Los segundos aspiran a integrar a los inmigrantes sin alterar los fundamentos del orden social. Este dilema se plantea con mayor intensidad en Europa que en los EE.UU. América tiene una larga experiencia en hacer coexistir culturas diferentes. Europa carece de ella y además se enfrenta a una poderosa corriente migratoria procedente de un mundo muy distinto al suyo, como lo es el Islam, que es percibido en muchos ámbitos como una amenaza, que se siente de manera más intensa desde los acontecimientos del 11-S.

De entrada, como señaló Mises, “la cosa evidentemente, no tiene remedio bajo planteamientos intervencionistas (con su afán de toquetearlo todo) o socialistas” . Las restricciones a la inmigración son inútiles y no van a lograr detener las corrientes migratorias. Ahora bien parece obvio que los habitantes de cualquier país se horrorizan ante la idea de que una masiva ola de extranjeros les “invada”, por temor a que un día queden convertidos en una minoría dentro de su propio territorio y/o a que minorías externas cohesionadas, con fuertes incentivos para la acción colectiva puedan alterar el habitat institucional y cultural de la nación vendiendo sus votos a quienes les concedan determinados privilegios. Guste o no, esos temores existen y son alimentados desde muy distintas esferas de la opinión pública.

¿Qué valores morales y normas de comportamiento deben exigirse que la gente respete en una sociedad abierta? La respuesta es muy sencilla: Los principios del Estado de Derecho. Los inmigrantes han de aceptar las reglas de la comunidad en la cual desean entrar como invitados o como socios. Esto supone respetar las leyes y los valores de las sociedades de acogida. Los “extranjeros” no pueden recibir trato discriminatorio alguno ni a favor ni en contra. Sus costumbres, sus valores, sus tradiciones han de ser permitidas siempre y cuando se ejerzan en la esfera privada y no violen la legalidad vigente. En nombre de la protección del derecho a la libertad de expresión y de religión no se puede tolerar la incitación a la violencia de un imán como no se tolera la de cualquier otro individuo sea nativo o extranjero. Como se ha comentado antes, la propensión a delinquir de los inmigrantes no es superior a la de los nativos y, por tanto, no se elimina con leyes más restrictivas si no mediante la aplicación de la ley.

Ese marco de referencia se ve erosionado por la actitud de los propios gobiernos, en especial de los europeos, que no tienen una tradición similar a la del “melting pot” norteamericano y practican una política equivocada con un impacto potencial explosivo. Por un lado levantan barreras elevadas a la inmigración legal; por otro suelen conceder a los inmigrantes de culturas foráneas un plus de derechos en función de su pertenencia a una minoría étnica, cultural o religiosa. Esta infección multiculturalista es la causa de uno de los peores subproductos derivados de los flujos migratorios procedentes de algunas áreas, en concreto, de la sanción legal del “sistemas de tribu”, de ghettos, de separaciones culturales desintegradoras, no integradoras. Esta es la fuente principal de las tensiones generadas por determinados huéspedes en las sociedades anfitrionas, el freno más poderoso a su asimilación y un factor determinante de la hostilidad hacia la inmigración existente en algunas zonas de Europa. Los derechos de ciudadanía son la esencia de una sociedad abierta y si se reformulan en “derechos de ciudadanías” (plurales y separadas), aquella se rompe y se subdivide en sociedades cerradas.

En un esquema de multiculturalismo legalmente sancionado pueden surgir graves problemas porque la segunda generación de inmigrantes tiene serias dificultades para definir su papel en esa misma sociedad que ha aceptado, incorporado y sancionado la diversidad cultural. Esto tiende a generar un clima de hostilidad y de alineación entre huéspedes y anfitriones con connotaciones explosivas. Los hijos de los inmigrantes, a diferencia de sus padres, tendrán serias dificultades para contemplar la sociedad de acogida como la Tierra Prometida. De esta forma, sus demandas de reconocimiento normativo de sus peculiaridades se convierten en un elemento de exclusión, en un obstáculo para su integración. Esto no afecta sólo ni principalmente a las comunidades musulmanas, sino a todas aquellas que hacen de sus elementos diferenciales mundo autárquico y autosuficiente. Muchas familias turcas viven en Alemania desde hace 30 años. Ni ellos ni sus hijos hablan alemán. En Dinamarca y en el Reino Unido no puede obligarse a los inmigrantes a tomar lecciones obligatorias de inglés o danés. Esto encierra a los inmigrantes en una trampa de pobreza y exclusión.

Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.