Se trata del “Proyecto ProReforma”, ideado e impulsado por la “Asociación ProReforma del Estado mediante una Constitución de Principios”, cuyo presidente es el Ing. Manuel F. Ayau.

Motivados por los altos índices de pobreza y criminalidad reinantes en Guatemala, un grupo de ciudadanos creó, en el año 2005, esta asociación civil con el objetivo de realizar -como su nombre indica- una verdadera reforma política del Estado mediante la modificación de varios artículos de la parte programática de la Constitución vigente en el país desde el año 1985 (con reformas realizadas en el año 1993).

Bajo el lema “cada cuatro años insistimos en cambiar el piloto, cuando el problema es el vehículo”, la asociación trata de concientizar a la ciudadanía de que los problemas no se solucionan simplemente con políticos más o menos honestos o bienintencionados, sino haciendo un cambio institucional, partiendo de la base de que la pobreza y la criminalidad son problemas de raigambre constitucional.

El proyecto pretende crear un régimen legal en el que se respeten los derechos individuales y se limite el poder discrecional del Estado, lo que lo torna corrupto y otorgador de privilegios, a la vez que convierte a los ciudadanos en mendigos de permisos, en lugar de portadores de derechos. Entiende, asimismo, que una economía de mercado es la única manera de poder sacar a la población de la pobreza y que la independencia judicial y el efectivo cumplimiento de las penas es lo que va a reducir los índices de criminalidad.

A través de su articulado, la propuesta prevé la remoción del presidente mediante una consulta popular y por causas tales como la corrupción y la extralimitación en sus funciones. También estipula que la deuda pública y los tributos sean aprobados por 2/3 partes de los diputados, prohíbe el déficit presupuestario, limita el derecho de antejuicio para diputados, senadores y jueces, despolitiza la elección de ciertos funcionarios públicos y establece que los cargos de magistrados y jueces de primera instancia sean vitalicios, entre otras destacables reformas.

Un hecho a resaltar es que la propuesta hace un interesante distingo entre legislación y ley, reservándose el término “Legislación” para referirse al Derecho Público y “Ley” para aludir al Derecho Privado.

Se sugiere que el Congreso sea bicameral. La cámara de diputados se reduciría a 80 integrantes, de cuatro años de duración en el cargo cada uno, y tendría bajo su responsabilidad -en forma exclusiva- la “legislación”. Esta última caducaría automáticamente a los diez años, pudiendo renovarse sólo después de ocho en vigencia; esto obligaría a los diputados a evaluar periódicamente el desempeño de las agencias del gobierno, lo que las induce a un comportamiento responsable, como así, también, a evitar la existencia de legislación innecesaria.

En cambio, la cámara de senadores se ocuparía de la “ley” (de vigencia indefinida) y de otras funciones no político-partidistas, como, por ejemplo, designar magistrados del Poder Judicial. Se busca en el Senado una visión de largo plazo. Es por eso que el mismo estaría integrado por 45 senadores, que durarían en sus cargos quince años, sin posibilidad de reelección, debiendo tener como condición entre 50 y 65 años de edad y ser nominados y electos por sus coetáneos. Este último es uno de los puntos más polémicos del proyecto.

Lo que se pretende es que, año a año, solamente los ciudadanos de 50 años de edad elijan a tres senadores de su misma edad. Así, en cada período anual entrarían al Senado tres representantes de 50 años y se retirarían tres de 65. Con esto se busca conseguir un Senado representativo, que se renueve continuamente y que esté alejado de la política partidista.

Para alcanzar esta reforma constitucional, la asociación eligió la vía de la enmienda constitucional, la cual requiere la firma de, al menos, 5.000 ciudadanos para que la propuesta se presente al Congreso y que éste -a su vez y con el voto de 2/3 partes de sus integrantes-, convoque a una consulta popular. Desde la asociación consideran que este método es mejor que convocar a una asamblea constituyente, la cual terminaría entrando en una puja de intereses sectoriales.

Tras el arduo trabajo de jóvenes que se movilizaron de modo incesante, repartiendo panfletos y hablando con los vecinos, y de intelectuales que asistieron a universidades y programas de radio y TV, finalmente, el 27 de marzo de 2009, se presentó ante el Congreso guatemalteco la propuesta de reforma constitucional, acompañada de más de 73 mil firmas.

Al inicio de este artículo decía que en nuestra región las instituciones republicanas sirven para fines distintos de los que fueron creadas. Es deseable que esta gran esperanza para Guatemala se transforme en realidad e irradie, con sus principios rectores, a los demás países de Latinoamérica.