El Salvador carece de un marco legal que favorezca recursos y acciones para prevenir en forma continua y permanente el impacto de los fenómenos naturales. Organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación por la falta de interés en el Congreso para aprobar una Ley de Prevención y Mitigación de Desastres.
Mauricio Sermeño, director ejecutivo de la ONG Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), aclara que la normativa no prosperó pese a que El Salvador tiene una larga historia de tragedias provocadas por aludes, inundaciones y terremotos. Todos estos fenómenos deberían bastar para que el país mostrara interés por un instrumento que indique acciones de atención a víctimas, para, de tal forma, reducir los riesgos.
"Al no tener árboles, indudablemente las aguas inundarán el centro, que es donde están los sumideros, o drenajes, más antiguos de la ciudad, porque San Salvador comenzó a crecer del centro hacia afuera. En conformidad al tamaño de la ciudad entonces, se instalaron tragantes y sistemas pequeños de colección de aguas lluvias. Pero, en razón del constante crecimiento, aumenta también el caudal y, con ello, la presión en los antiquísimos sistemas de drenaje, causando su colapso. Se calcula que para mejorar ese sistema se necesita una inversión aproximada de 500 millones de dólares. A pesar de serlo, no se considera una prioridad, y eso es lo que la ley trata.
San Salvador, la capital, presenta diversas áreas vulnerables, y en distintos poblados cualquier lluvia continua provoca deslaves o inundaciones. La falta de legislación favorece el caótico crecimiento urbano y la sobre-explotación de los recursos. Ambas son prácticas que incrementan los riesgos para amplios sectores poblacionales.
En El Salvador, el invierno comenzará formalmente a mediados de este mes de mayo. Pero apenas ha comenzado el régimen de lluvias, y ya se registran inundaciones y el derribo de árboles. En las ultimas horas, varios poblados del occidente del país han sido afectados por una serie de sismos. En tales casos, el sistema de Emergencia está sujeto a brindar atención a las víctimas, porque las instituciones carecen de un fondo para la reducción del impacto de los desastres naturales.
Por su parte, las organizaciones ambientalistas no gubernamentales instan al Congreso a asumir su responsabilidad, y a agilizar y discutir la nueva norma de Prevención y mitigación de desastres.
