Aunque los funcionarios mexicanos se salen de sus casillas cuando uno menciona la palabra ''Colombia'', hay poca duda de que el norte de México esta en un proceso de ''colombización''. A pesar de que Colombia todavía tiene el récord de asesinatos de periodistas en los últimos diez años, México se ha convertido en el país latinoamericano con el mayor número de periodistas asesinados en los dos últimos años.

Desde el 2003, al menos seis periodistas mexicanos han sido asesinados, tres de ellos --como mínimo-- en represalia directa por sus escritos, según grupos como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF). Un incremento general en la violencia relacionada con el narcotráfico ha generado 700 asesinatos en lo que va de este año.

Las muertes de los periodistas están teniendo un efecto intimidatorio, haciendo que muchos periódicos del norte de México escriban cada vez menos sobre las bandas de narcotraficantes locales. Conocidos jefes de los carteles de droga han sido vistos comiendo en lugares públicos en ciudades fronterizas, sin que nadie escriba sobre el tema.

Esta semana, junto con una delegación de la CPJ --un grupo con sede en Nueva York del cual soy miembro del consejo directivo-- viajé a México para recabar información sobre estas muertes. La visita coincidió con el primer aniversario del asesinato de Francisco J. Ortiz Franco, cofundador del valiente semanario Zeta, de Tijuana.

Según nos dijeron fiscales federales, uno de los mayores problemas en la investigación de Ortiz Franco es la abierta hostilidad de la policía local de Tijuana. ''Frecuentemente, ellos siguen e intimidan a nuestro personal'', nos dijo un alto funcionario federal.

Ortiz Franco fue asesinado a balazos a sólo dos cuadras del cuartel central de la policía estatal. Sin embargo, a los agentes policiales estatales les tomó nada menos que 30 minutos en llegar al lugar, dicen testigos. Fiscales federales dicen que varios oficiales de la policía estatal ligados al cartel de narcotráfico de los Arellano Félix son sospechosos en el caso.

En otro caso, el secuestro y desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota de El Imparcial, un prestigioso diario de Hermosillo, Sonora, una buena parte de la investigación federal se centra en un oficial de la policía estatal que fue la última persona que lo vio vivo.

El policía estatal le dijo a los investigadores federales que Jiménez Mota le había pedido que lo llevara a un centro comercial local, donde debía reunirse con una fuente a las 11 de la noche. El policía estatal dice que lo dejó allí, y que no sabe con quién se iba a reunir, ni para qué.

En una entrevista en su oficina, el Procurador General de México, Daniel Cabeza de Vaca, reconoció que las fuezas policiacas locales son un gran problema. ''Las fuerzas policiacas locales son más fáciles de corromper (por narcotraficantes)'', dijo. Tienen menores requisitos de admisión, y muchas veces no están sujetos a pruebas regulares con detectores de mentiras o detectores de consumo de droga, agregó.

De los 200,000 agentes de policía en México, sólo un 4 por ciento pertenece a la policía federal. El resto pertenece a las fuerzas policiales locales que --por cláusulas constitucionales de soberanía estatal-- están fuera del control del gobierno central. Muchos de los policías locales obtienen un uniforme y una pistola sin tener que contestar muchas preguntas.

Y el problema se está poniendo peor. El número de fuerzas policiacas locales ha crecido a unas 2,300 en años recientes. Hay policías estatales, municipales, de parques, de caminos, de bancos y de cuanta cosa uno se puede imaginar.

Todavía no existe un banco de datos centralizado que tenga los datos de todos los policías mexicanos. ''Un delincuente de aquí puede buscar refugio en una policía local en otro lado'' del país sin problemas, reconoce Cabeza de Vaca.

Mi conclusión: es cierto que siempre ha existido corrupción en las fuerzas policiales mexicanas. Y también es cierto que, mientras que exista una gran demanda por drogas ilegales en Estados Unidos, y mientras siga el contrabando de armas ilegales de Estados Unidos a México, va a ser muy difícil eliminar la violencia de los carteles de la droga en México.

Pero a menos que México reduzca sus miles de fuerzas policiales locales, o las someta a un férreo control del gobierno central, me temo que veremos más asesinatos de periodistas, más violencia a lo largo de la frontera, y una cada vez mayor ''colombización'' del norte de México.