El “realismo” se refiere a los 3 mil 500 trabajadores que serían afectados. El presidente no quiere perjudicar el empleo, las exportaciones, la producción. Está dispuesto, al parecer, a flexibilizar para Doe Run los plazos establecidos.

El gobierno debería aplicar la ley y exigir el cumplimiento de los contratos. Doe Run no ha querido financiar el costo total del programa de adecuación ambiental.

La minera ha publicado extensos avisos reseñando todo lo que invirtió y lo que pagó en impuestos. No dicen esos avisos una sola palabra sobre el tema del incumplimiento de los plazos.

Avalar a quien no cumple, ayudarlo a enfrentar las dificultades, es una pésima señal. Muy mala para los que cumplen, y muy atractiva para los que no cumplen sus obligaciones.

No es saludable, tampoco, que el jefe del Estado quiera involucrarse en el manejo administrativo del caso. El jefe del Estado no debe ser un gestor ni de la empresa ni de los trabajadores.

El presidente de la República no debe parcializarse ni tomar partido por una empresa. Menos, defenderla, como si fuera un abogado particular, de las sanciones que le corresponden por incumplir con sus compromisos.

El mandatario debe olvidarse del “realismo”. Debe recuperar su función de encargado de cumplir y hacer cumplir las leyes. Debe ser es-tricto y riguroso en gobernar según la ley y bajo el imperio de la ley.

Un presidente que adecúa las reglas a los intereses de una empresa o un sindicato no es un presidente del Perú, sino de los grupos de intereses especiales. Si se demuestra una intervención del jefe del Estado en este caso se relajará la autoridad de la primera investidura.

No bastan las buenas intenciones. Hay que apegarse a la ley.

Estamos a tiempo para que el presidente reflexione. Debe darse cuenta de que son las autoridades competentes y naturales las que deben resolver lo que suceda con Doe Run. No debe hacerlo el presidente de la República y, menos, ejerciendo el poder que todos le dimos, para consagrar un privilegio.

Doe Run es solo un ejemplo. Hay que separar al Estado de la Empresa. Esa cercanía es tóxica y peligrosa para el estado de derecho, el mercado y la política nacional.

Ojalá el presidente dé marcha atrás.