En primer lugar, pareciera que cada gobierno es exclusivamente responsable de lo que sucede durante su mandato, lo cual es altamente preocupante por la inestabilidad que esto acarrearía en las relaciones de los ciudadanos con el Estado. Que un Presidente vaya a cuestionar y a poner en tela de juicio lo que hizo otro a nombre y en su condición de Jefe de Estado y de Gobierno, sería tanto como desconocerle la autonomía a asumir compromiso de mediano plazo. Que se cuestione un ‘acuerdo de paz’ firmado por un gobierno con una organización guerrillera, de autodefensa o paramilitar, sería equivalente al desconocimiento a un empresario de un contrato que firmara con el Estado en cabeza de una determinada administración, por alguna de las siguientes. En estos casos los compromisos los asume es el Estado colombiano y no un gobierno determinado y es obligación de los gobiernos que lo suceden honrar estos compromisos, siempre y cuando no existan cuestionamientos fallados por los ámbitos judiciales.

En segundo lugar, toda democracia necesita de una oposición que cumpla su función de control político, de criticar la gestión del gobernante, de pedir cuentas en los escenarios y por los procedimientos establecidos y por supuesto el gobernante tiene igualmente el derecho de asumir la defensa de su gestión, de sus realizaciones y de los procedimientos que está utilizando para llevarla a cabo. El problema es cómo no confundir la oposición al gobernante o la defensa que éste haga de sus realizaciones, con agravios de tipo personal. Ahí hay una frontera muy tenue entre lo político y lo personal. Lo deseable sería diferenciar claramente las dos dimensiones, es decir, una cosa es la crítica -así sea implacable- a la acción de gobierno y la defensa del gobernante y otra muy distinta los agravios personales. Igualmente, no es deseable que para un Presidente defender su gestión tenga como único o principal argumento atacar a sus antecesores, porque ello demuestra debilidad en las razones para justificar su acción de gobierno.

Hay que reconocer el gesto del actual Presidente de pedir excusas públicas a un ex presidente por eventuales agravios verbales dentro de esta lógica de justificarse atacando a sus antecesores, igualmente es plausible que él reconozca el estado de ánimo cambiante de las personas y que hay días más propensos a tener reacciones impulsivas. Pero lo deseable, no sólo para un Presidente que actúa como candidato, sino para todos sus contendores, es esforzarse para guardar la compostura en el debate político. Porque obviamente la igualdad de condiciones es un mito, en la medida en que el Presidente siempre va a disponer de mayor exposición a los medios de comunicación, mayores recursos de movilidad, información, etcétera.

En lo que debería tratar de incidirse, para reducir la situación de desventaja, es en lo atinente a regular las encuestas, de tal manera que sean lo menos sesgadas posibles (preguntas inducidas o que no reflejan la realidad, diseños de muestras discutibles) y que no haya manipulación en los medios en la publicación y publicidad que le hagan a las mismas (sondeos ‘trasnochados’) y que sea claro quiénes las financian. Regular este aspecto es central en un contexto en el cual los sondeos de opinión más que para conocer las tendencias de los votantes potenciales en un momento dado, se usan para tratar de influir en la opinión del conjunto de la sociedad.