Algo parecido están sintiendo estos días los chinos, para quienes las Olimpiadas se han convirtiendo en una amenaza para su seguridad. Sin ir más lejos, dos explosiones destrozaban el pasado lunes sendos autobuses públicos de Kunming, la capital de la provincia sureña de Yunnan, matando a dos personas e hiriendo a 14.

El jueves, el Gobierno chino anunciaba la desarticulación de una célula terrorista internacional que pretendía atentar contra las instalaciones deportivas de la subsede olímpica de Shangai, donde el pasado 5 de mayo murieron tres personas al estallar otro autobús público en otro atentado.

A pesar de la importancia de dicha operación, el Gobierno no ofrecía ninguna información sobre los miembros del comando desmantelado ni aportaba prueba alguna. Dicho hermetismo es el mismo que Pekín ha mantenido durante los meses anteriores, en los que afirma haber desarticulado tramas terroristas de Xinjiang y capturado a numerosos activistas, algunos de los cuales han sido ejecutados o liquidados en las redadas policiales.

Entre estos detenidos destaca una joven uigur que, siempre según el Gobierno chino, intentó el pasado mes de marzo quemar el baño de un avión que había partido de Urumqi, la capital de Xinjiang, y que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Lanzhou, provincia de Gansu.

Debido a este secretismo de las autoridades, muchos defensores de los derechos humanos creen que el régimen chino utiliza la amenaza terrorista como excusa para aumentar la represión sobre los disidentes.

Sensores antisuicidas

Ciertos o no, estos hechos han conseguido que cunda la psicosis terrorista por todo el país. Bajo estado de máxima alerta, unos 110.000 policías, soldados y comandos antiterroristas vigilan Pekín, en cuyo metro se han instalado escáneres y detectores de metales para localizar explosivos. Por su parte, los autobuses de Shangai que se dirijan a las instalaciones olímpicas dispondrán de sensores infrarrojos especiales para descubrir la presencia de suicidas.

En medio de toda esta alarma, los chinos de a pie se preguntan estupefactos quién los ha puesto en el punto de mira y por qué. La respuesta es sencilla, dada la cantidad de enemigos que tiene el régimen de Pekín, desde los disidentes defensores de los derechos humanos y la democracia hasta los partidarios de la independencia del Tíbet y Xinjiang, pasando por los seguidores del perseguido culto religioso Falun Gong.

Además, otro riesgo al que se enfrenta el Gobierno es la creciente inestabilidad social por culpa de las cada vez mayores diferencias sociales entre ricos y pobres, así como entre las ciudades y el mundo rural.

No en vano, sólo el 10 por ciento de la población aglutina el 45 por ciento de la riqueza total del país, mientras que el 10 por ciento más pobre apenas disfruta de un 1,4 por ciento de ese bienestar. Más grave aún es el informe que elaboró en 2005 la agencia Boston Consulting Group, que calculó que las 250.000 familias más acaudaladas de China, que sólo representaban al 0,4 por ciento de la población, poseían el 70 por ciento de la riqueza nacional.

90 millones de pobres

Y es que en la China rural, donde viven 800 millones de personas (60 por ciento de la población), la renta media es sólo de 3.587 yuanes (331 euros) al año, mientras que en la ciudad asciende a 11.157 yuanes (1.030 euros) anuales.

Para el Gobierno, el umbral de la pobreza está fijado en unos ingresos de 70 euros anuales, una situación de absoluta precariedad en la que viven más de 90 millones de personas, 75 de ellos en zonas rurales y 22 millones en las ciudades. Además, hay 26 millones de chinos que no tienen comida ni ropa suficiente para subsistir, lo que supone un auténtico escarnio para una nación que aún se define como comunista pero que ya ha superado a Japón como el segundo consumidor de artículos de lujo.

Debido a estas desigualdades, en 2005 se registraron, al menos oficialmente, 87.000 revueltas populares, mientras que en 2006 fueron 72.000 y el año pasado 59.000. La mayoría de estos incidentes se debieron a las expropiaciones irregulares de las tierras.

Cada año se requisan 200.000 hectáreas de tierras agrícolas para la construcción, por lo que 40 millones de campesinos han perdido su única forma de sustento desde el inicio en 1978 de las reformas económicas capitalistas.

Flagrantes injusticias

En ocasiones, las injusticias son tan flagrantes que las víctimas acaban rebelándose contra los abusos del poder. Así ocurrió en junio en Wengan, en la provincia de Guizhou, donde unas 30.000 personas se manifestaron y enfrentaron a la Policía, a la que acusaban de haber ocultado la violación y muerte de una joven por parte del hijo de un oficial local.

A principios de ese mismo mes, más de 20.000 personas tomaban las calles de Xiamen, en la provincia de Fujian, para marchar contra la construcción de una planta química que consideraban peligrosa.

En julio, cientos de emigrantes rurales se alzaban contra la Policía en Kanmen, en la provincia de Zhejiang, por los constantes abusos que venían sufriendo, mientras que en Shangnan, en la región de Guangdong, los campesinos destrozaron coches y edificios oficiales cuando los cuadros del PC local atropellaron a un motorista.

En mayo del año pasado, miles de campesinos protestaron en la provincia de Guangxi contra la brutalidad con que se implanta la política del hijo único y las desorbitadas multas de 1.000 euros que imponía la Policía a quienes la incumplían. «Criad cerdos, no niños», decían las crueles proclamas pintadas en los carteles de propaganda estatal.

Por entonces, también se echaron a las calles miles de estudiantes universitarios de Zhengzhou, en la provincia de Henan, que protestaban contra el fraude de las universidades privadas, que no les concedían títulos reconocidos por el Gobierno, mientras que en Macao se registraban violentas marchas con motivo del Día del Trabajo.

«Justicia» a puñaladas

A veces, los agraviados se toman la Justicia por su mano, como el joven pequinés que, tras ser arrestado en Shangai por unos policías que creían que había robado una bicicleta, exigió una indemnización y una disculpa. Al no conseguir ninguno de sus objetivos, entró en la comisaría a principios de julio y asesinó a puñaladas a seis agentes.

Terrorismo o revuelta social, todo cuenta en esta China olímpica de contrastes y desequilibrios. O descuenta en el marcador de la bomba de relojería hacia su estallido final.