Durante los primeros años de la década de 1990 las protestas y los movimientos sociales fueron muy débiles. Pero no por la pericia del gobierno para controlarlos, sino por varios factores que venían de atrás.

El primero, la crisis económica, el desempleo y la hiperinflación del primer gobierno de Alan García, que pulverizaron los sindicatos, que habían proliferado y se habían fortalecido en la primera mitad de los 70, una etapa de crecimiento económico.

El segundo, la guerra interna. Los senderistas asesinaron a numerosos dirigentes populares, como por ejemplo, a la lideresa de Villa El Salvador, María Elena Moyano. Las fuerzas del orden y grupos paramilitares hicieron lo suyo, matando a muchos otros, como el dirigente de la Federación Minera Saúl Cantoral.

Algunos crímenes, como el del líder de la CGTP y construcción civil Pedro Huillca, fueron atribuidos tanto a SL como a las fuerzas del orden.

El hecho es que hubo una sangría brutal y despiadada de dirigentes populares que, además, tuvo el efecto de amedrentar e inhibir a muchos otros, que era precisamente lo que buscaban los asesinos.

SEQUÍA DE INVERSIONES

El tercer factor fue la escasez de inversiones, en particular en minería e hidrocarburos, durante casi toda la década pasada. Precisamente por los factores señalados, la política populista del primer gobierno de García y el terrorismo, nadie se animaba a invertir en esos sectores.

A fines de los 90 empezaron a aumentar las exploraciones y comenzaron algunas nuevas explotaciones, que crecieron formidablemente a principios de la actual década.

Precisamente alrededor de esas actividades es que se han producido gran parte de los conflictos sociales en los últimos años.
En suma, es una ilusión creer que es gracias a la sagacidad de Fujimori y Montesinos que hubo menos movilizaciones y conflictos sociales la década pasada.

DESBORDE POPULAR

De hecho, los dos últimos años de la dictadura, los movimientos sociales se desbordaron. Para muestra unos botones: en 1998, en Iquitos, una turba rebasó a la Policía y persiguió al entonces ministro del Interior, el general EP José Villanueva Ruesta, hasta su hotel. Villanueva fugó por la puerta de atrás y la masa enardecida incendió el hotel y otros locales. Hubo seis muertos.

O cuando una horda asaltó sorpresivamente Palacio de Gobierno y les prendió fuego a los dormitorios de los Húsares de Junín.
Las movilizaciones, sobre todo de construcción civil, ocupaban en cualquier momento el zanjón, provocando unos atolladeros monstruosos.

Las movilizaciones de junio y julio de 2000, luego de la fraudulenta reelección de Fujimori, culminaron con la Marcha de los 4 Suyos, y contribuyeron al derrumbe de la dictadura.

El hecho de que los medios de comunicación, comprados y controlados por Fujimori y Montesinos, invisibilizaran esos sucesos, no quiere decir que no existieran.

En síntesis, durante parte de la década de 1990 las movilizaciones fueron débiles como consecuencia de la crisis, la hiperinflación y la destrucción de los sindicatos, por el terror que asesinó y desmoralizó a los dirigentes populares; y por la casi inexistencia de exploraciones y explotaciones mineras y de hidrocarburos. Pero a finales de la década, los movimientos sociales jaquearon a Fujimori y contribuyeron a su caída.

EL TERRORISMO

Con gran desparpajo los fujimoristas ahora pretenden tener la receta para acabar con los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAE y el Alto Huallaga. Pretenden que el público olvide que SL se derrumbó luego de la captura de Abimael Guzmán y sus secuaces el 12 de setiembre de 1992, en una operación diseñada y ejecutada por un grupo de policías al margen del SIN y sin conocimiento de Fujimori y Montesinos.

En ese momento, Fujimori envalentonado, ofreció que para 1995 acabaría con SL. Llegó ese año y los remanentes seguían en lo mismo. Peor aún, cuando cayó la dictadura, en noviembre de 2000, los dos grupos terroristas permanecían donde siempre estuvieron.

Es decir, transcurrieron más de ocho años desde el derrumbe de SL y la dictadura de Fujimori y Montesinos fue incapaz de acabar con esos rezagos. Cuando lo intentaron, sufrieron derrotas catastróficas, como la emboscada en la que cayó el helicóptero del general del SIN Adolfo Fournier en octubre de 1999.

¿Por qué ahora podrían hacer lo que no lograron en la cúspide de su poder?

FABRICANDO FANTASMAS

Ahora pretenden hacer creer que los senderistas del VRAE y el Alto Huallaga, que están allí desde hace 20 o 25 años, han aparecido ayer y que son, supuestamente, terroristas liberados por Valentín Paniagua o Alejandro Toledo. La verdad es que estos presidentes no liberaron a un solo terrorista, solo a algunos presos inocentes (la mayoría salió durante el gobierno de Fujimori).

Es cierto que sentenciados por terrorismo han sido puestos en libertad al cumplir su condena, como es natural. Pero ninguno de ellos, que se sepa, ha vuelto a tomar las armas. Están viejos, cansados, golpeados por años o décadas en prisión. Algunos siguen siendo izquierdistas y pretenden hacer política, pero eso no tiene nada que ver con los grupos armados del VRAE y el Alto Huallaga, convertidos en sicarios del narcotráfico.

En síntesis, mintiendo y fabricando mitos, el fujimorismo quiere hacer creer que ellos serían capaces de lograr la paz social y acabar con los remanentes del terrorismo. Cuando lo más probable es que provoquen graves conflictos y agudicen el desorden y la violencia.