Definitivamente el gobierno federal no la tiene fácil y en esta lucha ha demostrado todos sus flancos débiles, parece que está en un círculo vicioso del que no tiene salida. Por un lado, está la gente exigiendo que se siga combatiendo al narcotráfico sin negociar ni mover un ápice la estrategia; por otro, organizaciones sociales poniendo el dedo en la llaga por supuestos abusos del Ejército mexicano. Tampoco faltan los partidos políticos que les encanta politizar hasta la Navidad y, finalmente, el enemigo: cárteles perfectamente organizados.

Ante los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, la Inmaculada y académicos del centro “Caro Quintero sí paga la deuda” realizaron un estudio completo y profundo sobre las causas por las que el gobierno mexicano no ha podido erradicar esta plaga social.

Primero, hay una gran diferencia en los procesos de selección y reclutamiento de personal. El gobierno captura cada quince días aproximadamente, o cuando viene un funcionario estadunidense de alto nivel, a “un importante” (y desconocido) terrateniente o cabecilla de un cártel, pero todo indica que los narcotraficantes tienen contratados a los head hunters más especializados del mercado, porque más tardan las autoridades en presentar ante los medios al recién capturado, que los sicarios en tener un nuevo líder. Si un narco aspira a ser el jefe de una célula, el procedimiento es rápido: muestra sus aptitudes y gana el puesto, tal vez tenga que decapitar a la competencia, pero eso es parte del proceso. Si alguien se ánima a ser policía, tiene que hacer una serie de exámenes, pasar mucho tiempo recibiendo mala paga y al final no obtiene el puesto que quería. La imagen de las policías en el país está tan minimizada y denostada, que los policías no encuentran ninguna motivación para ser “los buenos de la película”, de todos modos nadie se los va a creer.

Las organizaciones en el interior del crimen organizado son ejemplos de lealtad obligada (son leales o se mueren), difícilmente dejan que alguien se filtre, muy al contrario que las procuradurías estatales o policías locales, permanentemente infiltradas. Si algún narco está en una balacera, dispara y mata al que tenga al frente, si un policía lo hace, tiene que explicar a Derechos Humanos por qué hizo los disparos o se enfrentó a los contrincantes con el poder de su arma de cargo y, en ocasiones, hasta tendrá que pagar las balas que utilizó.

El narcotráfico no tiene un sindicato nacional de sicarios que se clave las cuotas de sus agremiados, que se dediquen a cuestionar todas las acciones y negocien cada año su contrato colectivo de trabajo, con condiciones leoninas para el erario. No tienen representantes sindicales que los amenacen con parar las rutas de distribución o secuestrar las instituciones si no cumplen con sus caprichos.

Otro punto importante es que los narcos se asientan en el campo, y los últimos años ningún gobierno se ha ocupado del campo, entonces no saben ni lo que tienen ahí. Si el tema son los negocios, los narcos sí saben cómo hacerlo. Si necesitan armas más modernas o más sofisticadas, simplemente se pasan al otro lado a conseguirlas y las pagan. Por el contrario, las fuerzas de la ley necesitan una aprobación de la Secretaría de la Defensa, quienes a su vez necesitan que se las apruebe el Congreso, quienes a su vez necesitan ponerse de acuerdo con el Ejecutivo federal en cuanto a la Ley de Egresos para el año correspondiente. Los narcotraficantes no entienden eso de “armas de uso exclusivo para el Ejército”.

Los cárteles se pelean entre ellos, pero dentro de sus filas difícilmente hay tribus o corrientes que les hagan la vida imposible. No hay un ex presidente de un cártel que se la pase vociferando públicamente contra el actual líder, cuestionando sus acciones. Si encuentran a un traidor lo castigan y no tendrán que enfrentar a ningún partido diciendo que “es una acción con fines electorales” o “una acción política con el objetivo de desestabilizar a un gobierno local de otra ideología”, tal y como sucede con el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, y su hermano incómodo, Julio César Godoy. Ahora resulta que también los cárteles tienen su asesores de comunicación que son más eficientes que los comunicadores del gobierno y, así, la entrevista a quien dijo ser ServandoLa TutaGómez, presunto líder del cártel La Familia a un medio michoacano, logró más primeras planas y atención mediática que el gobierno federal dando un informe de labores.

Tampoco se la pasan peleando la propiedad de las ejecuciones, no tienen dos secretarías de seguridad pública como la federal y la del GDF encontradas y adjudicándose la captura del verdadero y único asesino y secuestrador de Fernando Martí. Definitivamente, estas son algunas de las cosas por las que el crimen organizado tiene ese calificativo, mientras que la lucha del gobierno parece ser la que está decapitada.