He afirmado repetidamente que este régimen tiene todas las condiciones para perpetuarse en la historia, a no ser que eventos externos de magnitud inimaginable obliguen al cambio de rumbo de esta revolución nacionalista-socialista étnica.

El otro elemento desestabilizador que también predije desde esa época es la posible autodestrucción por corrupción o lucha interna, de un movimiento destinado a gobernar por decenios al país.

El proceso de descolonización ha venido avanzando de manera indefectible; ni un solo boliviano acogió públicamente, por ejemplo, mi propuesta de dividir a Bolivia en dos naciones. La negativa absoluta a los escenarios de “Bol” y “Vía”, naciones con rumbos diferentes, imaginadas en tres artículos que fueron incorporados, por ejemplo, en la página web de la Prefectura de Santa Cruz (sin comentario), corroboran la predicción de que en el proceso de involución boliviana, la oposición es débil internamente y no tiene presentación externa ante una América Latina sumergida ahora en la moda socializante. El “Reich de los Mil Años” poco imaginable, más allá de la demencia de Hitler y un pueblo que se alejó de la esencia de lo humano, tiene en el ámbito boliviano actual un marco sólido y plausible.

La revolución masista no tiene por qué correr para alcanzar sus metas profundas. Es indefectible. Puede cometer errores como prometer un salario mínimo doblado o castrar la inversión extranjera, sin que ocurran hecatombes. El país profundo cree en ella. Su riesgo estriba en la descomposición interna. Conociendo su talón de Aquiles, hubiera sido fácil para S.E., al comienzo de su gobierno, establecer un régimen draconiano en contra de la corrupción.

El Congreso lo hubiera votado y la nueva Constitución hubiera acogido, por ejemplo, un “tribunal anticorrupción de notables”, independiente del Gobierno, capaz de juzgar e imponer penas a los corruptos, que fueran: desde la privación vitalicia de sus derechos civiles hasta el decomiso de todos los bienes familiares de aquel a quien se le probara un acto importante de corrupción. Juicios públicos televisados, tanto para corruptores como para corrompidos, siempre con dos culpables.

Lo que no resiste un régimen hegemónico es tener a sus ministros, prefectos, gerentes, alcaldes y directores en la picota del escarnio público. Peor aun, un gobierno que intenta, hasta donde es posible, cubrir con un “pudoroso velo” esos actos destructivos del bien común, para no desprestigiarse.

¿El prestigio es equiparable al daño público perverso? ¿A la autofagia? El enemigo no está en unos chicos cruceños armados de palos; está dentro de un Estado en creciente duda y desmoronamiento.

*Jorge Zapp
es consultor internacional.