Boudou sabe que hay cifras del INDEC que no resisten el más mínimo “test de consistencia” cuando se cruzan con otras variables o datos duros de la economía. Es un ejercicio para los primeros cursos de la facultad: chequear si los números que se analizan guardan relación con la lógica económica más elemental.

Un ejemplo. El INDEC dice que la inflación del último año, medida por el IPC (julio 09/julio 08), fue de 5,5 por ciento. A su vez, en su último informe salarial (“Índice de salarios y coeficiente de variación salarial”, agosto 2009), el INDEC publica que en el último año (junio 09/junio 08) los sueldos en negro crecieron 28,3 por ciento, cinco veces más. Mientras que la “suba de salarios registrados” o en blanco fue de 18,3 por ciento.

Pues bien, si esos datos fueran ciertos, la Argentina sería un caso único en el mundo de redistribución del ingreso a favor de los trabajadores; en especial de aquellos cuyos patrones contratan al margen de la ley, pero –curiosamente– los retribuyen con generosos aumentos reales de sueldos.

Pobreza y desigualdad –fenómenos asociados con los elevados niveles de informalidad de la economía argentina– habrían descendido en picada, como nunca en las últimas décadas. Empresarios munificentes, disciplinados a la hora de remarcar los precios por Guillermo Moreno. Un mundo maravilloso. Dicho sea de paso, debería ser políticamente muy torpe un Gobierno para perder una elección legislativa en un contexto tan próspero.

Pero vamos al test de consistencia. Si el poder de compra de los trabajadores hubiera mejorado en semejante magnitud durante el último año, entonces el consumo no debería mostrar durante este año ninguna desaceleración ni caída. Al contrario, las ventas minoristas de consumo masivo deberían volar, acompañando el salto en el poder adquisitivo.

Nada de eso ocurre. Tanto es así que durante los últimos meses la administración K se dedicó a anunciar polémicos planes de estímulo al consumo de los sectores medios, con créditos financiados por la ANSES.

Otro ejemplo. Si la inflación fuera del 5,5%, sería absurdo que las empresas pagaran créditos con tasas de interés arriba del 20 por ciento. Tasas de interés reales exorbitantes hubieran empujado ya al borde de la quiebra a buena parte del aparato productivo. Además, ¿qué empresario invertiría un peso con tasas de interés reales positivas de más de 15 puntos?

Tampoco cierra el dato de inflación oficial con las tasas de interés que pagan los bancos a los depositantes (alrededor del 12% anual). Si el número del INDEC fuera correcto, entonces la fuga de capitales sería más grave de lo pensado. Implicaría que los ahorristas corrieron al dólar durante el último año sin importarles las atractivas tasas de interés reales positivas, sin mirar la rentabilidad de sus depósitos en pesos; es decir a cualquier precio. Un escenario similar al de 2001, que afortunadamente no se condice con la realidad.

Un ejemplo más. Boudou anunció esta semana un convenio con Carrefour, que ofrecerá en sus góndolas una canasta básica de alimentos –elaborada por un equipo de nutricionistas– para una familia tipo (matrimonio y dos niños) al módico precio de $ 5,50 diario por persona. Aunque no idéntica (tiene varios productos menos y las variedades son más limitadas) su composición es muy similar a la canasta básica de alimentos del INDEC, que fija la línea de indigencia.

Pese a que no está claro si la empresa abarata sus precios como parte del compromiso con el Gobierno, tanto Artemio López como Ernesto Kritz concluyen que la canasta de Carrefour es entre 40 y 50% más cara que la valuada por el INDEC. Con el costo de la canasta básica a los precios promocionados por Boudou y Carrefour, la pobreza rondaría el 30%, el doble de la medición oficial.

En fin, el ministro tiene razón. El INDEC es una caja de Pandora. A partir de hoy empieza a abrirla un Comité Académico integrado por profesionales de tres universidades.