En medio de los escándalos del DAS, se ha pasado por alto que a pesar de las recriminaciones que enlodan el debate, tanto gobierno como oposición coinciden en una realidad de a puño: Colombia necesita espías.
 
Puede que no lo digan en estos términos, pero el caso es que mientras columnistas y políticos se rasgan las vestiduras y asignan culpas, el debate se ha centrado en la necesidad de reformar la inteligencia, no en acabarla. Y en esto coinciden unos y otros porque las decisiones vitales del Estado deben estar mejor informadas, y el proceso de obtener información necesariamente pasa por el espionaje.

Es un hecho aceptado que los Estados se espían unos a otros, incluso entre aliados. En Colombia operan cerca de veinte servicios de inteligencia extranjeros, de los cuales al menos cinco se podrían catalogar como potencialmente hostiles, y sin embargo nadie habla del tema.
 
En un mundo que ofrece amplias posibilidades a los grupos violentos no estatales, los Estados espían dentro de sus propias fronteras. Pretender que ello no ocurriese sería como pretender que las cirugías se hiciesen con los ojos vendados.

A pesar de lo común que es el espionaje, sin embargo, en varias oportunidades se ha visto cómo en Colombia, al igual que en otras democracias del mundo, resulta difícil dar un buen debate sobre inteligencia. Más allá de los escándalos ocasionales, con qué frecuencia y seriedad se ha planteado el país preguntas fundamentales, cómo ¿Qué se espera de los servicios de inteligencia? ó ¿Qué facultades se les ha de entregar para cumplir su misión?

Parte de la dificultad en dar el debate se debe a la incomodidad que genera en la sociedad la idea de que los gobiernos mientan, espíen y, en últimas, trafiquen con secretos. Otra parte obedece al instinto de las mismas agencias de inteligencia, cuya cultura organizacional privilegia la reserva y esquiva la atención pública.
 
Por complejo que sea, no obstante, el debate sobre inteligencia es tan sano como necesario. Como decía Eisenhower, el espionaje es “una necesidad desagradable, pero vital”. Y en una democracia las decisiones vitales se discuten, por desagradables que sean.

Hay que reconocer que en Colombia se ha dado una primera discusión importante en estos términos. La Ley de Inteligencia sancionada hace una semana es producto de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Defensa, pero ampliamente debatida con los servicios de inteligencia, con partidos y con expertos, con oficialistas y con opositores.
 
La Ley crea el primer marco normativo sólido sobre el tema, estableciendo principios y reglas de juego coherentes con la Constitución y las leyes. Es un muy buen primer paso.

Una vez definidas las reglas, no obstante, queda pendiente una discusión de fondo sobre las herramientas. Es decir, una mirada franca y propositiva sobre cómo organizar y estructurar el trabajo de los brazos de inteligencia del Comando General, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía y el DAS.
 
Y si bien en años recientes el gobierno ha impulsado una mejor cooperación entre la media docena de instituciones que se dedican a la materia, todavía estamos lejos de tener una verdadera comunidad de inteligencia. Hay más confianza y mayor espíritu de colaboración, pero en asuntos de tal importancia el país no puede depender de la buena química entre funcionarios de turno.

Se necesita una distribución de roles y misiones más clara, que reconozca los matices y aproveche la experticia de cada organización, y que permita contrastar apreciaciones sin necesidad de replicar estructuras redundantes. Y esa distribución pasa por hacerse preguntas difíciles pero necesarias. ¿Quién puede interceptar llamadas? ¿Quién controla los aviones no tripulados? ¿Quién se encarga de contar los tanques y quién se encarga de tomarle el pulso político a los vecinos?

Cada quién tiene su modelo preferido, y todos merecen discusión. Lo que no se debe perder de vista es que las soluciones deben ir más allá de la coyuntura. Y, en este sentido, las reformas a que haya lugar deben encarnar una visión que trascienda las recriminaciones del momento y dibuje una visión de futuro para la inteligencia nacional.
 
Se trata, en últimas, de trazar un sendero que permita al país superar las chuzadas para ocuparse del espionaje.

*Nicolás Urrutia es investigador de la Fundación Ideas para la Paz