En México, el Gobierno del presidente Felipe Calderón emprendió una ofensiva frontal contra el narcotráfico, que el propio Gobierno ha equiparado discursivamente con una guerra. Esa guerra enfrentará en los próximos meses un escenario de riesgo adicional: el Gobierno mexicano padece una grave crisis en las finanzas públicas, y es probable que vea mermada su capacidad de maniobra en la lucha contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico en México se encuentra sin duda en un punto álgido.

Según el diario Reforma, en 2007 en México hubo 2.275 ejecuciones relacionadas con el narcotráfico; en 2008 se dieron 5.207 y en lo que va de 2009 la cifra se acerca a las 4.000. Según la contabilidad del diario El Universal, la cifra se aproxima a las 4.500.

La violencia del narcotráfico es una experiencia cotidiana y todos los días se informa de noticias que van rebasando a la experiencia anterior. Nada menos, el jueves 20 de agosto fue ultimado a tiros el presidente del Congreso de Guerrero, el diputado Armando Chavarría Barrera, que era uno de los precandidatos más claros para suceder al gobernador Zeferino Torreblanca.

Al margen de la polémica teórica de si se trata de una guerra o no, el hecho es que, por primera vez desde los tiempos de la revolución mexicana a principios del siglo pasado, prácticamente todo el Ejército Mexicano se encuentra en la calles, operando, metido de lleno en el combate contra el crimen organizado.

La estrategia de guerra, empleando a todo el Ejército sin contar en el medio plazo con la posibilidad de relevarlo con una estructura de policía civil, está arrojando sus primeros frutos: cuestionamientos a las fuerzas armadas y acusaciones de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales nacionales de violación de los derechos humanos.

Es evidente que no había otro recurso que emplear al Ejército, pero también lo es que la estrategia de guerra no calculó los tiempos, los recursos y la capacidad real del Estado para construir nuevas instituciones que fueran capaces de relevar al Ejército, aunque sea parcialmente, en la lucha contra el crimen organizado.

Desafortunadamente, la estrategia provisional de usar al Ejército en la lucha contra el crimen organizado se va a convertir en una estrategia permanente con todos los costos y los riesgos que ello implica.

La guerra de Calderón está enfocada, de manera central, en el despliegue policial y militar en contra del crimen organizado. No se ha trabajado lo suficiente en los otros frentes, que van desde el aparato de justicia hasta los sistemas de reclusión y readaptación social.

Hay además un claro déficit en la estrategia de salud pública en el combate a las adicciones y prácticamente están marginadas de la estrategia contra el narcotráfico las instituciones educativas y las políticas de desarrollo social.

La estrategia ha sido más policial que social, y ciertamente no ha sido suficiente la capacidad del Gobierno para convocar a la sociedad civil en su lucha contra el crimen organizado.

En todo caso, la guerra contra el narcotráfico está consumiendo recursos muy importantes. Esta guerra, como toda guerra, está costando mucho. Al margen de las vidas humanas y de los costos económicos, los de imagen, la afectación al turismo y a las inversiones -y todo lo que significa para la competitividad del país-, el Ejecutivo está dedicando cada vez más recursos a una guerra a la que, según los especialistas, no se ve el fin.

Para ejemplificar, tomemos un solo indicador. Revisemos el presupuesto de cuatro dependencias que están concentradas, casi exclusivamente, en la lucha contra el narcotráfico: las Secretarías (ministerios) de la Defensa, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. El presupuesto de estas cuatro dependencias en conjunto se ha visto incrementado de media en casi un 60% a lo largo de la presente Administración. Destaca de manera significativa el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, que se ha incrementado en 140%. El presupuesto de la Secretaría de la Defensa pasó de 32.200 millones de pesos en el 2007, a 34.861 millones de pesos en 2008 y a 43.623 millones en 2009 (el tipo de cambio es de más de 18 pesos por euro). La Secretaría de Marina pasó de 10.951 millones de pesos en 2007, a 13.382 millones en 2008 y a 16.059 millones en 2009. La Secretaría de Seguridad Pública pasó de 13.664 millones de pesos en 2007, a 19.711 millones en 2008 y a 32.916 millones en 2009. Y el presupuesto de la Procuraduría General de la República, pasó de 9.216 millones en 2007, a 9.307 millones en 2008 y a 12.309 millones en 2009.

Para hacer algunas comparaciones, en el presupuesto del presente año el acumulado de gasto de estas cuatro dependencias dedicadas hoy de lleno a la seguridad y al combate al narcotráfico representó 104.907 millones de pesos, cantidad que ya es superior al presupuesto de ministerios como el de Salud, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Comunicaciones y Transportes. Es un gasto que constituye más de la mitad del presupuesto total de la Secretaría de Educación Pública y casi nueve veces el presupuesto autorizado al Instituto Federal Electoral, en un año de elecciones.

Evidentemente por dinero no ha quedado

Esas cifras nos obligan a hacernos muchas preguntas: ¿es correcto seguir gastando el dinero de esa manera? ¿Estamos gastando en los rubros correctos? ¿Cómo se está gastando todo ese dinero? ¿Se estará gastando el dinero de manera eficiente? Y lo más importante: ¿Es sostenible ese ritmo de gasto? ¿Cuánto tiempo más puede un país como México mantener ese nivel de gasto en seguridad? ¿Y qué va a pasar cuando falte el dinero?

Todas las preguntas resultan cuando menos pertinentes y oportunas, pero la última adquiere una gran relevancia por la crisis económica que vive el país. México es uno de los países que experimentan una de las caídas más grandes del PIB en todo el mundo. El PIB de México creció en 2007 un 3,3%, y apenas 1,3% en 2008. En los dos primeros trimestres del 2009 experimenta una caída del 8,5% y del 10,3% respectivamente. La expectativa del Banco de México, que algunos especialistas consideran optimista, es que la economía mexicana cerrará el año con una caída de entre el 6,5 y el 7,5%.

Aunque la autoridades insisten en que ya pasó lo peor de la crisis, lo real es que las finanzas del Gobierno se han visto afectadas: primero por la caída de la economía que ha mermado de manera importante la recaudación, pero también por un segundo, y no menor, factor: la caída de los precios internacionales del petróleo y de la plataforma de producción petrolera del país.

Según información de Hacienda, de enero a junio de 2009 los ingresos del sector público cayeron el 7,8% respecto al mismo periodo de 2008. El Secretario de Hacienda ya dio a conocer un recorte de más de 80.000 millones de pesos para el presupuesto de 2009 y ha afirmado que el faltante de 2010 podría ser superior a 300.000 millones de pesos.

Ante una clara reducción en los ingresos el Gobierno de Calderón tiene que replantear sus prioridades, recortar el gasto público, cobrar más impuestos y seguramente endeudarse.

¿Dónde recortar?

Es evidente que el Gobierno tendrá menos dinero para gastar y que tendrá que disminuir partidas clave. El dilema que se plantea es reducir en la lucha contra la delincuencia o bajar en los programas y las políticas sociales. Es un debate presupuestario, pero constituye también uno de filosofía política.

¿Seguimos invirtiendo en policías y armas o invertimos en programas sociales, de salud pública y de combate a las adicciones? ¿Invertimos más en cuarteles y logística militar o invertimos más en educación? ¿Fortalecemos el despliegue de militares o el despliegue de médicos y maestros? ¿Más estrategias militares o más programas de desarrollo social?

El Gobierno, al anunciar sus recortes, ha dejando muy claro que no se reducirán ni el gasto social, ni el gasto en seguridad pública. Suena bien, pero sabemos que esto no será posible.

Calderón deberá presentar el presupuesto para 2010 a más tardar el 8 de septiembre. La nueva Cámara de Diputados, controlada por la oposición después de las elecciones legislativas del 5 de julio pasado, puede imponerle modificaciones importantes al presupuesto y desde luego a la estrategia en la lucha contra el crimen organizado.

Sin duda habrá debates importantes, pero todo parece indicar que, a mitad del camino en su guerra contra el narcotráfico, el Gobierno de Calderón empieza a tener problemas financieros. Los estrategas de la guerra contra el narcotráfico en México quizá no calcularon lo suficiente que las guerras se hacen con dinero y que el dinero siempre es un recurso escaso y finito.

Lo cierto es que la crisis económica obligará a repensar la estrategia de seguridad pública del Gobierno mexicano. Se verá obligado a reconocer sus errores. En lugar de los grandes despliegues, tendrá que optar por tiros de precisión resultado de la investigación y la inteligencia. Se verá forzado a ser más eficiente en la guerra contra el narcotráfico y a replantear una estrategia más integral, con un enfoque más social y menos policial. Tendrá que innovar y trabajar más en el combate del narcotráfico en su vertiente financiera y patrimonial.

El Gobierno deberá explorar la experiencia de otros países en los que se utiliza el dinero de la delincuencia en la lucha contra la delincuencia. México tendrá que buscar los recursos del narcotráfico y emplearlos para luchar contra el propio narcotráfico.

México vive en medio de dos crisis superpuestas: una de seguridad pública y una económica. Es una mala combinación. Es necesario debatir y cuestionar si la manera como estamos enfrentando la lucha contra el narcotráfico es la correcta, y sobre todo si habrá dinero suficiente para continuar en ella.

**Sabino Bastidas Colinas es politólogo y maestro.