Eso es precisamente lo que estaría sucediendo ahora con la detención, en una confusa operación militar, de un número indeterminado de dirigentes políticos cuya principal característica es ser opositores al régimen de Morales, lo que ha causado una gran conmoción política y social en el país altiplánico.

Aunque voceros gubernamentales señalan que “es la justicia la que está actuando” por una presunta participación de los detenidos en una masacre de campesinos el año pasado, lo cierto es que el comportamiento de los fiscales y de los organismos judiciales deja muchas dudas sobre el debido proceso.

La verdad es que, luego de ganar el referéndum que da luz verde a una nueva Constitución, tan controvertida como difícilmente aplicable, las críticas al Gobierno no han cesado, sobre todo en las regiones de la media luna, lo que a su vez ha generado duras reacciones verbales de Morales. No solo ha enfilado baterías contra los medios de comunicación y la Iglesia Católica, sino también se ha vuelto más populista al decretar arbitrarios aumentos salariales en momentos en que la crisis internacional golpea, al igual que a todos, a las empresas bolivianas, que además ya no cuentan con los beneficios del ATPDEA. Adicionalmente, han estallado escándalos de corrupción en empresas estatizadas, lo que obviamente ha motivado duras críticas de sus opositores, cada vez más incómodos para el régimen.

En tal contexto, la detención de opositores no puede ser casualidad. Como experimentamos los peruanos, durante el régimen fujimontesinista, estos actos reñidos con la ley, promovidos por las mismas autoridades que deberían ser las primeras en exigir el cumplimiento de las normas, no llevan a nada bueno, por lo que deben ser denunciados de inmediato, dentro y fuera del país.

Desgraciadamente, lo que empieza con actos aislados de arbitrariedad y voluntarismo termina con el arrasamiento de la oposición y de los poderes públicos, con el encumbramiento de figuras oscuras que medran del poder y corrompen el Estado y con el abuso y la violación de las libertades básicas en que nadie sabe a qué atenerse.

La pregunta es: ¿Pasará Morales ahora a una nueva estrategia de mano dura y amedrentamiento de la oposición? ¿Querrá repetir el modelo chavista de careta democrática y entraña autoritaria? ¿Hasta dónde puede soportar Bolivia, que ya ha estado al borde de una guerra civil, los excesos de un gobierno cada vez más autoritario? ¿Qué consecuencias habría para la región?

La comunidad internacional, principalmente la OEA y los organismos supranacionales de derechos humanos, no puede ser ajena a estos hechos y tiene que advertir sobre las graves consecuencias que pueden traer para los bolivianos y para la región. En cuanto al Perú, vemos este caso con especial cuidado, dado que puede incidir en cuestiones políticas y sociales, sobre todo en nuestra frontera sur.