Por la seguridad y viabilidad del país, el gobierno federal está obligado a centrar sus fuerzas legales en alejar cualquier posibilidad de que se constituya un narcoestado. Y debe hacerlo con firmeza porque lamentablemente existen condiciones para ello.

Tales condiciones están expresadas en una clara crisis de participación ciudadana, producto de que los mexicanos estamos ocupados en protegernos de las constantes y cada vez más intensas agresiones del crimen, y cada vez menos atentos al avance de la delincuencia organizada para apoderarse de los espacios públicos.

Es sumamente grave, y por ningún motivo debemos asumirlo como irremediable, el que hoy nuestras familias compartan los espacios públicos con la delincuencia, como si fuese algo normalmente cotidiano.

Asimismo, debe enfatizarse que no son suficientes las acciones emprendidas por el Ejército, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal, puesto que en los hechos no se está impidiendo que la droga llegue a nuestros hogares ni que ciudadanos se sigan sumando a las filas de la delincuencia organizada.

Ha sido más una lucha de fuerza, de acción policial y militar, que una política de Estado, en la que también esté integrada una estrategia de reconstrucción del tejido social a base de programas de cultura de la legalidad y prevención del delito. Son componentes que se han olvidado y que deberían vincular a todos los niveles de gobierno. Para ser claros, pocos o ningún gobernador se preocupa por este tema y los presidentes municipales, que por su cercanía con la base social deberían ser sus principales impulsores, tampoco lo hacen.

Estados y municipios deben ocuparse en programas sociales, en acciones de reconstrucción de ciudadanía, en programas de educación y salud y en prevenir que el crimen organizado compita con el gobierno en el pago de impuestos con su extorsión por derechos de piso a cambio de “seguridad”.

Por otro lado, no podemos dejar de ver que el crimen organizado es un problema global, por lo que el gobierno debe coordinarse con otros países, como Estados Unidos, en sistemas transnacionales de inteligencia que rompan las estructuras financieras globales del crimen; el día que veamos que se confiscaron cuentas de banco, propiedades y negocios de los líderes de la delincuencia organizada, aunque haya menos noticias de detenidos, sabremos que hemos dado un gran paso en el combate a la delincuencia y a la corrupción.

Derivado de esta lucha anticrimen surge un tema que no podemos dejar de observar y que es el del respeto a los derechos humanos. ¿Es posible construir un estado de derecho sin violaciones a los derechos humanos? Recordemos que Benjamin Franklin dijo: “Quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeña seguridad transitoria no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad”.

Los mexicanos debemos ser cuidadosos en no claudicar en la defensa de nuestras garantías fundamentales, porque las autoridades, desde policiacas hasta administrativas, deben ser las primeras en respetarlas.

Por eso debemos exigir que el Legislativo salga de su letargo, al que entró tras la aprobación de la Ley del Sistema Acusatorio y de Juicios Orales, en junio de 2008, y dictamine y apruebe las leyes secundarias para la operación del nuevo sistema que privilegia alternativas a la prisión en los delitos que, por su poca gravedad, permiten la mediación, la conciliación y los acuerdos.

Ya bastante mal estamos como para que el cambio se quede a la mitad y se colapse el sistema de justicia. El ritmo en la legislación debe estar de acuerdo con las necesidades y causas comunes de la sociedad, no con los intereses políticos y personales de los legisladores, a veces más preocupados en pedir licencia para ir a ocupar otros cargos que en los intereses ciudadanos.

Sin duda, México vive una crisis general y la socioeconómica indudablemente agudizará la de seguridad; por ello, no debemos sumar una crisis más: la del autoritarismo, la violación a los derechos fundamentales como forma aceptada de combate al delito; de violación a la ley por parte de la autoridad, porque eso es la renuncia misma a los cimientos de la democracia.

El combate a la delincuencia no debe visualizarse como una guerra del Presidente contra los narcos, sino como una política de Estado que involucre a todos los niveles de gobierno y que tenga el apoyo ciudadano para vigilar a las autoridades y cerrar el espacio social a la delincuencia. Asumamos cada uno la parte que nos corresponde; la opción actual no es opción: dejarle el país al crimen y a los políticos, ¿verdad que no?

me.morera@gmail.com

**Activista social, miembro honorario de México Unido Contra la Delincuencia, AC