Sin embargo, tiene algo de muy ridículo que un líder criminal le proponga al Presidente —empeñado, como lo está, en erradicar a La Familia de su estado natal— celebrar de cara a la galería pública un pacto de pacífica convivencia. O se trata de un cabecilla muy estúpido o el propósito de ese mensaje fue otro diferente.

Cabe explorar una hipótesis alternativa: el mensaje de La Tuta utilizó al Presidente como señuelo de interlocución, pero en realidad fue dirigido a la base social de La Familia (a los integrantes activos de esta mafia criminal y también a las poblaciones que respaldan, protegen y nutren a la organización) con el objeto de explicar y justificar sus actos violentos, actuales y por venir.

Quizá una de las fallas más graves cometidas durante esta compleja campaña del Estado mexicano en contra de la criminalidad organizada ha sido la sistemática ausencia de un análisis más sociológico y antropológico, a propósito de la relación que sostienen las mafias con las poblaciones donde se encuentran radicadas.

Mucho mayor centralidad se ha dedicado al estudio de la estrategia militar y policiaca, a la perspectiva jurídica e institucional, a las cuestiones económicas, pero muy poca energía se le ha puesto a la dimensión social y sicológica del asunto.

¿Por qué comunidades enteras son cómplices de esta forma de delincuencia? ¿A qué se debe que éstas protejan, como si fueran propios, los intereses de los enemigos jurados del Estado?

Cada día resulta más evidente que esta forma de violencia crece y se desarrolla en nuestro país gracias al apoyo, pródigo y sin límites, de poblaciones específicas y bien localizadas. Grupos y comunidades que han encontrado en su relación con la criminalidad organizada una forma de supervivencia económica, de ascenso social y también de protección frente a la amenaza que representan otras mafias.

Vale la pena, desde esta preocupación, aventurarse en la interpretación del mensaje sembrado la semana pasada por Servando Gómez. En esa intervención La Tuta argumentó que mafias las hay por todo el mundo, pero dijo que era necesario diferenciar entre los distintos grupos criminales. En el caso de su organización habría prioridades y códigos que no comparten otros grupos delictivos.

La Familia tendría como propósito defender a los michoacanos de otras mafias como Los Zetas. Ellos serían los verdaderos asesinos, el peligro más grave frente al que todo michoacano debería reaccionar violentamente.

Luego, el señor Gómez trazó una asociación curiosa: mientras su organización profesa respeto y admiración por el Presidente y por el Ejercito, se declara al mismo tiempo enemiga de los mandos civiles que encabezan la campaña contra el crimen organizado, la PFP y la SIEDO, por actuar en complicidad con Los Zetas.

En las recámaras del gobierno federal habrán sonado absurdos los signos de admiración y enaltecimiento arrojados por La Tuta hacia el jefe del Ejecutivo. Sin embargo, el mensaje cobra un sentido diferente si éste tuvo como destinatarias a las redes sociales que La Familia sostiene en Michoacán, en el estado de México y en Guerrero.

Se trataría en realidad de una instrucción para advertir hacia dónde dirigir los ataques, y también a propósito de las autoridades con las cuales no deben meterse. De paso, el señor Gómez le envió a los adeptos de su grupo criminal un tercer recado: el enemigo está dividido y al Presidente lo tienen engañado.

Al discurso de La Tuta no le falta coherencia. Lo que ocurre es que no quería comunicarse con Felipe Calderón. Es con los suyos con quienes necesitaba establecer conversación, en estos días en que debe ser muy difícil para los integrantes de La Familia notificarse de otra forma. Con la entidad tomada por la policía y los militares, la televisora CB de Michoacán resultó una correa de transmisión muy eficaz.

Tiene sentido revisar el texto de este señor, desde la perspectiva de sus verdaderos significantes y significados. Ofrece pistas más que potentes para entender de qué va realmente este asunto de la criminalidad organizada en nuestro país.