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08/05/2005 | Amnesia de Octano Alto

Jerry Taylor y Peter Van Doren

Desde los ataques de septiembre 11, han crecido las persistentes voces que piden la disminución de la dependencia estadounidense en petróleo extranjero por miedo a que las importaciones del Medio Oriente dejen a EE.UU. peligrosamente vulnerable a la muy temida arma del petróleo. Esa causa ha sido fortalecida con una reciente carta para el presidente firmada por cuatro anteriores oficiales de seguridad nacional prominentes (James Woolsey, Robert McFarlane, Frank Gaffney y William Crowe), varios oficiales militares retirados, el Republicano C. Borden Gray, el estratega del partido Demócrata John Modesta, y varios exiliados de ambos partidos para repetir la estrategia energética de Jimmy Carter en los 1970s.

 

Tres palabras se vienen a la mente: Evítennos la fatiga.

La Coalición para el Futuro de la Energía—la operación que supervisa esta campaña—es en verdad una “Coalición del Pasado de la Energía” que sufre de un caso severo de amnesia. Las establecidas políticas que este grupo promueve—subsidios considerablemente aumentados para los combustibles domésticos alternativos y conservación agresiva supervisada por el gobierno—fueron fiascos de libros de texto económicos cuando fueron adoptados hace 30 años y no serán mejores ahora aunque de manera entusiasta los respaldemos una vez más.

Tal vez refresquemos nuestra memoria con una rápida lectura de “The Technology Pork Barrell”, publicado por Brookings Institution algunos años atrás. En el, los economistas Roger Noll y Linda Cohen analizaron minuciosamente la última cruzada federal para reducir las importaciones de petróleo extranjero—la fuga de ingresos de impuestos conocida como la Corporación de Combustibles Sintéticos, la cual fue acreditada por encontrar formas económicamente atractivas de transformar el carbón en petróleo y luego en gasolina. Solo una planta de gasificación de carbón fue construida (aún con $1.5 mil millones garantizados en préstamos federales). Esa facilidad, El Proyecto de la Gran Explanada en Dakota del Norte, quedó en banca rota y fue vendida por el gobierno federal en 1988 en $85 millones. Eso, en pocas palabras, es todo lo que el ciudadano que paga impuestos ha conseguido con la Corporación de Combustibles Sintéticos.

Un esfuerzo paralelo para desplazar el uso convencional de combustible en el sector eléctrico—El Acto de Políticas de Regulación de la Utilidad Pública de 1978 (PURPA, por sus siglas en inglés)—cargó a las utilidades con contratos alternativos de energía tan ruinosamente más costosos que los negocios amenazaron con huir de los territorios de servicio a menos que los políticos hiciesen algo sobre los costos de electricidad. (La consecuencia de la respuesta política—reestructuración de la utilidad eléctrica—todavía nos causa estragos hoy.) Todavía, ni el PURPA ni los subsidios multimillonarios federales establecidos para asistir aún más al desarrollo de energía renovable han hecho alguna diferencia real. Los defensores de la energía renovable dicen que Amory Lovins representó el consenso liberal de ese tiempo cuando predijo que en 1976 el 30% del total del consumo energético estadounidense sería derivado de energía “suave” (vientos, solar, biomasa, biogas, etc.) para el año 2000. La figura actual, dependiendo que tan elásticamente se desee definir la “energía suave”, es aproximadamente menos de 3%.

La manía de conservación del Presidente Carter también dio pocos resultados. El economista de energía Ronald Sutherland calcula que los criterios para medir la eficiencia de aparatos eléctricos establecidos bajo el Acto de la Política de Conservación de Energía de 1978 (NEPCA, por sus siglas en inglés) costará a los consumidores $46 mil millones para el año 2050 aún después de considerar los ahorros energéticos que estos proveen. Los economistas David Loughran y Jonathan Kullick similarmente reportan que los programas de conservación auspiciados por utilidades—también promovidos por NEPCA—redujo las ventas de electricidad por solo entre un 0.3% y un 0.4% en los territorios de servicio donde fueron empleados a un costo astronómico de entre 14 y 22 centavos por hora-kilovatio. En pocas palabras, los programas de conservación de Carter han costado más que la electricidad que suponían conservar.

Desafortunadamente, cuando se trata de intervención gubernamental en mercados de energía, el pasado es el prólogo. Etanol y otras formas de energía de biomasa—la moderna réplica de los programas Synfuels que fueron promovidos por la Coalición para el Futuro de la Energía—son una broma conocida entre economistas y generalmente opuestos por los ambientalistas. Desde ya en el lado receptor de alrededor de $1 mil millón de dádiva federal por año, etanol requiere más energía para producir que la que produce luego de su combustión y produce una contaminación de aire más preocupante que la de la gasolina convencional. En el sector eléctrico, los combustibles de biomasa generan más contaminantes que la electricidad naturalmente emitida por gases (el combustible que la biomasa probablemente desplazaría), de acuerdo a un reciente análisis de la literatura de los economistas Thomas Sundqvist y Patrick Soderholm.

La coalición también defiende subsidios para un híbrido de gasolina-eléctrica y otros vehículos con capacidades flexibles de combustibles y criterios más estrictos para la eficiencia del combustible para vehículos. Respecto a los previamente mencionados, un crédito de impuestos federales de $2,000 ya está disponible para los compradores de automóviles híbridos. ¿Qué más quieren estas personas? Respecto a esto, la Oficina del Congreso del Presupuesto reporta que haciendo los criterios más estrictos para la eficiencia del combustible de vehículos aumentará el precio de venta al público de los automóviles nuevos más allá de lo que esos automóviles le ahorrarán a los consumidores por el consumo reducido de gasolina a lo largo de la vida del vehículo.

También no está claro si los criterios más estrictos de la eficiencia de combustible actualmente resultarían en un consumo reducido de gasolina. Eso es porque la eficiencia promedio de los nuevos vehículos japoneses vendidos en EE.UU. está más allá del requisito de las regulaciones actuales. Las compañías japonesas de vehículos podrían posiblemente aumentar la venta de sus minivans sin violar las nuevas regulaciones. En pocas palabras, los criterios más estrictos de eficiencia de combustible podrían resultar solo en que los productores japoneses desplacen a los productores estadounidenses en vista de que el mercado de camiones no tiene un cambio neto en el número de camiones livianos vendidos.

Sin respecto a como uno se siente sobre el petróleo extranjero, la creencia de que el gobierno puede inteligentemente escoger ganadores en los mercados de energía o promover la conservación de una manera económicamente razonable es desacreditada por una avalancha de evidencias del mundo real. La mejor manera de debilitar al Qaeda es matando a bin Laden y a aquellos que lo apoyan, no subsidiando a General Motors para que hagan carros que de otra manera no podrían hacer.

Jerry Taylor es Director de Estudios de Recursos Naturales del Cato Institute.

Peter Van Doren es Editor, Revista Regulation del Cato Institute.

Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.

El Cato (Estados Unidos)

 



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