Es cierto que en 2004, en la sentencia del caso Rasul v. Bush, el alto tribunal falló que los presos de Guantánamo tenían derecho al habeas corpus. También lo es que en Hamdan v. Rumsfeld, (2006), acordó que tales prisioneros debían beneficiarse del artículo 3 de la Convención de Ginebra y que los consejos de guerra a los que iban a ser sometidos carecían de base legal de acuerdo con la legislación norteamericana. Y no lo es menos que ahora, en Boumediene v. Bush, ha declarado que los tribunales militares encargados de revisar la condición de combatientes enemigos de los prisioneros no son adecuados según el derecho de habeas corpus que la Constitución norteamericana reconoce.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dado la razón a la administración Bush en aspectos importantes. Ha reconocido que la guerra global contra el terrorismo (la GWOT, según el acrónimo norteamericano) es una guerra legal y que, por lo tanto, los prisioneros de Guantánamo lo son de guerra. Este punto es esencial porque implica reconocer al ejército de los EE UU el derecho a retenerlos como prisioneros hasta el fin de las hostilidades, y también a someterlos a juicio militar por crímenes de guerra. Esta es la base de todo el entramado jurídico de la administración Bush en lo que a los prisioneros de Guantánamo se refiere. Por tanto, los terribles reveses supuestamente sufridos en el Tribunal Supremo no son tales, sino que se limitan a ser simples matizaciones.

Lo esencial es consecuencia de que, a diferencia de los prisioneros de guerra normales, los terroristas islámicos no visten uniforme y combaten emboscados entre la población civil. Esto les permite negar su condición de combatientes cuando son hechos prisioneros. Y este es precisamente el punto que se discute. ¿Tiene el ejército pruebas suficientes para poder considerar a un prisionero un combatiente enemigo? El Tribunal Supremo ha considerado que, habida cuenta de que las circunstancias prácticas lo permiten, han de ser los tribunales civiles los que lo determinen antes de que el prisionero pueda ser retenido como prisionero de guerra hasta el fin de las hostilidades, si en efecto lo es, y antes de que, en su caso, sea juzgado como criminal de guerra por un tribunal militar. Así pues, el tribunal civil se limitará a escuchar la petición de habeas corpus y, si resulta probado que el prisionero es un terrorista, seguirá en poder de los militares. Asimismo, el juicio al que será sometido por los delitos que pueda haber cometido será de carácter militar.

Por lo tanto, en ningún momento el Tribunal Supremo de los EE UU ha declarado, como han pretendido hacernos creer los medios de izquierda, que los prisioneros de Guantánamo tengan que ser juzgados conforme las leyes penales ordinarias. Guste o no, no es esto lo que ha resuelto el alto tribunal. Lo único que ha hecho es corregir levemente el planteamiento jurídico de la administración Bush respecto de los prisioneros de Guantánamo. Si las sentencias han levantado tanto revuelo en los EE UU, esto se ha debido a que la mínima intervención de los tribunales civiles que sus sentencias exigen permite que las organizaciones terroristas, a las que el ejército norteamericano está combatiendo, tengan acceso a información clasificada cuando publicarla sea necesario para acreditar los hechos en los que el ejército se basa para considerar a tal o cual prisionero un combatiente enemigo.

Tanto si gana McCain como si lo hace Obama, se cierre o no Guantánamo, ninguno de los dos se permitirá la frivolidad de tratar a los terroristas islámicos extranjeros como vulgares delincuentes, y se asegurará de que, con las leyes vigentes o con otras nuevas que se dicten, sea en todo momento el ejército el que, con todas las garantías que se consideren necesarias, mantenga el control sobre estos peligrosos terroristas.

Es una pena tener que desilusionar a la izquierda europea. Pero como diría Rajoy, esto es lo que hay.