''Inicialmente destinamos unos 1.000 soldados para este operativo que esperamos ayude a frenar el alto índice delincuencial del país'', dijo el martes en rueda de prensa el jefe de Operaciones de las fuerzas armadas, coronel Bartolomé Fúnez.

Informó que la tarea se concentra en las provincias de Atlántida y Colón, al norte; Copán y Santa Bárbara, al oeste y Francisco Morazán, en la zona central del país.

''Por 30 días estaremos en las calles, pero si se el presidente -(Manuel Zelaya) da una nueva orden, entonces seguiremos más tiempo'', advirtió.

Fúnez afirmó que los soldados colaboran con la policía en buscar delincuentes, revisar y registrar vehículos y personas, y dar seguimiento a delitos, entre otros casos.

Aseguró: "Solo pretendemos garantizar la paz y la seguridad de las personas y sus bienes''.

La medida, que se puso en marcha el lunes, está orientada a proteger a Tegucigalpa y San Pedro Sula, segunda ciudad del país a unos 180 kilómetros al norte de la capital.

Se estima que en el operativo participa el 12 por ciento de las fuerzas armadas, integrada por 14.000 soldados, y casi la totalidad de la policía, 13.000 agentes.

La situación se produce después que la iglesia Católica denunció el sábado que Honduras enfrenta una ''situación precaria'' en materia de seguridad a causa de la violencia.

''Es doloroso ver cómo la violencia sigue cobrando tantas víctimas y el temor se hace patente en todos los estratos sociales'', dijo la Conferencia Episcopal en un comunicado. La preside el arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Oscar Andrés Rodríguez, y agrupa a más de 12 obispos.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (OV) y las Naciones Unidas advirtieron el viernes que cada dos horas alguien muere en Honduras de manera violenta.

Solo en el 2008 la violencia dejó 7.235 personas muertas, de las que 4.473 fueron asesinadas, según el OV, lo que representa un aumento del 25 por ciento de víctimas con respecto al 2007.

Y el 36 por ciento de los homicidios, equivalente a 1.621 muertes, es perpetrado por la nueva modalidad de la violencia: el sicariato bajo las órdenes del narcotráfico y el crimen organizado.

El informe del OV abarca estadísticas gubernamentales.

Para el gobierno alrededor de 600.000 armas de diferente calibre están en manos particulares, mientras que en los registros oficiales solo aparecen 250.000.