El trabajo en régimen de servidumbre constituye la principal forma de trabajo forzoso en la región, y afecta primordialmente al sur, y en particular a los países asiáticos de India, Nepal y Pakistán. Suele comenzar cuando los pobres carecen de opciones que no consistan en obtener un préstamo o un anticipo salarial de su empleador, con el fin de cubrir gastos urgentes o sociales de importancia. Posteriormente, les resulta imposible efectuar el reembolso por distintas razones, incluidos unos tipos de interés elevados, una baja remuneración o los precios excesivamente inflados de los insumos agrarios o de otros factores de producción esenciales suministrados por el terrateniente o el empleador.

El analfabetismo agrava el problema, ya que los deudores son incapaces de mantener o comprobar los registros de los pagos del crédito efectuados y, en la mayoría de los casos, no existe siquiera un contrato por escrito.

Los actos de violencia y la amenaza de recurrir a ésta pueden utilizarse para imponer el régimen de servidumbre, o pueden aplicarse estrategias más sutiles, como la exclusión de futuros puestos de trabajo. En los peores casos, pueden imponerse regímenes de servidumbre a los niños independientemente de sus familias, o los hijos pueden heredar las deudas contraídas por sus padres.

Las manifestaciones más antiguas de trabajo en régimen de servidumbre transmutan en otras más nuevas que, aunque siguen siendo generalizadas en su ámbito tradicional de la agricultura, se encuentran cada vez con mayor frecuencia en otros sectores como el servicio doméstico, las fábricas de ladrillos, los molinos arroceros, las explotaciones de minas y canteras, y la confección de alfombras.

Los gobiernos de India, Nepal y Pakistán han promulgado legislación para proscribir los sistemas de trabajo en régimen de servidumbre, y han cosechado diversos grados de éxito. Unos 18.000 antiguos “kamaiyas” identificados en Nepal han recibido alguna forma de rehabilitación, incluidos terrenos y materiales de construcción de viviendas para los más pobres, así como otras modalidades de asistencia como formación profesional para la adquisición de destrezas y acceso a microcréditos. No obstante, por el momento, la situación política en Nepal sigue siendo un impedimento para la ejecución de los programas de la OIT en este país.

En India, el “régimen de patrocinio central” de la Administración ofrece subvenciones financieras y en especie a trabajadores en régimen de servidumbre liberados y a sus parientes: más de 285.000 personas se han beneficiado hasta la fecha. Además, se han registrado casi 5.000 casos de procesamiento con arreglo a la Ley (de abolición) del sistema de trabajo en régimen de servidumbre de 1976. En 2001, Pakistán aprobó su Política nacional y Plan de acción para la abolición del trabajo en régimen de servidumbre, que constituye el marco para el tratamiento del problema, concentrado fundamentalmente en la agricultura y las fábricas de ladrillos de las provincias de Sindh y Punjab.

Otras formas de trabajo forzoso

El tráfico de personas para la explotación sexual comercial forzosa crece, pero con 1,4 millones de afectados, concentra a menos del 10 por ciento del total de víctimas.Se estima que el beneficio anual generado por el trabajo forzoso vinculado al tráfico de personas en la región de Asia y el Pacífico asciende a 9.700 millones de dólares de Estados Unidos. Las disparidades económicas en la subregión del Mekong alimentan el tráfico de mujeres y niños desde Myanmar, Laos y Camboya hacia Tailandia. Las mujeres y los niños procedentes de Indonesia y Filipinas son trasladados para ser explotados sexualmente con fines comerciales en países de destino como Australia, China, la RAE de Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, China.

La incidencia del trabajo forzoso entre los trabajadores del servicio doméstico trasladados de dichos países a Malasia, Singapur y Hong Kong es elevada. Por ejemplo, en Japón y Australia, las mujeres entran en el país legalmente con visados de “turismo”, con la esperanza de trabajar en discotecas, para acabar siendo obligadas a prestar servicios de índole sexual.

En China, la migración interna masiva de las áreas rurales a las urbanas coloca a muchas mujeres jóvenes y niñas, en particular, en una situación de riesgo elevado de explotación laboral y sexual. Numerosos migrantes chinos son asimismo susceptibles de ser víctimas del contrabando y el tráfico de personas hacia enclaves comerciales étnicos en Europa y América del Norte, donde se ven atrapados en condiciones similares a la esclavitud en talleres clandestinos, restaurantes y el servicio doméstico.

Las causas radicales del tráfico y la migración irregular comprenden la pobreza, el endeudamiento y las limitadas oportunidades de educación y empleo en las comunidades rurales de origen, así como la exclusión social y la atracción ejercida por las grandes ciudades. Algunas mujeres y niños son vendidos y destinados al comercio sexual, mientras que otros son objeto de tráfico para trabajar en el servicio doméstico o en tareas agrarias estacionales.

Los gobiernos de Australia e Indonesia pusieron en marcha el “proceso de Bali” para desarrollar medidas prácticas a escala regional contra el tráfico y el contrabando de personas. El proceso se ha transformado desde entonces, pasando de la mera enunciación de principios a la adopción de medidas de índole más práctica, y otorgando más prioridad a la prevención del tráfico y a la protección de las víctimas que a la intercepción del contrabando.

En China, se han llevado a cabo arrestos y procesamientos adecuadamente publicitados de jefes de redes de tráfico, así como un endurecimiento de las penas. Entre 2001 y 2003, el Gobierno investigó más de 20.000 casos, en los que se rescató a 43.215 mujeres y niños y se arrestó a 22.018 traficantes. Se han emprendido acciones públicas para impedir la emigración ilegal de trabajadores al extranjero, basadas en la desarticulación de cientos de agencias de intermediación de mano de obra no registradas.

En torno al 20 por ciento del trabajo forzoso (que afecta aproximadamente a 1,9 millones de personas) es impuesto por el Estado, y se concentra en unos pocos países. En Myanmar, se requiere la prestación laboral a gran escala de la población de las aldeas, incluidos hombres, mujeres, niños y personas de edad avanzada, para tareas de cultivo, porteo, vigilancia, y construcción y reparación de carreteras y puentes. Si los aldeanos se niegan a cumplir las órdenes, pueden ser objeto de amenazas, encarcelamiento y actos de violencia.

“El caso de Myanmar demuestra que resulta imposible avanzar de manera efectiva en la lucha contra el trabajo forzoso cuando existe un clima de impunidad y represión contra las personas que denuncian este tipo de abusos”, comenta Roger Plant, autor del informe global sobre el trabajo forzoso.

Puesto que no se les reconoce como trabajadores y se les niegan sus derechos como tales en los países asiáticos, el personal dedicado al servicio doméstico puede ser objeto igualmente del trabajo forzoso. Para corregir tal situación, tanto Filipinas como Indonesia han formulado ya proyectos de ley en los que se establece un salario mínimo para los trabajadores del servicio doméstico, así como jornadas y prestaciones laborales similares a las que se aplican a los empleados en otros sectores. Japón ha emprendido recientemente un conjunto de medidas encaminadas a erradicar la explotación de mujeres migrantes y víctimas del tráfico de personas, incluida la aplicación rigurosa de las normas para concesión de visados de turismo, la concesión de asistencia financiera a las víctimas para que regresen a su lugar de procedencia, y el refuerzo de la cooperación con los países de origen.

La OIT ayuda a Indonesia y Filipinas a potenciar la capacidad de actuación de las organizaciones de trabajadores de estos dos países, y crea vínculos con las organizaciones de trabajadores migrantes en países de destino vecinos como Malasia y la RAE de Hong Kong. En la región del delta del Mekong, el Proyecto de Mekong para el Combate al Tráfico de la OIT trabaja para prevenir la migración inadecuadamente preparada de grupos vulnerables como los compuestos por hombres y mujeres que resultan más fáciles de conducir al desempeño del trabajo forzoso mediante el tráfico de personas.

Mediante proyectos de cooperación técnica en India, Pakistán y Nepal, la OIT aborda la situación del trabajo en régimen de servidumbre y asiste a los gobiernos en la provisión de una rehabilitación eficaz a las familias liberadas de tal forma de abuso y en la atención de las necesidades específicas de los más desfavorecidos entre los pobres, y en especial de las mujeres, que constituyen el grupo más vulnerable a las trampas vinculadas al endeudamiento. Un aspecto importante es la colaboración con instituciones de microfinanciación para ayudar a éstas a desarrollar y ofrecer mecanismos de ahorro, crédito y otros servicios financieros como los seguros de vida, especialmente adaptados para que las familias no tengan que seguir recurriendo a sus empleadores o terratenientes para obtener préstamos. Con todo, la situación política actual en Nepal constituye un grave impedimento a la acción efectiva.

Una importante iniciativa de la OIT encaminada a prevenir el tráfico de mujeres y niñas entre Camboya, la provincia de Yunan en China, Viet Nam, la República Democrática Popular Lao y Tailandia ha contribuido a atenuar la vulnerabilidad de niñas y mujeres jóvenes respecto al tráfico de personas, al advertirles de los peligros de una migración mal informada. Se les anima a participar activamente en la formulación de soluciones a los problemas en sus comunidades de origen que dieron lugar a esta forma de migración.

En China, un nuevo proyecto de la OIT se propone reforzar la capacidad del Gobierno y las instituciones laborales para abordar los aspectos del tráfico de personas relacionados con el cumplimiento de la ley. El proyecto comprende la recogida de datos, la identificación de víctimas y el desempeño de actividades en el terreno legislativo y policial en determinadas provincias con un elevado índice de emigración. En Viet Nam, la OIT ha prestado su asistencia técnica a un Grupo de trabajo interministerial en materia de trabajo forzoso, constituido para revisar diversas cuestiones relacionadas con esta forma de abuso en el ámbito de la legislación y la práctica, así como para supervisar un estudio exhaustivo de la situación del trabajo forzoso en el país.

El proceso ha culminado con éxito la movilización de una amplia gama de departamentos de la Administración bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo, Discapacitados y Asuntos Sociales, reforzando el consenso respecto al trabajo forzoso y a la importancia para Viet Nam de erradicar esta lacra. En Mongolia, se han examinado posibles prácticas de trabajo forzoso, incluida la imposición de la obligación de efectuar horas extraordinarias en el sector de la manufactura, y la colocación de presos a disposición de empresas privadas en las industrias textil y del vestido.

Notas

^*/          “Una alianza global contra el trabajo forzoso”, Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 2005. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra 2005. ISBN 92-2-315360-3. Precio: 35 francos suizos.