En síntesis, podríamos entender la Ética como el conjunto de conocimientos, derechos, deberes, educación, cultura, tradiciones, normas, acuerdos sociales que establece la sociedad para procurar un modo de vida superior. Se define por la forma de ser comunidad y las relaciones de convivencia orientadas al bien común que siempre se coloca por encima del interés particular. El interés común definido por la ética tiene que ver con la manera como una comunidad se autodefine y construye relaciones de convivencia entre todos para lograr nuestros objetivos e intereses comunes; cuando se identifica el interés común y los intereses individuales se subordinan a éste, los actos individuales son juzgados por la colectividad en cuanto afectan la vida de los demás.

Los actos de la sociedad de organizarse, regularse y en general establecer principios y condiciones para el vivir bien, son tan antiguos como la sociedad misma. Estos esfuerzos se tradujeron en las leyes que califican la conducta humana y penalizan los actos que atentan contra estas normas o códigos de conducta.

Así como los países establecen leyes que deben ser obedecidas por todos sus ciudadanos, y se aplican en el ámbito de su territorio, la comunidad internacional ha establecido acuerdos y normas de carácter internacional que sus autoridades suscriben a nombre y en representación de los países, creándose de esta manera una obligación moral de cumplirlas, así como también se han establecido sanciones que se aplican a los países cuyos gobiernos incumplen estos tratados y que fundamentalmente afectan a sus economías y en consecuencia a los ciudadanos.

En otra dimensión mucho más pequeña y local, por tanto más especializada, se establecen normas en colectivos más pequeños como son las organizaciones sociales, como gremios, clubes y otros; sean éstas funcionales o territoriales. Por ejemplo, un colegio profesional, un club departamental, un sindicato, club de deportes, etc. Cada una de  estas organizaciones se crea con un código o estatuto que rige y regula el comportamiento y las relaciones entre sus miembros, así como las sanciones que se aplican a los que infringen estos códigos.

Al mismo tiempo, hay grupos de la sociedad que, en teoría, se regulan por códigos, pero cuyos mecanismos de aplicación y control son muy difíciles de establecer y aplicar. Uno de estos códigos es el código de la función pública. Existen muchas explicaciones sobre la inaplicabilidad del código de la gestión pública y, aunque las razones que citaremos no son necesariamente las más importantes, pero sin duda ayudarán a explicar las causas de por qué resulta tan difícil aplicar este código tan estudiado y perfeccionado.

Los bienes públicos, son de todos, por lo tanto no son de nadie, Por lo tanto nadie se preocupa por ellos. A diferencia de los bienes privados, cuyos propietarios se preocupan por protegerlos y preservarlos. Para un importante segmento de la sociedad, el Estado -a menudo confundido con Gobierno- es responsable de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, sin que a éstos les importe de donde provienen los recursos para este fin. El acceso a un puesto público es generalmente visto como un logro o un botín político que le da al trabajador derechos de usufructuar beneficios supuestamente adscritos al cargo, antes que la responsabilidad de cumplir un trabajo orientado al servicio público.

Los puestos, en la mayoría de las instituciones públicas, tienen dos extremos perversos y antagónicos:

Los empleados que gozan de estabilidad laboral. Muchos de ellos confunden la estabilidad con impunidad, porque son conscientes que continuarán en el puesto más allá de la calidad del desempeño de sus funciones, lo que no genera ninguna motivación ni por el logro ni por la sanción. Esta cultura del "nombrado" ha generado un prejuicio contra este personal público, el cual, generalmente, es puesto de lado por las nuevas administraciones. Al mismo tiempo, estos trabajadores estigmatizados (justa o injustamente) y marginados de la gestión pública, muchas veces son los que tienen un mejor conocimiento de ésta y usan este conocimiento como una suerte de chantaje laboral para preservar un espacio para ellos en la gestión de las instituciones públicas. Entre estos hay buenos y malos trabajadores.

Los empleados que ingresan de manera temporal a la administración pública, que se les denomina como empleados "contratados" por su relación laboral que es de carácter temporal y contractual. Ingresan a la administración pública, convocados por sus relaciones políticas con las nuevas autoridades, ya sea en reconocimiento y por necesidad de contar con sus capacidades profesionales o por la necesidad de "pagar los favores políticos" y generalmente sin tomar en consideración si tienen o no capacidades técnica para desempeñar el puesto asignado. Los primeros suelen tener buenos desempeños en el cumplimiento de funciones y son reconocidos por ello y aportan sus cualidades en beneficio de la gestión institucional, gozan de reconocimiento técnico, aunque muchas de las veces terminan buscando la colaboración de los "nombrados" sobre todo en lo que a procedimientos se refiere. Los trabajadores "contratados" sólo con base en su relación política con las muevas autoridades, generalmente son un lastre, acumulan cuotas de poder y buscan beneficiarse lo más posible de él en el menor plazo, corrompen lo que queda de los sistemas administrativos y abusan de sus compañeros de trabajo.
 
La pérdida de valores con relación a la administración pública, en este contexto, se ha venido incrementando sistemáticamente, producto de múltiples factores, como el incremento de los desequilibrios mundiales y nacionales, las crisis de las economías en los países, la proliferación de los antivalores, la globalización de éstos, la ausencia de una educación estructurada con base en valores, etc. Pero, probablemente, el fenómeno más notable y de mayor incidencia es el cinismo cada vez mayor con el que se perpetran los actos delictivos de los gobernantes contra la sociedad que los elije.

Si la sociedad no es capaz de reconocer los síntomas y efectos de la sistemática desintegración social de la ética y los valores, pronto no será capaz de detener la inercia que lo conducirá a una crisis total. Quizás la humanidad pueda -como el Ave Fénix- recrearse de sus cenizas; pero, éstas es una apuesta que no sería deseable averiguar.

Los ciudadanos no se sienten con la capacidad de tratar de frenar estas crisis de valores, en especial, de valores morales; porque, en el fondo, no sabe que puede hacerlo porque le asisten los derechos fundamentales de la humanidad, sino porque, al mismo tiempo, desconoce que junto con sus derechos tiene la obligación de luchar por los valores esgrimiendo en una mano sus derecho y en la otra la espada contra los quienes buscan mantener esta situación de privilegio.

Hoy más que nunca tenemos que mirar de cerca de quienes se han perpetuado en las dirigencias de los partidos políticos para asegurarse que sean los mismos individuos los que sigan usufructuando del poder y la impunidad de dar leyes que principalmente los benefician a ellos y les permiten seguir medrando en la función pública, Gobierno tras Gobierno, Congreso tras Congreso, Juzgados tras Juzgados.

Podemos concluir este artículo con la frase: La ley obliga; pero, la ética  exige; esta frase fue citada por el Sr. James Wesberry en su exposición magistral durante el evento "Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación al Servicio de una Gestión Municipal con Ética y Transparencia", que se llevó a cabo en Chiapas, México, en octubre del año 2001.

Felizmente, todavía existen algunas instituciones que se esfuerzan por hacer de los valores una guía para una vida mejor, para el de beneficio de toda su comunidad.

(*) El autor es especialista en capacitación y en temas de desarrollo local, descentralización y municipalidades. Actualmente es Director del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal-INICAM. Socio fundador de la Asociación INFODEL. Ha sido Director de Asistencia Técnica y de Capacitación en el Instituto Nacional de Desarrollo urbano INADUR, y consultor de corto plazo del Banco Mundial, USAID,  BID, GTZ, EZE, así como diversas municipalidades, entre otras.