El Gobierno admitió en sede parlamentaria en dos ocasiones durante el año 2004 estar utilizando el software de interceptación de llamadas Sitel. En ambas comparecencias, sin embargo, ocultó el hecho de que la aplicación informática estaba siendo utilizada sin ninguna cobertura legal.

El 13 de octubre de 2004, según se refleja en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, justificó ante los representantes de los ciudadanos la necesidad de invertir más de un millón de euros en el mantenimiento del sistema de interceptación de llamadas. "El mantenimiento de equipos informáticos (...) está dotado con 2,44 millones de euros (...). El programa Sitel supone 1.253.570 euros". Durante la misma intervención, el responsable de la seguridad del país explicó en el mismo sentido que el aumento del presupuesto de la Secretaría de Estado era de casi el 8% con respecto al año anterior. "Este incremento de seis millones de euros nos va a permitir desarrollar todos aquellos programas estratégicos que se han mencionado expresamente: Sirdee, Sitel, Sive". 

Pero además de la explicación presupuestaria, Antonio Camacho entró de llenó en explicar el software. "El Sistema Integrado de Interceptación Telefónica es un sistema que se ha desarrollado a lo largo de los años 2001 y 2003, es un buen proyecto, y de lo que se trata en estos presupuestos es de establecer la consignación presupuestaria suficiente para optimizar el sistema. Estamos hablando en concreto de que la participación del servicio 02, Secretaría de Estado de Seguridad, en este proyecto es para el año 2005 de 601.000 euros.

Superproyecto informático

Seis días más tarde, el número dos del Ministerio del Interior volvía a intervenir ante las Cortes Generales. Esta vez hacía una argumentación más amplia sobre la aplicación. "La Secretaría de Estado da especial importancia a las nuevas tecnologías en la lucha contra la delincuencia, hasta el punto de que el superproyecto de equipos informáticos del Ministerio del Interior (...) ha crecido un 452% en los Presupuestos Generales (...). Dentro de ese superproyecto de equipos informáticos, hay uno en concreto que hace referencia al Sitel, al Sistema Integrado de Interceptación Telefónica, que trata de mejorar, desde un punto de vista operativo y estratégico, (...) esas interceptaciones telefónicas que tan importantes son en la lucha contra la criminalidad organizada. (...) Con el programa Sitel, de lo que se trata es de permitir que las Fuerzas de Seguridad del Estado consigan llegar a esas nuevas tecnologías que son utilizadas por las bandas organizadas (...). Una de las prioridades en la lucha contra el tráfico de estupefacientes va a ser priorizar y optimizar la utilización de nuevas tecnologías (...) en el ámbito de las intervenciones telefónicas".

Escondió el secretario de Estado, sin embargo, que ese "superproyecto" no contaba con cobertura legal alguna. Una situación de vacío en la que operó durante más de un año, hasta que el 15 de abril fue aprobado el RD 424/2005. Este reglamento también se tornó insuficiente, según sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2008.

Hasta el 18 de octubre de 2007 no se aprobó una ley ordinaria que regulara el software, norma que aún no está claro si es suficiente, ya que la Constitución señala que los asuntos que pueden limitar derechos fundamentales deben regularse por ley orgánica.

Cospedal: "Se vulneran derechos fundamentales"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que no se arrepiente "en absoluto" de haber acusado al Gobierno de realizar escuchas ilegales a miembros de su partido, porque tiene la "obligación moral y política" de denunciar la "vulneración" de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia o la intimidad. "No nos arrepentimos en absoluto", dijo en una entrevista en la recogida por Ep. "Cuando se vulneran derechos fundamentales reconocidos en la Constitución" y se atenta contra el derecho al secreto de las comunicaciones hay que denunciarlo. "No es que le ocurra a personas destacadas del PP es que no le puede ocurrir a nadie de este país", señaló.

Sitel, el programa que 'escuchó' al PP

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero utiliza desde 2004 un software fabricado por Ericsson capaz de pinchar todos los teléfonos de España al mismo tiempo. El programa permite a la Policía rastrear a una velocidad inédita hasta ahora todo tipo de llamadas. Los agentes tienen acceso a las conversaciones en tiempo real, pero también a datos tan sensibles como la identidad de los comunicantes, el lugar desde donde llaman, la operadora que utiliza e incluso el tipo de contrato que tienen.

El Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) consigue esta revolución gracias a estar incardinado en el mismo proveedor de redes de comunicaciones en el que se apoyan las operadoras telefónicas. “Sitel es la propia centralita”, asegura un experto conocedor de la aplicación que prefiere permanecer en el anonimato.

El Gobierno de José María Aznar pagó 36 millones de euros a Ericsson por el software. Un año y medio después, la compañía entregó el programa al Ministerio del Interior, que se convirtió en propietario. Sin embargo, el PP no lo puso en marcha por no encontrar una cobertura legal adecuada —que regulara la privacidad y la protección de datos en este nuevo marco tecnológico—. Los informes de los ministerios de Justicia y Defensa y del Consejo General del Poder Judicial en 2001 y 2002 ponían demasiadas pegas.

Cuando el Ejecutivo socialista llegó al poder, no dudó en trabajar con el innovador software, que proporcionaba descomunales ventajas respecto a lo anterior. Hoy operan tres Centros de Interceptación de la red Sitel en España, uno en manos de la Policía Nacional, otro en la Guardia Civil y un tercero en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), informan a LA GACETA fuentes del Ministerio del Interior.

¿Un asunto técnico?

Conocedor de los informes judiciales negativos, el PSOE decidió enfocar la cuestión como un asunto meramente técnico, por lo que encargó el desarrollo legal al Ministerio de Industria, ignorando los nuevos problemas sobre privacidad y conservación de datos personales. Utilizó el mismo texto abandonado por el Gobierno Aznar y lo incluyó disimulado en el capítulo segundo del título V del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, del 15 de abril de 2005 (RD 424/2005).

Para entonces, Sitel ya llevaba un año funcionando sin marco legal. Así lo denunció el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, en un informe que elevó ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en junio de 2006. Martínez advertía que Sitel había sido utilizado sin cobertura jurídica y que el Reglamento aprobado en 2005 no tenía rango normativo suficiente, ya que la Constitución exige que estos asuntos sean regulados por ley orgánica. Los mismos argumentos fueron utilizados por la Asociación de Internautas en el recurso que interpuso el 29 de junio de 2005 ante el Tribunal Supremo contra el citado Reglamento. El alto tribunal sentenció el 5 de octubre de 2008 que un reglamento no es suficiente para regular el secreto de las comunicaciones, aunque no aclaró si es necesario alcanzar el rango de ley orgánica. Sí deja la puerta abierta a todo el que se sienta perjudicado por una interceptación a que pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional

La existencia de Sitel cambia el chip sobre el funcionamiento de las escuchas que realiza la Policía. Antes, el juez ordenaba pinchar un teléfono y, acto seguido, los agentes se ponían a trabajar (ver gráfico). Aportaban al magistrado la conversación grabada y éste decidía qué parte tenía interés —y por lo tanto se incluía en el sumario—, y qué parte no lo tenía —y por lo tanto debía ser destruida—. Como entonces las conversaciones se grababan en cintas de casette, no había problemas a la hora de destruir el material.

Sin embargo, ahora, con Sitel, no resulta tan sencillo. Los agentes aportan un CD, que luego destruyen si así lo exige el juez, quien no tiene por qué saber que esa grabación permanece en el servidor.

El martes 1 de septiembre, el portavoz de PP, Esteban González Pons, explicó los tres tipos de delito que a su entender debería analizar el juez y que se derivarían del procedimiento explicado. Uno, cuando los policías pinchan un teléfono sin permiso judicial. Dos, cuando lo hacen con permiso judicial, pero no se destruye el material. Y tres, cuando, además de almacenar la conversación, se filtra a los medios. Tras aparecer en El País y la Ser conversaciones de dirigentes del PP, el partido interpuso una denuncia por “revelación de secretos” e “interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación”.