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19/02/2009 | México - Confluencia del narco con la política de la ilegalidad

Jorge Fernández Menéndez

El martes, Reynosa fue objeto de una batalla entre sicarios, policías federales y militares. En pleno centro de la ciudad, durante más de tres horas, bandas del crimen organizado se enfrentaron con fuerzas de seguridad utilizando todo tipo de armas e incluyeron bazucas y granadas. El saldo ha sido de por lo menos diez muertos y más de una docena de heridos. Al mismo tiempo, la impunidad con que se dejó actuar a los grupos de manifestantes financiados por el narcotráfico en Monterrey, generó que se repitieran y ampliaran esas formas de desafío al Estado en esa ciudad (aunque en esta ocasión intervinieron finalmente las fuerzas de la policía federal y las locales antimotines) y que se ampliaran a otras ciudades con fuerte presencia del grupo de Los Zetas, sobre todo Nuevo Laredo y varias en el estado de Veracruz.

 

La violencia indiscriminada (los enfrentamientos en Reynosa se produjeron en la zona comercial, en horas de clase, frente a por lo menos tres escuelas) ocurrió al mismo tiempo que se realizaban las también violentas, pero de otro signo, manifestaciones. Hace tiempo dijimos en este espacio que los grupos del narcotráfico están actuando con una lógica de guerrilla (o de grupo ultrarradical) sólo que sin ideología. Quizás eso está cambiando. Y en esta nueva etapa de enfrentamiento contra el narcotráfico, que implica una presencia mucho mayor del Ejército Mexicano, están dando una doble lucha: la armada y la “social”, al financiar movilizaciones de los sectores más marginales que son su base social real y confluyen con organizaciones muy radicales, alentadas desde grupos políticos muy concretos y públicos.

No es un fenómeno nuevo: ya lo hizo en su momento Pablo Escobar en Colombia, incluso logrando una intervención abierta en el Congreso de su país. Muerto Escobar, han sido las FARC, aunque con un disfraz ideológico, las que lo hacen regularmente y ocurre, con características mucho más masivas que en México, en algunas ciudades del Brasil, sobre todo Río de Janeiro, donde los grupos criminales controlan las enormes favelas que rodean la ciudad y desde allí han dirigido no sólo bloqueos, sino también, en por lo menos dos ocasiones, paros generales.

Lo notable es que este tipo de movilizaciones violentas, que generan bloqueos, pero también agreden a automovilistas, negocios y ciudadanos de a pie, han tenido el visto bueno previo de los partidos políticos, sobre todo de un sector del PRD, del lopezobradorismo y algunos grupos afines, que son los más violentos y propensos a este tipo de actos, aun cuando todos han tomado alguna o muchas veces esa ruta, y todos, en algún momento, han financiado alguna agrupación para que lo hiciera. Y esas acciones, aunque fueran terriblemente violentas, han sido aceptadas, toleradas, justificadas e incluso defendidas por grupos partidarios, sociales y mediáticos. Si se bloquea Paseo de la Reforma durante semanas es aceptado por las autoridades locales; si los mismos grupos se instalan durante meses en la Plaza de la República, también; si se bloquea una carretera federal, es tolerado; si se cierran las entradas a una ciudad durante horas, como ocurrió en Cuernavaca, se dice que no se puede reprimir; si Antorcha Campesina o los maestros, aunque no lo sean, se quieren quedar durante meses cerrando calles de distintas ciudades, lo hacen mientras otros “dirigentes” le pagan a su gente para que se desnuden en las calles y no pasa nada. Todo es tolerado aunque se viole la ley. ¿Por qué no utilizaría entonces ese espacio el narcotráfico?.

Se analizó en la Suprema Corte el caso de Atenco y se condenó, con razón, la utilización excesiva de la fuerza pública, pero se olvida que los “pobladores” de ese municipio, en realidad un grupo político muy violento, realizaron a su vez una enorme cantidad de violaciones y daños a particulares, funcionarios y policías, desde mucho antes de que se diera esa acción represiva. Y que las mismas fuerzas políticas que con tanta firmeza exigieron la investigación de la represión, justificaron y alentaron que, por ejemplo, se secuestrara y golpeara a policías y se les mantuviera como rehenes. ¿Por qué debería extrañarnos? Cuando se dio el secuestro, el linchamiento y la incineración de los policías federales en Tláhuac, debido a una turba dirigida por miembros de grupos armados confabulados con narcomenudistas, las fuerzas de seguridad locales no intervinieron y, luego de los hechos, López Obrador, entonces jefe de Gobierno de la ciudad, aseguró que todo era parte de los “usos y costumbres” del pueblo.

El resultado de todo esto es que, mientras el narcotráfico explota esa permisividad política (permisividad de partidos y autoridades, pero cada vez menos de los ciudadanos, que están hartos de ello aunque no cuenten con los instrumentos para romper con ese estado de cosas, lo que terminará generando a su vez más violencia), se chantajea a la sociedad y se exhibe al Estado, mientras se exponen, como se hace con cobardía, a niños y mujeres, utilizándolos de escudos humanos en esas movilizaciones (lo que también aprendieron de los mismos grupos políticos).

El tema pasa por el dinero y las armas: son éstos los que mantienen el control de zonas marginales e imponen su ley, mientras las autoridades lo toleran y hablan mucho sobre el tema, pero no hacen la labor de seguridad, de inteligencia y política que deberían, sobre todo en las zonas donde hay que disputarle al narcotráfico y al crimen organizado esa base social.

En este contexto no deja de ser preocupante la creciente confluencia de métodos, de formas de operar y de objetivos de los grupos criminales con las organizaciones políticas más radicales: tienen, hoy, enemigos comunes. También, un objetivo común: desestabilizar. Y, más temprano que tarde, en esta lógica y si es que ya no lo tienen, poseerán también un negocio común.

Excelsior (México)

 


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