“Una de las cosas que hemos aprendido al comprender el tema de la corrupción, es que ésta no se manifiesta de la misma manera en todos los países. No es solamente la extensión de la misma, sino que la naturaleza de la corrupción es diferente”

Robert McNamara (ex Presidente del Banco Mundial)

I-Introducción

Vamos a recalcar a fuerza de ser reiterativos algo que hemos dicho en la Primera Parte de esta serie de artículos sobre un suceso en un ente regulador que se puede definir como muy poco claro y no transparente: las instituciones democráticas débiles que fallan en controlar y castigar la corrupción, generan un sentimiento social en contra de la democracia y a favor de soluciones autoritarias, y estimamos que esa no es la idea-fuerza objetiva de los funcionarios, porque en la mayoría de los casos provienen de partidos políticos.

Es importante convenir que la complicidad en el poder es la mutua protección entre quienes tienen poder en el gobierno, las empresas, las finanzas. Como miembros de una “elite”, generan y comparten privilegios, ocultan errores en la gestión y se cubren entre sí frente a los reclamos de los ciudadanos, de los consumidores en algunos casos, que sufren del poder y que confunden con la democracia. Cómplices porque actúan en forma organizada. Lo opuesto es la transparencia de los actos de gobierno, con una justicia independiente o controles que impidan los pactos de protección entre los poderes, de los agentes económicos, en detrimento del bienestar general.

Inclinar la balanza es una acción cuyo efecto es desnivelar una relación que está equilibrada, y es la imagen de quién ejerce su poder para presionar la misma y hacerla parcial.

Y como resumen de esta introducción que servirá de base a la nota , queremos decir a los lectores que no nos conocen, que este portal soporta desde su inicio toda actividad o publicidad por la integridad o transparencia o probidad de todos los actos de gobierno , y quiere poner un granito de arena desde sus artículos, como apoyo tácito al proyecto regional Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), que tanto hace por la lucha contra la misma y cuyos objetivos principales se enmarcan:

· en la creencia de que las mejores herramientas anticorrupción latinoamericanas en este momento son el periodismo investigativo y el uso de Internet;

· en la urgente necesidad latinoamericana (y podríamos acotar desde Alaska hasta Tierra del Fuego) de trabajo en equipo, de alianzas para abogar a favor de una causa y de sus beneficiarios y no para favorecer a una organización, a un partido político o un individuo;

· en el conocimiento de que los periodistas que investigan o hacen reportajes necesitan información, recursos, contactos y apoyo moral; en el deseo de ofrecer a estos periodistas y en generar interés en organizaciones locales a desarrollar iniciativas que les ayuden.

II- LOS ENTES REGULADORES Y LOS HECHOS ACAECIDOS

Una vez realizada esta introducción debemos recalcar que los buenos reguladores deben resistir las constantes presiones de las partes interesadas, y es UN objetivo para la óptima función de la gestión de cualquier regulador. El regulador debe objetivizar en su mente que “ningún grupo de interés puede capturar o distorsionar su actividad”.

Cuando se percibe que los reguladores favorecen a un sector sobre otro, a menudo se pone en tela de juicio la justicia misma de una sana economía capitalista de mercado, porque los ciudadanos creen que el juego económico está arreglado a favor de quienes tienen más influencias políticas y poder financiero, que en este caso son las empresas. Debido a esto, quienes trabajan en regulación suelen considerar como un sello de calidad cuando hay quejas de todos los sectores, porque es evidencia de que hay un equilibrio de los deseos de todas las partes.

Si todos están descontentos y todos protestan por las decisiones, o es porque es un inútil o porque está haciendo un trabajo eficiente.

Simples como puedan parecer estos principios, es raro encontrar reguladores genuinamente independientes en los países de Latinoamérica, particularmente en aquellos donde el poder político o el poder empresario (y podríamos agregar pero no viene al caso para nuestro caso particular, el poder financiero) tienen poderes discrecionales sobre la política económica. El padrinazgo político o empresario o financiero y la lealtad partidaria atentan contra la regulación independiente.

Aunque esos defectos hacen poca diferencia en economías dominadas por el Estado, se convierten en verdaderos problemas en países donde está permitido que las fuerzas del mercado determinen los precios y la asignación de los recursos, más cuando existen reguladores que no creen en estas fuerzas por provenir de sectores partidarios fuertemente estatistas, aunque pretendan hacer creer lo contrario, como el camaleón que se mimetiza según la oportunidad.

Decimos esto, porque en el caso del ENARGAS su Presidente (Ing. Héctor Fórmica) proviene de un sector muy definido del Partido Radical de Argentina (sector Terragno); perteneciendo al grupo de energía del mismo al cual también pertenecen el Lic. Daniel Montamat y el Ing. Horacio Quaini, para nombrar a los más notorios por los cargos ocupados en distintas administraciones de ese tradicional partido.

Para ser efectivos, los entes reguladores deben estar sujetos a reglas que limiten sus poderes, pero en última instancia, la competencia e imparcialidad de los funcionarios depende de la vigilancia y el interés que ponga la sociedad, que es el fin último de la publicidad y la transparencia de los actos públicos.

En las genuinas economías del capitalismo en serio y no del capitalismo prebendario de muchos países de América Latina, como en importantes partidos de fútbol, ese celo está casi garantizado. Cuando se tienen tres protagonistas diferentes con diferentes agendas (empresas, entes reguladores –gobierno y consumidores –palabra que se utiliza en los países angloparlantes, consumers, y que creemos que como un lavado de cerebros no se usa a propósito en muchos países de América Latina, que proviene de consumir: gastar, comprar, invertir, ya que tiene una adjetivación o uso subjetivo de la propiedad de la cosa diferente a usuario: qué es el usa comúnmente una cosa -), deja de ser posible que un Presidente de en un ente regulador convenga un acto sin transparencia, sin publicitar y sin el actuar de todos los actores económicos.

El marco regulatorio tiene que ser creíble y predecible para que los inversionistas extranjeros, algunos fuentes de verdadero capital de trabajo de países, sepan a qué se enfrentan, cómo se va a evaluar su desempeño y qué criterios se aplicarán para fijar las tarifas o sanciones o premios, de manera que el inversor pueda determinar su equilibrio económico y financiero. Para eso se necesita una despolitización y transparentización de todos los actos de los entes reguladores, garantizando su autonomía libre de cualquier tipo de presiones pero al mismo tiempo también un alto nivel de conocimiento, probidad y desarrollo técnico de los reguladores.

Es necesaria una transparencia continua en la información y toma de decisiones.

Esto es algo que se ha pecado en casi todos los entes de la Región, aunque se puede creer que en muchos de los casos se hace con mala intención. Los reguladores deben ser más activos en comunicar el porqué de sus decisiones y en períodos cercanos a esas decisiones, justamente para que los consumidores y los medios de comunicación de cualquier índole tengan la oportunidad de evaluarlas y cuestionarlas; y si realizan actos en contrario a esto, los ciudadanos denunciarlos para fortalecer las economías, las democracias y por ende la seguridad global.

Se debe recalcar que la globalización de la transparencia, es sólo un entorno que hace aflorar los errores con mayor rapidez y crudeza. La causa de un análisis equivocado sobre la misma, no sólo muestra ignorancia de los verdaderos orígenes de la miseria, el desempleo y la inflación entre otros males sociales, sino fijaciones mentales de ideologías obsoletas en muchos lugares y en muchas personas.

III-Nuestro artículo anterior

En primer lugar, queremos dejar aclarado que en este mismo espacio, le cedemos el derecho a réplica al Ing. Héctor Fórmica, como solicitaron los doctores Mario Gimenez y Miriam Santángelo:”en defensa del ENARGAS, porque defendemos al organismo”.Deseamos manifestar que en ningún momento hemos atacado al ENARGAS como ente regulador, sólo nos hemos ocupado –hasta el momento- de uno de los actos de gobierno del Ing. H. Fórmica como Presidente del mismo. Que por su cargo y formación partidaria debe transparentar y publicitar los mismos de la manera más adecuada y conveniente, para eso tiene una partida publicitaria en su presupuesto, y cuando por el mismo puede ser afectado el erario público. Por aplicación de Resoluciones del ENARGAS la empresa METROGAS SA debía ser multada y su capital al menos actualizado por el factor de los intereses que METROGAS SA aplica a las deudas en mora para un “usuario” (ya que esa es la expresión utilizada por las personas de Legales del ENARGAS) y su pago debe ser hecho de la misma forma y no utilizar un “método de licuación del capital de la sanción”.

Todo acto que afecte el erario público y que por lo tanto afecta la integridad (educación, salud, infraestructura, defensa, justicia) de la Argentina, afecta a todos los ciudadanos y por ende debilita a la democracia.

Por interés informativo nuestro y de los consumidores, le solicitamos al Ingeniero H. Fórmica aclaración a esos puntos, que tendrán todo el espacio que necesita –y está a su entera disposición, ya que comunicar es transparentar- y que aclare por qué sólo él aparece firmando la NOTA ENRG7GdyE/GAL/D Nº 5855, Buenos Aires 30 Nov 2001, y no los demás miembros del Directorio de aceptación que el saldo a favor del ENARGAS al 31-12-99...de $2.7 millones...se pague en 36 meses consecutivos (cuotas iguales y sin interés), materializándose el pago al ENARGAS de la primera de ellas el 15 de enero de 2002.

Dejamos para una de las próximas notas sobre transparencia el Expediente ENARGAS Nº 4061-Resoluciones ENARGAS Nº 420 y 658, donde por ejemplo en Nota de Fecha 13 de julio de 2000, dice:...”se ha determinado el saldo a favor de los usuarios al 31-12-99, el que está en el orden de $ 3.300.000 (tres millones trescientos mil)”...y luego se materializa en un saldo de $1.8 millones. Este es un tema de legítima defensa de todos los usuarios, labor a que se deben dedicar los funcionarios de los entes reguladores.

Queremos recalcar, para que no haya malos entendidos, que también consideramos que se debe penalizar los actos de corrupción cometidos en/por el sector privado y del blanqueo del producto de tal delito, pero también y con la misma o mayor fuerza, se deben penalizar los actos de corrupción en que participen funcionarios públicos o la complicidad o la instigación o intento de participar los mismos en dichos actos, como ocurre en toda Nación civilizada.