afgano» de Policharki, permite la visita de familiares y los presos que allí se encuentran no se quejan de malos tratos, sólo reclaman a los técnicos que les visitan periódicamente que se aclare su situación judicial. Mucho peor es la vida para los seiscientos reos recluidos en la base de Bagram que bajo la etiqueta de Enemy Combatant (enemigo de combate) son responsabilidad exclusiva estadounidense y «viven en unas condiciones muy duras, en un régimen extrajudicial donde resulta imposible determinar las pruebas de la acusación y con la sospecha permanente del sufrimiento de torturas», según diferentes organizaciones humanitarias. El incremento de operaciones en el sur del país ha llevado a los norteamericanos a llevar a cabo la ampliación de su centro penitenciario en Bagram, donde esperan poder albergar a mil prisioneros en los próximos meses. Mil prisioneros exclusivamente de EE.UU. en suelo afgano.
Dos mundos
A unos pocos metros, y separados por un simple muro, otros 3.500 presos se hacinan en las viejas y mohosas instalaciones de Policharki. Sin uniformes, ni celdas individuales con retrete privado. Setecientos policías velan por su seguridad en dos turnos diarios, por lo que nunca hay más de 350 agentes operativos. En el interior de los muros los reos tienen el poder absoluto, sobornan a los vigilantes para poder usar los móviles, disfrutar de televisión o montar pequeños comercios. Abdullah, por ejemplo, tiene un televisor de doce pulgadas en su amplia celda y gracias a él pudo seguir las noticias sobre el ataque a la prisión de Kandahar.
La alusión a este incidente enciende los ánimos del grupo y el gigantón, sin alzar la voz, proclama en plan mesiánico que «los hermanos están cada vez más cerca, y tarde o temprano nos liberarán a todos. Lo de Kandahar fue sólo una señal. El día de la liberación está próximo y ya no tendremos que ver nunca más a nuestras mujeres asistiendo a la escuela o a los extranjeros controlando nuestro Gobierno».
Los edificios nuevos coronados de relucientes techos del sector «Guantánamo» se tornan en construcciones semiderruidas y tejados derrumbados. Allí, los presos comen el arroz que los guardias les dejan en grandes cubos metálicos a las puertas de los módulos.
En ese momento aparece el guardia de prisión. Ya ha pasado media hora y es la hora de la entrevista con el gobernador de la cárcel, el tercer gobernador que ha tenido Policharki en los últimos seis meses debido a las constantes revueltas de los presos. «Cristiano, esta vez sales vivo, pero nos volveremos a ver. Si te veo en Kandahar, estás muerto», se despide Abdullah, que, pese a la amenaza, estrecha la mano del periodista con un firme «Salam Aleikum».
Los condenados por «acciones contra el Gobierno» -concepto que engloba a talibanes, miembros de Al Qaida e insurgentes de todo tipo- comparten espacio con los presos comunes, lo que preocupa al gobernador de la prisión por la nefasta influencia de los primeros sobre los segundos, «pero no tenemos sitio para separarlos, estamos al límite», lamenta el general Abdul Baqi Behsoody, la persona en la que las autoridades han puesto todas sus esperanzas para enderezar la marcha de Policharki y evitar una situación como la de Kandahar. David Hermann, responsable de la misión de Cruz Roja Internacional en Policharki, comparte el juicio del nuevo gobernador y asegura que «uno de los objetivos que nos hemos marcado es la división. Nosotros trabajamos con mil personas que cumplen condena por ser combatientes contra el Gobierno y nuestro consejo es separarlos cuanto antes del resto porque cada vez hay más problemas».
