Hace unas semanas apareció / desapareció en Venezuela un presunto proyecto de ley que recreaba el delito mediático, definido con la amplitud necesaria para que el poder tuviera al aplicarlo la mayor latitud de comportamiento. El revuelo que causaron esas aparentes intenciones del poder cabe que obligara a las autoridades a pensárselo dos veces y decidir que un asalto frontal a la libertad de expresión era o bien prematuro o contraindicado. Y entonces resultó que según Caracas no había tal cosa y todo se reducía a un malentendido. El presidente Chávez promulgó el lunes pasado, sin embargo, otro texto legal, que con el nombre de Ley Orgánica de la Educación revive las principales previsiones del fantasmal proyecto anterior.

La nueva ley eleva el Estado venezolano a la condición de docente, lo que, a diferencia del socialismo del siglo XXI, sí se sabe lo que significa. Desde el punto de vista de la democracia occidental, el Estado debería cumplir una triple función: igualitaria, protectora y garantista. Igualitaria para redistribuir el ingreso, lo que significa el poder material del ciudadano; protectora porque los hechos parecen demostrar que esa redistribución nunca hará la justicia social en la tierra, razón por lo que siempre será necesaria una protección a posteriori de los derechos y necesidades de los más débiles; y garantista para que todos los ciudadanos, con redistribución y protección debidamente activadas, sean iguales ante la ley. Los ciudadanos de Nueva Orleans tenían el derecho y la necesidad de que el Estado norteamericano reparara con suficiente diligencia los diques de la ciudad, en previsión de que pasara lo que pasó con el huracán Katrina. Cosa que no se hizo.

Y el líder bolivariano añade a ese triple cometido una docencia estatal que, asegura, permitirá la construcción del hombre y la mujer nuevos del socialismo. La ley dicta con ese propósito que los medios de comunicación han de cumplir funciones informativas, formativas y contribuir al desarrollo de los valores y principios establecidos en la "Constitución bolivariana". De igual forma, se recogen aspectos de una ley de 1980 -anterior al chavismo- que persigue aquellos contenidos que pudieran ser causa de indisciplina, deformación del lenguaje, o amenazasen el estado físico o mental del pueblo. Por la deformación del lenguaje no hay que temer demasiado porque en Venezuela se dice, por ejemplo, estacionar para describir lo que incorrectamente en España se llama aparcar. ¿Y cómo se llega a la conclusión de que hay indisciplina o se amenaza el estado mental o físico del ciudadano? E igualmente, cuando Chávez añade como comentario de texto que la ley permitirá cortar las cadenas del "coloniaje cultural" ¿a qué se refiere? ¿A las de Cervantes?; ¿a las que, aparentemente, obligan a que todos los venezolanos, y los latinoamericanos en general, digan docenas de veces al día okay, como también empieza a ocurrir en España? ¿Será el presidente un topo de la RAE?

Tras la autodestrucción del comunismo soviético y la reinterpretación autóctona del comunismo chino, parece diáfano que el Estado es lo único que nos separa de la barbarie, pero no cualquier Estado, no aquel que ordene y dirija la totalidad de la vida del ciudadano. Y parece evidente que estamos entrando en la etapa decisiva de la gobernación chavista, en la que se definirá el futuro del país para muchos años y, sobre todo, sin posible marcha atrás. La libertad de expresión de los medios venezolanos sigue siendo hoy aún considerable, y algunos dicen cosas contra el sistema y su creador que en Europa costarían la cárcel, pero para castigar esos excesos debería bastar el ordenamiento jurídico anterior. El problema de la vaguedad de los tipos delictivos que hoy se consagran, es que sólo sirven para que un poder personal los interprete a su sabor.

Cuando muchos indicadores apuntan a que el chavismo sufre dificultades económicas, interiores y exteriores; cuando utiliza la presencia militar norteamericana en Colombia, y el derrocamiento ilegítimo del presidente hondureño Manuel Zelaya, como punta de lanza de su ofensiva diplomática en América Latina, es cuando el ex coronel toma las decisiones que anuncian la hora de la verdad.