La explotación, el abuso y el enriquecimiento ilícito provocan explosiones populares que rechazan furiosamente la misma democracia que las permite y al mal llamado capitalismo de sistemas corruptos que los oprimen. Aspiran ciegamente a su desmantelamiento en lugar de afianzarlos racionalmente en un esfuerzo de desarrollo.

Son muchos los abusos que cometen regímenes centralizados y corruptos bajo la etiqueta democrática. Por ejemplo, en la pobrísima región peruana de Chulucanas, en el noroeste aledaño al Ecuador, el gobierno de Lima desarrolla la explotación de yacimientos de plata, oro, cobre y otros metales. A falta de capital nacional ha invitado la inversión de consorcios mineros extranjeros.

Estos consorcios acuden dispuestos a respetar leyes y normas y negociar legalmente los contratos con el gobierno central. El gobierno central vende tierras y llega a acuerdos con las empresas mineras que no tienen en cuenta el bienestar ni el futuro de los habitantes.

En parajes remotos tales como Huarmaca, los habitantes vienen a enterarse de los negocios concertados en la capital cuando el equipo minero pesado irrumpe en sus predios, se queman bosques, se desvía el agua de los ríos para la industria y se altera a veces irreversiblemente el entorno natural.

Aunque estos consorcios mineros proveen capital al país y empleos al nivel local o regional, esta bonanza es de corta duración y las minas cierran cinco o diez años después sin dejar beneficio permanente alguno a los pobladores y sí una herencia de deforestación, tierras arrasadas y contaminadas que no sirven para la agricultura. Al final, esos ciudadanos acaban más empobrecidos y la indiferencia de los ´´políticos´´ los enardece y los conduce a la rebelión.

En esta región, como en otras del mundo, los misioneros hacen una labor formidable. Los agustinos de Chulucanas no se limitan a obras de caridad, sino que abarcan proyectos de rehabilitación social y urbana, desarrollo cultural, autosuficiencia, enseñanza y adiestramiento en 180 poblados de la zona. Empero la labor de las instituciones de caridad es ejemplar, no basta.

La democracia implica la consulta popular en todas las decisiones que afecten a la población o a un sector de ella y corresponde al Estado aplicar sus mandatos. En proyectos como el de Huarmaca, una democracia genuina consultaría a los gobiernos municipales y convocaría a reuniones públicas para intercambiar opiniones con los pobladores y conocer sus problemas y objeciones.

La explotación minera estaría condicionada a programas de rehabilitación ecológica posterior y proyectos de infraestructura y desarrollo local que revirtieran una parte de las utilidades impositivas en beneficio de la zona y sus habitantes. Si no se llegara a un consenso con los pobladores, el gobierno central convocaría a un referendo que les permitiera escoger entre diversas opciones viables. Las soluciones son muy distintas y siempre serán mejores que caer en las manos de manipuladores extremistas interesados en destruir la democracia y el estado de derecho.

Conscientes de que las empresas extranjeras están dispuestas a invertir donde quiera que perciban utilidades razonables, hay que concertar convenios beneficiosos para todos. Conscientes de la existencia de políticos corruptos o incapaces que entorpecen o mancillan estos procesos, movilizarse para reemplazarlos con otros mejores por medios democráticos.

Crear organismos de acción política que supervisen las decisiones gubernamentales con un propósito de afianzar y legitimar las instituciones democráticas y no de destruirlas o desmantelarlas. Realizar reformas constitucionales que favorezcan la participación ciudadana. Además, la defensa del régimen democrático es indispensable porque es el único que garantiza la libertad y el estado de derecho. Si lo que piden las turbas es un régimen de fuerza que imponga las soluciones de unos pocos ´´iluminados´´, es deber de los pueblos hacerles frente.