No sorprende, pues, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en esta ocasión por un par de jueces de la Corte Suprema, haya llegado a la conclusión de que la situación dista de ser tan terrible como algunos parecen creer, pero así y todo su afirmación de que la prensa está más interesada en atemorizar que en informar no la ayudará a persuadir a muchos de que la inseguridad ciudadana es solamente un mito confeccionado por sus adversarios. Será por eso que la presidenta, consciente como ha de ser de que, con razón o sin ella, la mayoría ubica la inseguridad a la cabeza de su lista de preocupaciones, anunció el viernes pasado lo que llama un "plan de convivencia ciudadana" para combatir el delito en que se prevé la inversión de 400 millones de pesos para la compra de veinte mil teléfonos celulares, quinientos móviles policiales y la reincorporación de cuatro mil policías retirados, además del despliegue de la Gendarmería en lugares presuntamente peligrosos. La noticia ha sido recibida con escepticismo, ya que a juicio de muchos sólo se trata de una promesa electoral más que no tardará en ser olvidada.

¿Están en lo cierto Cristina, otros voceros oficiales y los jueces Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni cuando critican a los medios por "exagerar" la inseguridad? Todo depende de lo que uno considera un nivel de delincuencia "normal" en una sociedad como la nuestra. Por fortuna, ninguna parte del país se ha visto convertida en una suerte de zona de guerra como sí le ha sucedido a Río de Janeiro, Sao Paulo, Caracas, Medellín y muchas ciudades mexicanas, pero esto no quiere decir que podamos darnos el lujo de suponer que aquí el crimen violento es un fenómeno cuya importancia ha sido inflada por diarios y canales de televisión sensacionalistas. Es verdad que la atención prestada a un episodio muy truculento pero así y todo aislado puede servir para brindar la impresión de que el país entero se ve amenazado por una horda de delincuentes desalmados, pero el impacto sería menor si la mayoría entendiera que es cuestión de un hecho atípico. Por desgracia, no tiene motivos para creerlo. Puede cuestionarse el valor de las estadísticas disponibles e interpretarlas de diversas maneras, pero es innegable que en los años últimos el delito ha aumentado de forma alarmante en muchos centros urbanos y que por lo tanto las autoridades tienen que reaccionar.

Mal que le pese a la presidenta, no podrá ganar el debate público que está celebrándose en torno del crimen porque sus propias alusiones al problema, además de las formuladas por jueces y otros que se quejan del "manejo político" del tema, contribuyen a alimentar la preocupación de quienes se sienten amenazados. Asimismo, en cualquier momento podría producirse un nuevo hecho espeluznante que, por "anecdótico" que fuera, permitiría que sus críticos la acusaran de insensibilidad frente a los temores legítimos de la gente. Por lo demás, comparar la incidencia del delito en nuestro país con lo que está sucediendo en otras partes del mundo no servirá para nada: sólo a una minoría muy pequeña le impresionaría saber que es mucho peor la situación en Brasil, en Sudáfrica o en los barrios menos salubres de ciertas grandes ciudades norteamericanas donde hay más muertes violentas per cápita que en Irak. Aun cuando la sensación de inseguridad que se da en buena parte del país fuera tan "exagerada" como dicen creer la presidenta y la jueza Argibay, el juicio subjetivo así reflejado constituye una realidad que ningún gobierno puede procurar pasar por alto. Puesto que Cristina espera que sus simpatizantes consigan muchos votos en las elecciones legislativas del último domingo de junio, no tiene más alternativa que la de tomar muy en serio los miedos de la mayoría aun cuando en privado los atribuyan a la malicia mediática.