La denuncia del presidente Álvaro Colom de espionaje en la Casa Presidencial no causó perplejidad, porque siempre ha existido la certeza de su ocurrencia, pero sí le ganó un pulso a quienes se beneficiaban del espionaje. En apariencia, se han desbaratado los planes de uno de los grupos que se disputan el dudoso honor de conocer las interioridades presidenciales mediante burdas escuchas telefónicas y cámaras ocultas. Todos los ingredientes están reunidos para soltar un escándalo de grandes dimensiones, con posibilidades de alargarse por tiempo indefinido, lo cual seguramente distraerá la atención de temas de igual o mayor importancia, como la corruptela en diferentes estructuras del Estado.
Pero hay algo de extraño en este viraje. Aunque las consecuentes dimisiones son un resultado coherente con la magnitud del escándalo, desde hace tiempo se sabía de los cambios en la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) y en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). Hay que recordar las rotaciones realizadas por el gobernante en los ministerios de la Defensa y Gobernación, así como en la Fiscalía General, supuestamente de gente afín al entonces titular de la SAAS, Carlos Quintanilla, quien ahora tiene el estigma de haber sido despedido por quien protegió y asistió por muchos años.
Algo se ha estado recomponiendo en el poder político, por lo que la cruzada anunciada por el mandatario contra todos los sistemas ilegales de inteligencia merece una mirada desapasionada. Para empezar, las apelaciones genéricas a la seguridad del Presidente no son suficientes. Estamos asistiendo a causas que evidencian una actitud ilegal contra la seguridad del país en general. La tecnología moderna ofrece enormes posibilidades para quienes desde las estructuras del Estado realizan actividades contrarias a los intereses nacionales. Interceptar conversaciones telefónicas siempre ha sido un acto ilícito realizado por los aparatos de “seguridad” y por tanto al margen del control judicial.
No nos extraña, entonces, que los servicios “secretos” dediquen parte de su tiempo a escuchar conversaciones privadas de periodistas, empresarios y funcionarios de los tres organismos del Estado, pero una vez descubiertos el escándalo no puede quedarse únicamente en ceses o dimisiones. La renuncia es la forma correcta de asumir responsabilidades cuando no hay posibilidad de aportar explicaciones convincentes de un escándalo tan grave, pero no es todo lo esperado.

¿Y el ciudadano?
Aquí el asunto fundamental es la vulnerabilidad de la ciudadanía. La interceptación de comunicaciones telefónicas o el uso de instrumentos o artificios técnicos de escucha y transmisión de sonidos e imágenes, con el fin de descubrir los secretos de otros sin su consentimiento, ha dejado de ser una sospecha para dar paso a la plena confirmación. Tampoco puede descartarse si las grabaciones realizadas no hayan sido utilizadas “oficialmente” o si existe un hilo conductor entre los servicios de “inteligencia” del Estado con el mercado del chantaje político.
Para darse por descartado o establecido lo anterior, urge una investigación de fondo. Resultará difícil establecer autorías individuales, pero sin duda hay personas interesadas en desestabilizar la vida política. Si entendemos que el Presidente querrá llegar hasta las últimas consecuencias, eso significaría conocer quiénes y/o qué instituciones tienen la capacidad real de montar el espionaje (probablemente grabaron y archivaron lo oído y visto).
Según un comunicado de la Presidencia de la República, Colom ya había advertido sobre escuchas ilegales en su entorno desde hace varias semanas, lo cual entonces era creíble (por la percepción generalizada de que dicha práctica no ha sido sólo en este gobierno), pero en ese momento era inverificable. Ahora lo es, si atendemos los hechos recientes.
Cualesquiera que sean los resultados de la lucha que el mandatario asegura estar dispuesto a librar contra los espías ilegales, no deja de existir una responsabilidad política en los ámbitos del Gobierno y del Congreso de la República. Del régimen, porque han transcurrido casi 8 meses para confirmar viejas sospechas, y del Parlamento porque todavía tenemos legislación pendiente para conformar debidamente el sistema civil de inteligencia.
El momento es oportuno para abrir un debate que dilucide quiénes en este país tienen la capacidad no sólo de infiltrarse hasta en la “cocina” de la administración pública, sino de mantener y acrecentar la vulnerabilidad total del ciudadano.


AL FRENTE
RESPONSABILIDADES
01
¿Cómo garantizar que el espionaje no ha sido utilizado desde siempre en la Casa Presidencial? ¿Quién responderá por estas prácticas ilegales?

02
¿Cómo es posible que el organismo responsable de velar por la seguridad del Presidente no fuera capaz de descubrir los artificios de espionaje?

03
Si no fue la SAAS la que descubrió el espionaje, ¿quiénes alertaron al mandatario sobre la incapacidad de esa dependencia presidencial?


*Comunicador social