Un ex Viceministro de Seguridad Interna y Externa, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, reconoce abiertamente haberse reunido siete veces con una de las máximas autoridades de un grupo terrorista, de quien, sin recelo, dice haber sido “amigo personal”. Un ex Jefe de Inteligencia del Ejército asegura que esas reuniones sólo pudieron llevarse a cabo en territorio ecuatoriano, es decir, en el campamento de las FARC en Angostura.
El ex Viceministro ha dicho también que él coordinó la reunión entre el jefe guerrillero y un ex Ministro (primero de Gobierno y luego de Seguridad Interna y Externa). Sin embargo, este ex Ministro (quien, al parecer, tuvo dos cédulas de identidad y las renovó en repetidas ocasiones) niega que su ex colaborador haya gestionado estas reuniones, cuyo fin, supuestamente, era promover el “intercambio humanitario” (con la salvedad de que dicho intercambio sería entre criminales y personas inocentes privadas de su libertad).
El secretario de una organización de derechos humanos, cercano a miembros o ex miembros del Gobierno, niega tener vínculos con las FARC, pese a haber intercedido por las guerrilleras sobrevivientes del ataque al campamento de Angostura y de, presuntamente, haber ayudado a que estas personas abandonen el país.
Peor aún, la organización de “derechos humanos” encabezada por este funcionario (que también ha tenido procesos en su contra por estafa y daño moral, entre otros motivos) entregó generosamente “carnés humanitarios” a miles de ciudadanos colombianos, lo que, al parecer, permitió que un miembro de las FARC se movilizara libremente por el país (este guerrillero aparece fotografiado con el ex Viceministro y el funcionario de derechos humanos).
Algunos de los implicados en este caso, como era de esperarse, han acusado a los medios de “tergiversar la información”. Lo importante es que no se pretenda tapar este grave escándalo con bombas de humo y que los órganos judiciales investiguen a tiempo y no cuando los involucrados hayan salido del país, como ya sucedió antes.
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