Su impericia muestra la tensión entre la evocación de la ausencia de concepto, diagnóstico y estrategia y la expresión de una presencia de realidad atronadora.

Los hechos que apuntan a configurar una tendencia consistente en ese sentido son numerosos y de tiempo atrás; los recientes episodios de acciones directas de grupos organizados en Monterrey —“los tapados” (protestas públicas, pequeñas manifestaciones y bloqueos viales de brigadas dispuestas al enfrentamiento con las fuerzas del orden)— tienen antecedentes que muestran una relativa versatilidad en formas de intervención política (mujeres defensoras de los derechos humanos de los presos en Almoloya, protestas contra el Ejército en tareas de seguridad pública, barrios que espontáneamente expulsan y/o linchan fuerzas policiales no pactadas, etcétera…).

La ineptitud conceptual y mediática, de funcionarios de primer nivel, remite no sólo a limitaciones personales o a invasiones temáticas (hablan de lo que no les toca y no saben), sino que apunta a un problema esencial del gobierno de Calderón: que la piedra angular —gobernación efectiva y legitimación política— que es la “guerra” al narcotráfico, carece de sostén conceptual, sentido estratégico y responsabilidad ética.

El intervencionismo político del crimen organizado, su apelación a “bases sociales” propias, que pareciera extralógico en el anacrónico e impertinente marco conceptual de la “guerra” (por eso diatribas absurdas y machistas sobre la cobardía de los cárteles por utilizar mujeres y niños en sus acciones de “protesta”), resulta una de las dimensiones características del comportamiento criminal en el contexto contemporáneo de los conflictos armados de nuevo tipo, propios de las condiciones del mundo globalizado post-guerra Fría. En la actual situación, la economía criminal juega un papel crucial de simbiosis con los flujos financieros y el intercambio de la economía formal, sobre todo, con mayor facilidad y rentabilidad, cuando interactúa en y con Estados en descomposición, de trama institucional disfuncional, afectados con crónica y deficitaria legitimidad y crecientes e insolubles problemas de gobernabilidad, como ya es el caso del estado mexicano.

El control de territorios (barrios, zonas agrícolas, poblaciones fronterizas) y ámbitos sociales específicos (administraciones, policías y funcionarios, locales y nacionales; segmentos de los aparatos de impartición de justicia, aduanas, aereopuertos y puertos marítimos, rutas…). Las batallas por el control de puntos de venta y plazas de mercado y grupos delincuenciales locales, suponen la existencia de bandas armadas y segmentos sociales de población incorporados a la lógica criminal. En esos espacios la violencia cumple con una función regulativa de las relaciones sociales, económicas y culturales: dinero de extorsión, compra de protección en lugar de impuestos; obsecuencia y lealtad por miedo, interés o simpatía; promoción y reconocimiento social; disposición política para defender y/o legitimar esa otra lógica socio-cultural (antigubernamental).

La crisis económica coadyuva al desarrollo de esas tendencias de sobrevivencia autárquica, la violencia como medio dominante de regulación económica y social, enfáticamente, en zonas de apartheid social. Es sabido, el narcotráfico es un fenómeno de alta complejidad (multidimensional, global, económico, geoestratégico); asumir acríticamente “la guerra”, casi una cruzada, como el modo idóneo para su procesamiento estatal es simple pereza mental, envalentonamiento retórico, garantía de fracaso. La opinión ilustrada no debiera ser cómplice. Sin autocrítica —es terrible— no hay futuro promisorio.

FCPyS-UNAM. Cenadeh.

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