En su libro Un proyecto alternativo de nación afirma: “Tampoco deberíamos descartar que inversionistas nacionales, mediante mecanismos transparentes de asociación entre el sector público y el privado, participen en la expansión y modernización del sector energético”. Hoy equipara asociación con privatización.

“Falta discusión”, dijo en la toma de tribunas del verano pasado. Se amplió el debate según los términos exigidos por el dirigente.

El proyecto de reforma fue naturalmente moderado por la necesidad de considerar las enfrentadas posiciones de los tres principales partidos políticos, ninguno con el suficiente número de votos para sacar adelante su proyecto por sí solo.

Aún así, queda la impresión de que fue el grupo minoritario en la Cámara Alta el que desterró de los dictámenes finales las principales propuestas tanto del presidente Felipe Calderón como del PRI. Inclusive las exigencias más duras de los impugnadores del proyecto original fueron cumplidas a cabalidad.

Todos ganaron en la medida en que se incluyeron los intereses de los principales negociadores. Todos tuvieron que ceder; resulta lógico en cualquier negociación. Pero un sector de la oposición —el que cedió menos y ganó más de acuerdo a las posturas iniciales— no desea conceder nada.

Es más, se sabe de acuerdo a testimonios de los legisladores del FAP que el dirigente del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo avaló los acuerdos luego de escuchar los argumentos de victoria de senadores e intelectuales afines. Después, de manera sorpresiva, optaría por la resistencia.

Ahora el ex candidato presidencial del PRD anuncia que “esto no se acaba aquí”, convoca a un mitin en el Zócalo y adelanta que irá a San Lázaro para imponer su versión de lo que debería ser la reforma, con puntos y comas.

Hace siete años el hoy denostado presidente George W. Bush proclamó: “O están con nosotros o están con los terroristas”. El pensamiento que no admite matices ni cuestionamientos puede disfrazarse también de nacionalismo.

Estados Unidos escatima la ayuda

Los delincuentes no esperan trámites burocráticos, dijo el presidente Felipe Calderón hace dos semanas respecto del retraso en la entrega de los 400 millones de dólares que Estados Unidos prometió a México para la lucha contra la delincuencia organizada. Hoy la espera continúa.

Patricia Espinosa, canciller mexicana, aseguró meses antes que los recursos de la Iniciativa Mérida estarían disponibles en septiembre pasado. Al parecer el problema está en que el gobierno mexicano sólo tendría prestado el equipo y la tecnología que Estados Unidos ofreció en el plan.

En la reunión de trabajo que tuvieron ayer Condoleezza Rice, secretaria de Estado del país vecino, y Espinosa ya no aventuraron fecha, aunque se supone que la liberación de recursos sólo es cuestión de trámite. Eso sí, acordaron un resquicio burocrático más: una oficina especial binacional que dará seguimiento a los resultados de este proyecto.

Es una vieja tendencia estadounidense: no basta con negociar sino renegociar; no es suficiente con prestar con intereses sino imponer condiciones. Tal vez sería mejor agradecerles y buscar por otro lado.