Con 12 periodistas y colaboradores de los medios de comunicación muertos en 2004, frente a los 7 de 2003, el continente americano ha tenido que enfrentarme a un incremento de la violencia contra la prensa. Casi todos ellos fueron asesinados. O, dicho de otro modo, su ejecución fue premeditada, madurada, preparada, para silenciarles y asustar a sus colegas. Con excepción de Brasil (2 periodistas muertos), Haití (1) y Colombia (1 periodista y 1 colaborador muertos), las víctimas trabajaban en países donde la violencia había desaparecido desde hacía varios años : México (3 periodistas muertos), Perú (2), Nicaragua (2), República Dominicana (1) y Ecuador (1 colaborador de los medios de comunicación muerto). Una constatación que tristemente recuerda que ningún país queda al margen de la violencia. En México no habían matado a ningún periodista por su trabajo desde 1997. Los tres periodistas muertos en 2004 cayeron bajo las balas de los poderosos carteles de la droga, que controlan el tráfico en la frontera con Estados Unidos. Para dejar constancia de su apoyo a los medios de comunicación de la región, Reporteros sin Fronteras entregó a Zeta el premio que recompensa a una redacción que ha defendido el derecho a estar informados. En junio de 2004, y por tercera vez en quince años, las investigaciones sobre los carteles de la droga del periódico, que se publica en Tijuana (Noroeste), costaron la vida a uno de sus empleados.

En la República Dominicana, á Juan Andujar, de Radio Azua y del diario Listín Diario, también le mataron unos delincuentes, cuyas fechorías denunciaba. Pero, en otras partes, la violencia procede de la clase política. En Nicaragua, a María José Bravo, de los diarios La Prensa y Hoy, la mataron durante las elecciones municipales de noviembre. El presunto asesino es un cargo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que acusaba a la prensa de ser la causante de la derrota de su opción. El 10 de febrero, el periodista y ex político Carlos Guadamuz, del canal de televisión CDNN, también fue abatido por un ex miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que habría actuado de forma aislada. En un país en el que no habían matado a ningún periodista desde 1978, los dos crímenes generaron una gran inquietud entre la profesión.
En Perú, las investigaciones sobre la muerte de Antonio Rivera Fernández, de Radio Frecuencia Oriental, y de Antonio de la Torre Echeandía, de Radio Orbita, se orientan hacia los cargos locales, cuya gestión denunciaban. Estos actos, inéditos por su gravedad, resultan sin embargo sintomáticos de la violencia que padece frecuentemente la prensa local, en el país. Como en México y Brasil, su papel de contra-poder no siempre es aceptado por algunos cargos, o notables de la provincia. El caso de Argentina pone de manifiesto la variedad de presiones y medidas de venganza de que disponen, para reducir al silencio a quienes les contradicen : acoso judicial, discriminación en la concesión de la publicidad pública o en el acceso a la información oficial, amenazas, agresiones, etc. En realidad, en esos países existe una libertad a dos velocidades : por un lado, la prensa nacional, a la que su importancia parece que deja relativamente al margen de la represión ; por otro, los medios de comunicación locales y regionales, frágiles y aislados.

A los asesinos raramente se les molesta

En otras regiones del continente, el retroceso de la violencia representa un factor de esperanza. En Bolivia, los ataques contra la prensa descendieron, tras un año 2003 marcado por fuertes tensiones políticas. El mismo fenómeno se repitió en Guatemala, una vez pasadas las tensiones de las elecciones presidenciales de 2003. Sin embargo, en este país, los asesinos dictan la ley : a algunos miembros de la familia de Héctor Ramírez, al que mataron en julio de 2003 unos partidarios del ex dictador Efraín Ríos Montt, les amenazaron y agredieron cuando a éste último le pusieron en situación de arresto domiciliario, por la muerte de un periodista.
En febrero de 2004, un atentado contra Carlos Insúa, el patrón del canal ecuatoriano de televisión Telesistema, costó la vida a su chofer. Fue reivindicado por un misterioso grupo denominado Milicias Revolucionarias del Pueblo (MRP), hasta entonces desconocido en Ecuador. Los ataques contra los medios de comunicación cesaron en Haití, tras haber alcanzado cotas en el momento de la dimisión de la dimisión del presidente Aristide, el 29 de febrero, y haber costado la vida a Ricardo Ortega, enviado especial del canal español Antena 3. Por otra parte, no se ha conseguido el restablecimiento del Estado de derecho. Las diligencias sobre la muerte de los periodistas Jean Dominique, director de Radio Haití Inter, y Brignol Lindor, de Radio Echo 2000, han avanzado poco o nada.
También en Colombia mataron a un periodista y a un colaborador de los medios de comunicación. Un balance menos grave que el de años anteriores, aunque tampoco significa un cambio radical en las condiciones de trabajo de los periodistas. Narcotraficantes, grupos armados y políticos corruptos mantienen relaciones muy complejas, que hacen que cada vez sea más peligroso el trabajo de la prensa. Desgraciadamente, la situación tiene tendencia a mantenerse, porque muy raramente se molesta a los asesinos. Una excepción ha sido la celebración de un proceso, al término de la investigación sobre el asesinato, en agosto de 1999, del periodista y humorista Jaime Garzón. Aunque, además, solo ha servido para blanquear a algunos chivos expiatorios.
Pero también hay que destacar algunas buenas noticias. En Costa Rica, tres años de minuciosas investigaciones permitieron inculpar a los presuntos ejecutantes y autores intelectuales del asesinato de Parmenio Medina, de Radio Monumental, ocurrido en julio de 2001. En Nicaragua, Perú y Brasil, algunos asesinos de periodistas fueron detenidos, poco después de cometer el crimen, lo mismo que en México. En este país, donde la justicia local es sospechosa de colusión con los traficantes de droga, algunas de las investigaciones se han puesto en manos de la justicia federal.

Leyes de prensa o leyes contra la prensa

En muchos de los Estados de la región, la cuestión de las condenas de cárcel para delitos de prensa, y la violación del secreto de las fuentes, son causa de enfrentamientos entre la prensa y el poder judicial. En Uruguay, Ecuador y Honduras, algunos periodistas fueron condenados a penas de cárcel, con la condena en suspenso, por difamación. Para la Organización de Naciones Unidas, las condenas de cárcel para delitos de prensa constituyen una sanción desproporcionada en relación con el perjuicio causado a la víctima, y animan a los periodistas a autocensurarse. En una quincena de Estados también están en vigor algunas leyes que protegen el honor de los funcionarios, bajo pena de cárcel. Unos textos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera contrarios al derecho a la información, subrayando que "los funcionarios públicos están sujetos a una vigilancia más profunda por parte de la sociedad".
En Panamá, en lugar de derogar las leyes, la presidenta saliente, Mireya Moscoso, indultó el 27 de agosto a 80 periodistas, amenazados de cárcel por difamación. En cambio, en Venezuela, se ha endurecido la legislación sobre delitos de prens, tras la victoria de Hugo Chávez en el referendum del 15 de agosto, confirmándole en sus funciones. En este país, la aprobación de tres textos de ley peligrosos para la libertad de prensa amenaza a los medios de comunicación que, en general, son hostiles al Presidente. En cambio, en Brasil, finalmente quedó rechazado un proyecto de ley que establecía la obligación de que los periodistas se inscribieran en un colegio oficial. Frecuentemente, este tipo de colegios se convierten en un medio para que el poder controle a la profesión.
La justicia también amenaza al secreto de las fuentes. Los casos más graves de atentados a este principio se produjeron en Norteamérica. En Canadá, a finales de enero registraron el domicilio de una periodista, que estaba investigando sobre los casos de terrorismo. En un hecho sin precedentes, a principios de diciembre el periodista Ken Peters fue condenado por "desacato al tribunal", tras haberse negado a revelarle sus fuentes. En Estados Unidos, a lo largo del año se multiplicaron los casos de este tipo. El 9 de diciembre pusieron en arresto domiciliario a un periodista y, a fecha 1 de enero de 2005, otros dos continuaban amenazados con ir a la cárcel, por este motivo. Sin embargo, en ambos países existe una larga tradición de periodismo de investigación. Pero, sin el secreto de las fuentes garantizado ante los tribunales, nadie que disponga de informaciones sensibles se atreverá nunca más a contárselas a un periodista.

Cuba : la única cárcel del continente

A pesar de haber liberado a siete periodistas en 2004, entre los que se encontraba el célebre poeta y disidente Raúl Rivero, la situación de la libertad de prensa en Cuba sigue siendo catastrófica. Con 22 periodistas que continúan detenidos, la isla es la única cárcel del continente para los periodistas, y la segunda del mundo para la profesión, detrás de China (26). Cualquier expresión crítica hacia el poder de Fidel Castro es, por definición, criminal. Unicamente está autorizada la prensa oficial, puesta "al servicio exclusivo del pueblo trabajador".

Argentina - Informe anual 2005