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14/08/2009 | México - Quieren una oligarquía bipartidista

Jorge Javier Romero

Es evidente que el arreglo político actual no está dejando satisfecho a nadie. Sus resultados son pobres en gobernación eficaz y no sirve para construir una representación nacional inclusiva, como lo demostró en la pasada elección el crecido número de votos nulos o por candidatos independientes. Empero, tampoco existe un clima de reforma profunda de las bases mismas sobre las que se ha construido, a lo largo de dos siglos, el deficiente Estado mexicano.

 

No parece existir, ni entre los políticos ni entre sus críticos, una reflexión seria que conduzca a una profunda reforma democrática del poder en México. En cambio, por aquí y por allá surgen propuestas para parchar el raído traje presidencial, invento del siglo XVIII que queremos a toda costa seguir usando el siglo XXI: que si eliminar la representación proporcional, que si reducción del número de diputados, que si reelección, que si candidaturas independientes.

Todas estas proposiciones dejan de lado el problema principal: el arreglo constitucional que norma el poder político no sirve. De hecho, nunca ha servido y siempre ha debido ser sustituido por arreglos informales, ya fuera la dictadura personal o el régimen del PRI.

Uno de los tópicos más repetidos en las opiniones y las discusiones de los días electorales, como parte de una pretendida agenda de nueva reforma política, ha sido la disminución o de plano la eliminación de la representación proporcional. Es un asunto atractivo tanto para el PAN como para el PRI y el senador Beltrones se ha convertido en uno de sus campeones. Según el lugar común, la representación proporcional tenía sentido cuando no había partidos o éstos eran muy débiles; también se repite que a los diputados y senadores de representación proporcional nadie los eligió. Los dos argumentos no por reiterados dejan de ser falsos.

El primero de los dichos supone que el principio de elección de mayoría relativa es más democrático porque establece una representación directa entre electores y legisladores. La mayoría elige al que va a llevar la voz de la comunidad al espacio de representación. En primer lugar, esto supondría la existencia de distritos que sí representaran a una comunidad. Ese no es el caso mexicano, donde los distritos no son más que demarcaciones administrativas sin mayor existencia que la electoral. Uno vive en Mixcoac o en San Ángel, no en el distrito XXI o XVI. Nada de comunidad tienen los distritos. No son como las constituency británicas, de donde se copió el modelo estadounidense adoptado por México, pues ahí hay una coincidencia entre el cuerpo electoral y la comunidad social. Más allá de ello, la elección de mayoría relativa tiene un gran defecto: el que gana, aunque sea por un voto, se lleva todo y deja sin representación a las posiciones distintas aunque éstas sean casi tan numerosas como la ganadora.

El hecho de que el ganador se lleve todo implica que los perdedores se quedan al margen de la toma de decisiones. Ese es uno de los principales problemas del régimen presidencial y sin duda ha sido fuente de conflicto político a lo largo de la historia de México. ¿Acaso la representación de 300 electores debe desaparecer sólo porque otros se agregaron y fueron 301? De ahí que todas las democracias desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial hayan creado distintos mecanismos de representación de la pluralidad diferentes al método del ganador se lleva todo, surgido en el siglo XVII. De hecho, los sistemas que mantienen sólo mayoría relativa son los menos en el mundo de hoy, puesto que la representación plural contribuye sustancialmente a trasladar el conflicto social al terreno de la deliberación política institucionalizada.

El problema no está en la pluralidad, sino en cómo ésta desarrolla mecanismos para la formación de coaliciones estables que deriven en gobernación eficaz. Eso es precisamente lo que no está resuelto en México ni se resolverá en el marco del presidencialismo clásico.

El segundo argumento se derrumba de un vistazo. Hay diputados de mayoría relativa elegidos por un puñado de votos, mientras que cada diputado de representación proporcional puede requerir miles de sufragios, sobre todo para los partidos más pequeños.

Lo que pretenden en realidad PAN y PRI cuando claman contra la representación proporcional, con el beneplácito de los locutores lectores de noticias, es recortar la pluralidad para consolidar una oligarquía bipartidista, sueño dorado del PAN desde su nacimiento y deseo reciente de los priístas. Se equivocan, porque dejan de lado la realidad del país. Cuando Reyes Heroles introdujo la representación proporcional en la reforma política de 1977 lo hizo con la intención de crear incentivos para que quienes estaban en aquel tiempo al margen de la política institucional, ya fuera en las guerrillas, en las tomas de tierras o en la conflictividad urbano-popular o sindical, hicieran política parlamentaria. Recortar la representación, ideal oligárquico de la derecha, no resolvería nada. Al contrario, podría regresar la conflictividad a las calles y aumentaría la protesta social sin cauce institucional. Juegan con fuego los que quieren sacar a las minorías de los espacios legislativos.

El Universal (Mexico)

 


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