Luego del 10 de diciembre de 1983, fecha en la que Raúl Alfonsín asumió como Presidente de la Nación iniciando esta etapa democrática, se produjeron cinco elecciones presidenciales, doce legislativas nacionales, un plebiscito y una elección de convencionales constituyentes. Sin embargo, la consolidación democrática que se logró mediante la realización de elecciones periódicas no fue acompañada de una mejora en la calidad institucional partidaria, lo cual marca la principal debilidad del sistema en estos veinticinco años.

En la actualidad, tanto desde el gobierno nacional como desde la oposición se repite como un slogan de campaña permanente la importancia de mejorar la calidad institucional del país. A pesar de ello, los partidos que dicen representar carecen de instituciones y calidad democrática interna, con lo cual es difícil entonces que una vez en el gobierno puedan hacer algo distinto.

Efectivamente, más allá de sus diferencias, el kirchnerismo y los líderes mediáticos de la oposición no han hecho nada por modernizar la política. El gobierno no lo hizo en ningún sentido y hasta eliminó de la agenda pública el tema de la reforma política. Por su parte, la actual oposición carece de la visión política que se requiere para lograr gobernabilidad y ayudar a fortalecer la democracia, para lo cual primero necesitan construir partidos modernos, participativos, transparentes y democráticos, teniendo solamente que implementar innovadoras disposiciones al interior de los mismos.

Luego de 25 años de democracia y ante un preocupante desinterés ciudadano en la participación política, los partidos tienen que encarar una profunda modernización en su funcionamiento interno. Además, si los partidos deben competir entre ellos por los cargos públicos electivos, sería recomendable que junto con diferenciarse por sus propuestas políticas también lo hicieran por sus métodos de participación interna.

Al respecto, en el marco de libertad de asociación que disponen, los partidos políticos en sus cartas orgánicas podrían, en primer lugar, utilizar sistemas electorales competitivos, innovadores y transparentes en sus votaciones internas que alienten la participación, fomenten la competencia y garanticen una más genuina representatividad.

Otra disposición que podrían establecer los partidos internamente para evitar la concentración del poder, sería la incompatibilidad entre el ejercicio de un cargo público electivo y el de autoridad partidaria, algo que fomentaría la participación e impediría el uso de los recursos y empleos públicos destinado a la actividad política del partido. De la misma manera, otra sana disposición sería impedir las reelecciones consecutivas para cargos públicos y partidarios; y, finalmente, empezar con el ejemplo en materia de prácticas austeras y meritocráticas en la designación de colaboradores en la función pública.

Por otra parte, entre tantas sospechas por el indebido financiamiento de las campañas electorales, un partido moderno, que convoque a la participación, debería contar con afiliados comprometidos realmente y que en consecuencia contribuyan a su sostenimiento económico y muy especialmente frente a los gastos que demandan las elecciones.

En estos 25 años hubo muchos avances, más allá de las elecciones periódicas. Pero queda la sensación que en este período los partidos y la dirigencia política no han madurado lo suficiente como para fortalecer la democracia y la calidad institucional del país.

Gabriel C. Salvia es Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).