Información obtenida por El Nuevo Herald de documentos secretos y de fuentes familiarizadas con las operaciones del conglomerado petrolero, indica que altos funcionarios de Pdvsa y los intermediarios mantienen vínculos con líderes regionales y nacionales de los partidos oficialistas que apoyan al gobierno de Hugo Chávez, entre ellos el MVR (Movimiento V República) y el partido Podemos.

El pago de estas comisiones podría constituir una grave violación de las leyes venezolanas, incluyendo la Constitución de 1999 y la Ley Anticorrupción, afirmaron expertos.

Al mismo tiempo existen conexiones familiares que vinculan a altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional.

Además del primo hermano del presidente Chávez, Asdrúbal Chávez, que dirige las operaciones comerciales de Pdvsa, en el Departamento de Comercio y Suministro actúa una funcionaria de nombre Nora Valderrama, que es pariente del ministro de Defensa, el general Jorge García Carneiro.

De acuerdo con los documentos secretos, los intermediarios tienen conexiones políticas en los estados Barinas, Carabobo, Distrito Capital, Táchira y Zulia:

• De Barinas aparece la intermediaria Isabel del Carmen González Cortez (Cédula de Identidad, CI, 8.130.756), que es titular de una cuenta bancaria en el Ocean Bank de Miami.

• De Carabobo figura Alexis Oropeza (C.I. 4.723.714), dirigente oficialista y ex diputado constituyente vinculado al partido MAS, que es titular de una cuenta en el Commerce Bank de Miami.

• En el Distrito Capital aparece Claudio Alberto Albarracín Mistaje (C.I. 4.882.864), considerado un intermediario clave con fuertes conexiones en el Departamento de Comercialización y Suministros.

• En Táchira hay cuatro comisionistas: Josué David Moros Puentes (C.I. 3.430.653), un empresario que estuvo vinculado al partido de oposición Acción Democrática en San Cristóbal pero que ha desarrollado importantes vínculos con líderes oficialistas en la zona andina.

También figuran Antonio Felipe Bueno Duque (C.I. 2.875.022) y Luis Humberto Fernández Sayago (C.I. 3.308.777). Ninguno de estos dos firmó para apoyar el referéndum contra Chávez.

Uno de los intermediarios que en los contratos aparece como José Omar Umaña Suárez, presenta una cédula de identidad (4.627.864) que en realidad pertenece a Algimiro Carrero Zambrano, según el Registro Electoral Permanente (REP) de Venezuela. Esta persona no votó en el referéndum revocatorio.

• En Zulia está Blanca Omaira Gómez de Fernández (C.I. 3.621.325), que es titular de una cuenta en el Banco Washington Mutual de Miami.

• Los intermediarios Mohamed Al Atrache (C.I. 13.0230497), Juan Manuel Blázquez Granda (C.I. 10.484.107) y Carlos Enrique Vera Balbuena (C.I. 9.114.256) aparecen como representantes de la firma The Hiller Group Incorporated, con sede en Tampa, Florida, y sus firmas aparecen estampadas en un contrato para asegurar comisiones en la venta de hidrocarburos.

• Finalmente aparece un ciudadano de origen colombiano llamado Jairo de Jesús Londoño Castaño (pasaporte 19359390), que es titular de una cuenta en el RBTT Banco de Aruba, número 12.88.725. En el contrato aparece un código de transferencia RBTTAWAW con destino al banco Wachovia de Nueva York, que a su vez tiene otro código de transferencia PNPBPUS3NNYC. El código de ruta es el 026005092.

Fuentes de Pdvsa que conocen de estas operaciones dijeron que varios de estos intermediarios actúan como representantes de líderes políticos en sus respectivos estados, y realizaron importantes contribuciones durante las pasadas elecciones regionales.

Los documentos confidenciales revelan que las operaciones se iniciaban cuando un alto funcionario en la petrolera estatal aseguraba una cuota de crudo o combustible, a fin de que el intermediario saliera a ofrecerlo principalmente a representantes de las empresas registradas en Pdvsa, a través del registro conocido como RUCCVE.

Los intermediarios utilizaban una red de empleados para iniciar el contacto con los posibles compradores, a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos.

Una vez contactada, la empresa debía enviar una carta de intención (LOI, Letter of Intention), y un contrato para asegurar las comisiones (FPA, Fee Protection Agreement), en la mayoría de los casos con firma electrónica y ''los originales debidamente notariados'', como rezan las instrucciones enviadas por uno de estos intermediarios.

El paso final es la firma del contrato de suministro por parte de un representante legal de la empresa en Venezuela.

Contactados por El Nuevo Herald, traders que hacen negocios con Pdvsa dijeron que cientos de ofertas de hidrocarburos venezolanos circulan mensualmente en el medio petrolero internacional, como nunca antes.

En un mensaje electrónico del 30 de noviembre del 2004, un comerciante de hidrocarburos basado en Panamá solicitó a una ejecutiva de una firma intermediaria con sede en Caracas productos para clientes debidamente registrados en Pdvsa.

En un correo electrónico anterior, la ejecutiva le había manifestado contar con una ''estrecha relación'' con un alto directivo de Deltaven, subsidiaria de Pdvsa que comercializa derivados de petróleo como gasolina y lubricantes.

En otro correo electrónico del 6 de marzo de este año, un ejecutivo de la firma Mercasur Pacific, ofrece servicio a sus clientes ''que deseen comprar crudo o derivado, especialmente D2 (Diesel)'', y aclara que ''las condiciones de precio, descuento y comisiones dependen del producto solicitado''. El mensaje lanza la advertencia de que ``no se aceptan embarques para U.S.A.''.

En una reciente oferta a través de la internet, del pasado 22 de marzo, un vendedor en solitario escribe el siguiente correo: ``Oferta Especial. Estimados Señores: Ofrecen de Venezuela, FOB - Platt Golfo 2'400.000 TM al año por tres años más. Descuento Bruto $2.10. Descuento Neto $1.26. Si interesa se require LOI + BCL. Cordial Saludo''.

Otra oferta enviada por correo electrónico especifica que en el contrato de venta, ``con relación al precio para toda la operación, allí ya están incluidas las comisiones o Consultant Fee (sic), lo que quiere decir es que estamos a un gran negocio''.

Luego aclaran que ``indudablemente está de más decir que esas empresas, en cuanto a su junta directiva, no pueden ni deben haber firmado contra el presidente de Venezuela, no han contribuido con la oposición, y [deben] tener capacidad de pago''.

Según el economista y experto petrolero venezolano Orlando Ochoa, ``la administración de Pdvsa no presenta balances y operaciones auditadas desde el 2003. Este es un hábitat ideal para que crezca a sus anchas la corrupción con absoluta impunidad''.