El 4 de agosto de 2007, el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson fue detenido a su llegada al Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, cuando intentaba ingresar ilegalmente una valija que contenía aproximadamente 800 mil dólares en efectivo.

Antonini Wilson había arribado a la capital argentina en una aeronave contratada, proveniente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas, en la que también viajaban funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la estatal petrolera argentina Enarsa.

La maleta fue descubierta en una requisa efectuada por el Servicio de Aduanas Argentino y su contenido fue decomisado por el organismo. Sin embargo, lo que capturó la atención de las autoridades fue que nadie se responsabilizó por los dólares confiscados. Antonini abandonó Buenos Aires sin reclamar el dinero.
Dos días después, el empresario estuvo en la Casa Rosada, como parte de la comitiva venezolana que acompañó al presidente Hugo Chávez en Argentina. El 7 de agosto Antonini abordó un vuelo con destino a Miami, para alejarse del escándalo que había despertado el episodio.

Sin embargo, la estrategia no fue muy efectiva, porque el 14 de agosto la justicia solicitó la captura internacional del empresario, por considerarlo sospechoso de contrabando y lavado de dinero. Posteriormente, las investigaciones realizadas por la Fiscalía Federal de Miami revelarían que los fondos incautados estaban destinados a la campaña de la candidata presidencial, actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

A finales del mes de agosto de 2007, Antonini fue ubicado por el FBI en su residencia en Miami, donde si bien no fue capturado, se le prohibió abandonar territorio estadounidense sin una autorización judicial. De inmediato la jueza argentina Marta Novatti solicitó su extradición, pero el proceso se paralizó una vez que Antonini Wilson decidió cooperar con el FBI en la causa que se llevaba a cuatro venezolanos y un uruguayo, acusados de actuar como agentes extranjeros en Estados Unidos.

Los implicados

Además del empresario venezolano, otras importantes figuras han sido señaladas por este caso. Entre ellos se incluyen los funcionarios argentinos que iban a bordo de la aeronave, Exequiel Espinoza, presidente de Enarsa; Claudio Uberti, director del Órgano de Control de Concesiones Viales de Argentina y encargado de coordinar la relación bilateral con Caracas; así como Victoria Bereziuk, asistente de Uberti. También están involucrados los venezolanos que ese día viajaron en el avión con Antonini Wilson, entre los que se encuentran Ruth Behrenes, representante de PDVSA en Uruguay; Nelly Cardozo, asesora legal de la empresa; Wilfredo Ávila, funcionario de protocolo; y Daniel Uzcategui Specht, el hijo de 19 años de Diego Uzcátegui Matheus, vicepresidente de PDVSA, quien renunció al cargo luego del episodio de la valija.

Sin embargo, la investigación iniciada por las autoridades estadounidenses ha agregado nuevos nombres a la larga lista de implicados. De acuerdo con la declaración jurada de Michael Lasiewicki, agente del FBI que investigaba el caso, Moisés Maionica, Antonio José Canchica Gómez, Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, Franklin Durán, y Carlos Kauffmann fueron acusados de actuar como agentes de la República Bolivariana de Venezuela en territorio estadounidense, sin tener autorización del fiscal general de esa nación como lo exige la ley en este tipo de casos. Según explica, estos personajes habrían participado en una conspiración para encubrir el origen y destino del dinero que se le confiscó en Buenos Aires a Guido Antonini Wilson.
Actualmente, Franklin Durán es el único que sobrelleva un juicio por estas acusaciones, ya que Kauffmann, Maionica y Wanseele se declararon culpables del delito. Mientras, José Canchica Gómez se encuentra prófugo de la justicia estadounidense.

Revelaciones adicionales

En la investigación que se sigue a los venezolanos Carlos Kauffmann y Franklin Durán en Estados Unidos se presentarán como antecedentes de sus acciones delictivas los sobornos que efectuaron a funcionarios de los ministerios de Finanzas y Educación, la Guardia Nacional (GN), PDVSA y las gobernaciones de los estados Vargas y Cojedes.

Según las informaciones reveladas por el fiscal Tom Mulyihill, Kauffmann y Durán realizaron el pago de sobornos por 23.8 millones de dólares a cuatro altos funcionarios del ministerio de finanzas por una operación de reestructuración de la deuda pública. Pero adicionalmente, estos ciudadanos han estado implicados en los sobornos a oficiales de la GN por adjudicaciones de contratos de suministro y en los pagos a altos funcionarios de las gobernaciones de Cojedes y Vargas.

Mulyihill solicitó permiso a un juez federal de Miami para incluir estos casos como antecedentes en el juicio contra Durán.