Para justificarse, ambos lados se envuelven en la bandera de la democracia. Pero los dos han demostrado que están sumamente dispuestos a pisotear la Constitución si les resulta necesario para imponer su propia agenda política. Honduras necesitará reemplazar su batalla ideológica con una gota de estadismo si pretende superar esta crisis.

Zelaya hizo una campaña presidencial centrista, con un enfoque en la seguridad, y fue electo en un voto libre y justo. Poco después, se giró de repente hacia la izquierda. En su política exterior decidió sumarse a la Alianza Bolivariana para las Américas de Hugo Chávez; en el campo interno, decretó un aumento vertiginoso en el salario mínimo.

Esta reorientación política lo alejó de la base que lo había votado. Pero fue un uso completamente legítimo de su autoridad. No es nada raro que un presidente cambie de rumbo-de hecho, lo menos común es que un líder sí cumpla sus promesas de campaña. Por supuesto, la presidencia no es un cheque en blanco, porque los otros poderes del estado la pueden controlar. Pero ni el Congreso ni la justicia había trabado la política exterior o económica de Zelaya, ya que todavía se mantenían dentro de la ley. Ni la relación que el presidente estableció con Chávez ni ninguna otra política de sus primeros tres años de gobierno justifica en absoluto la separación de su cargo.

Donde Zelaya sí se excedió fue en su campaña para escribir una nueva constitución. El actual documento no contempla una Asamblea Constituyente como un mecanismo de reforma. En cambio, establece que cualquier artículo, menos los siete "pétreos," se puede enmendar con la aprobación de dos tercios del Congreso en dos sesiones seguidas. La negativa de Zelaya a utilizar este trámite fortalece la sospecha de que lo que quería modificar era justamente un artículo pétreo, probablemente la prohibición a la reelección.

La Corte Suprema rechazó la encuesta/ referéndum/ consulta/ voto/ sondeo que el presidente pretendía llevar a cabo el 28 de junio, con el fin de convocar la asamblea a través de una cuarta urna en las elecciones en noviembre. Pero Zelaya lisa y llanamente desconoció la autoridad judicial, hundiendo al país en un conflicto de poderes y, por ende, cometiendo un delito. En cualquier otro país presidencialista, su comportamiento habría provocado al Congreso a hacerle un juicio político. Pero curiosamente, la constitución hondureña no incluye este proceso, un grave defecto, cuyas consecuencias están ahora a la vista. No obstante, la Corte Suprema cumplió con su deber de implementar la ley y ordenó su captura.

En ese entonces, les correspondía a los militares ejecutar esta directriz y llevar al presunto criminal ante un juez. Pero el supuestamente "obediente y no deliberante" Ejército recurrió a la justicia por mano propia, y respondió a los actos ilegales de Zelaya con una medida más ilegal aún. Tras detenerlo, los soldados le dieron un pasaje de "solo ida" a Costa Rica, violando sus derechos al debido proceso y a no ser expatriado. Exacerbando esta farsa de legalidad, el Congreso inmediatamente nombró a un nuevo presidente, aprovechando la "falta absoluta" de Zelaya producida por la fuerza hacía unas escasas horas.

Las nuevas autoridades ofrecen dos argumentos para justificar su actuación. Primero, dicen que Zelaya ya no era presidente cuando fue detenido, porque había violado el artículo 239 de la constitución, que establece que cualquier funcionario que apoye la reelección presidencial será removido de su cargo. Después, afirman que de haberlo juzgado, por sus supuestos delitos, se habría producido "un baño de sangre," y que la "paz social" era más importante que los derechos del "ex" presidente.

Ambas aseveraciones sufren de la misma falta conceptual. En ningún momento expresó Zelaya apoyo alguno por la reelección. De hecho, ha negado tal deseo de forma contundente, en innumerables ocasiones. La sospecha de que a pesar de sus declaraciones, el continuismo sí era su meta real es bien fundamentada, pero al final solo es una sospecha. De manera similar, no existe un pizco de evidencia de que los seguidores de Zelaya habrían sido más violentos con su líder en la cárcel de lo que han sido con él en el exilio. Esta sospecha ni siquiera es muy convincente. Ninguna jurisprudencia del mundo contempla condenar a alguien por la mera sospecha de una intención delincuente. La "justicia preventiva" no es justicia.

Por lo cual, las explicaciones del actual gobierno parecen ser justificaciones tardías en vez de motivaciones verdaderas. Si las autoridades realmente hubieran querido nada más que evitar la realización de un referéndum ilegal, solo tenían que cumplir la legítima orden de captura de la Corte. El hecho de que decidieron exiliar y reemplazar a Zelaya lleva a la conclusión de que el referéndum fue solo un pretexto para un golpe ya deseado por sectores influyentes de la clase política.

El plan del mediador Óscar Arias es una buena forma de revertir los abusos contra la democracia por ambas fuerzas. Al aceptarlo, Zelaya tendría que abandonar su campaña ilegal de reforma constitucional, y aceptar la soberanía del Congreso y las cortes en sus áreas de competencia. Por su parte, las autoridades actuales tendrían que reconocer que Zelaya sigue siendo el único presidente legítimo de Honduras.

Pero la implementación del Acuerdo de San José no será suficiente para asegurar que este triste episodio no se repita. Para esto, se requerirá de un cambio de paradigma en la sociedad: el reconocimiento de que las diferencias políticas se tienen que resolver a través del debate y la votación, y no a punta de pistola. Ojalá que esta crisis sirva como una lección de esta base fundamental de la vida democrática.