El gobierno castiga a las Pymes con una presión tributaria inédita e injusta. Claramente confiscatoria. Oficialmente se consolida un conjunto de leyes laborales que, lejos de proteger al trabajador, lesionan de muerte la posibilidad de generar empleo genuino.

Los proyectos de ley de ART, el fomento de la industria del juicio, los subsidios encubiertos a abogados y peritos, la doble indemnización por despido, y la creciente injerencia de los sindicatos en la dirección de las compañías atentan contra la creación de empleo real y de largo plazo. Controles de precios y el resurgimiento de empresas públicas fortalecen esta hipótesis.

El subsidio que implica el tipo de cambio elevado y los precios internacionales inéditos permiten, por ahora, disimular los efectos. Las presiones sobre la prensa y el natural temor del empresariado explican el silencio.

Este “nuevo modelo productivo” manifiesta una clara preferencia por las llamadas “empresas recuperadas”.

En una de las primeras reuniones con líderes “piqueteros y sociales” el Presidente Kirchner manifestó que “tomar fábricas es una solución creativa”. Mas allá de las declaraciones, hay una política directa del Ministerio de Trabajo para fomentar las famosas “fábricas recuperadas” a través del Programa Trabajo Autogestionado.

Se trata de empresas que, en proceso de convocatoria o quiebra, son ocupadas por los obreros (violenta o pacíficamente) y protegidas por la administración mediante subsidios, prebendas y confiscaciones.

Actualmente entre 150 y 200 empresas recuperadas emplean a casi 10.000 personas. La situación legal de la propiedad que ocupan es en todos los casos dudosa. Muchas administraciones provinciales y municipales proceden a expropiaciones motivadas generalmente por cuestiones políticas y presiones cuasi violentas.

Dichas empresas representan los mas variados rubros tales como construcción, metalúrgicas, alimentación, indumentaria, textil, vidrio, transporte, salud, educación, autopartes, hotelería, química, gráficos, etc.

Algunos gobernadores dirigen sus compras gubernamentales a este tipo de cooperativas violando el principio de igualdad ante la ley y de transparencia de los actos de gobierno. Otros otorgan ligeros permisos de operación y subsidios de funcionamiento.

En varios portales de internet contienen no sólo información sino instructivos para tomar una fábrica.

El Ministro de Trabajo Carlos Tomada, auspició y abrió una muestra de las empresas recuperadas. Una oficina de su ministerio se dedica al “trabajo autogestionado”. La “Primera exposición de empresas y fábricas recuperadas por los trabajadores” fue declarada de “interés nacional, parlamentarios y municipal.

Extraña paradoja de Kirchner. Por un lado la falta de crédito, los impuestos y la ley laboral destruyen empresas y convierten a los juzgados en auténticos cementerios de Pymes. Por otro lado, fogonea la “solución creativa” de ocupar las fábricas. ¿este es el nuevo modelo productivo?

¿El gobierno piensa que fomentando la ocupación de plantas y establecimientos es posible competir internacionalmente, generar tres millones de empleos genuinos y crear la riqueza que el 50% de la población necesita para salir de la pobreza?

Mientras la soja y el petróleo financien el buen humor, el sesgo antiempresario no tiene costo visible. El problema surgirá cuando sea necesario trabajar en serio, sin subsidios ni viento de cola.

Es necesario revalorar el rol del empresario creativo. El empleo, la prosperidad, y la distribución del ingreso justa son hijas de las empresas y la generación de riqueza. El gobierno debe sincerar su política. Si quiere progreso y empleo para todos, debe reducir la carga tributaria, eliminar las indemnizaciones por despido, racionalizar el sistema de ART, eliminar la industria del juicio y bajar a cero los decibeles de sus declaraciones. Endulzar los oídos de la izquierda romántica de los barrios selectos de Buenos Aires puede generar votos, pero no crea empleo.