El argumento del gobierno es que la batalla no sólo se libra en las calles con armas de alto poder sino también en los medios y que el narco tiene una estrategia mediática a través de la cual busca deslegitimar la acción gubernamental. Y la verdad es que hay mucho de cierto en este argumento. Si no, ¿cómo explicar los desplegados en los periódicos de La Familia michoacana, las narcomantas en las cuales se acusa al gobierno de favorecer a un cártel en detrimento de otro, o las narcoprotestas en Monterrey contra la participación del Ejército en esta lucha? En esta estrategia del narco también se pueden incluir las violentas ejecuciones de integrantes de bandas rivales que buscan amedrentar al contrario pero también generar un ambiente de zozobra en la población que eventualmente lleve al gobierno a cambiar la política de combate al narcotráfico.

En este tenor, la Secretaría de la Defensa lanzó hace unos días una acusación preocupante en el sentido de que la delincuencia utiliza a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para desprestigiar la lucha contra el narco mediante la presentación de quejas sin fundamento por violaciones a los derechos humanos. Esta acusación de parte del Ejército se da en un contexto de crecientes críticas a los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas en su combate al narco por parte de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y del anuncio de parte de la secretaria de Estado Hillary Clinton, de que se emitirá un reporte sobre el desempeño del gobierno mexicano en este tema.

Es probable que, en efecto, el narcotráfico esté utilizando el tema de los derechos humanos para minar la legitimidad de la estrategia antinarco del gobierno mexicano. No obstante, creer que todas las quejas al respecto son producto de la guerra mediática del narco contra el gobierno es querer tapar el sol con un dedo.

Pensar que el narcotráfico es capaz de manipular no sólo a la CNDH sino también a Organizaciones No Gubernamentales internacionales y al propio Departamento de Estado de EU suena inverosímil. Hay un problema real de derechos humanos que debe ser atendido con todos los recursos del Estado mexicano.

Es probable que se esté atendiendo más de lo que parece. Al menos eso sugieren los informes recientes de la Sedena sobre los casos en proceso de ser castigados. Pero no basta con hacer las cosas bien: también hay que darlas a conocer. Si, en efecto, lo que tenemos es una guerra del narco sobre la opinión pública, el gobierno y el Ejército deben dar esa batalla con tanto o más énfasis que la batalla que libran a diario en las calles de nuestro país. Quedarse callados esperando que la población, los medios de información, las ONG y el gobierno de Estados Unidos crean en la palabra del gobierno es de una ingenuidad pasmosa. Si no se gana la batalla de la opinión pública con información veraz y oportuna, la otra batalla, la del combate al narco, se puede en efecto perder de manera irremediable.

jorge.chabat@cide.edu

**Analista político e investigador del CIDE